“Ya hubo fondos para la construcción de viviendas, que se acumularon pero no se construyó. Entonces, ante este problema, planteamos el aporte de ese 1% para la creación de un fideicomiso y, a su vez, la participación de representantes de los sindicatos policiales para resolver sobre el uso de los fondos y para que no vuelva a pasar que se recauda para la construcción de viviendas y luego no se construyen”, expresó Eduardo Bonomi en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes el pasado miércoles 13.
El titular del Ministerio del Interior indicó que “el otro aspecto a tener en cuenta es que el Ministerio puede colaborar -ya lo ha hecho- con el terreno para construir las viviendas, lo que abarata el proceso. Ese es el camino que nos hemos fijado, y hemos contado con el apoyo de los funcionarios que necesitan la vivienda y participan a través de los sindicatos”.
El director general del Ministerio del Interior, Charles Carrera, sostuvo que “para atacar este problema nos proponemos una política integral que tenga diferentes dimensiones”.
“El Estado uruguayo ya tiene un cúmulo de políticas de vivienda. En ese sentido, en este grupo de trabajo que creamos en el Ministerio del Interior, en el que participan los funcionarios, estamos proponiendo incorporarnos a las políticas que viene desarrollando el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Creo que debe haber más de dieciséis cooperativas de funcionarios policiales y civiles que están haciendo lo mismo que nosotros”.
Por tanto, “como decía el señor ministro, nosotros colaboramos con los terrenos y también aportando un grupo de técnicos de la Dirección Nacional de Asuntos Sociales que destraba algunos problemas burocráticos, por ejemplo comunicándose con OSE o con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Este es el desarrollo de una política”.
También “hay otra política que se aplica tiene que ver con Mevir, que construye en terrenos del Ministerio del Interior. Se trata de un complejo destinado a varios pobladores de una localidad y se deja un cupo de viviendas que nosotros ocupamos con funcionarios del Ministerio del Interior”.
Carrera indicó que “en esta etapa el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente está licitando para comprar viviendas usadas; es un cupo de cerca de setecientas viviendas. Nosotros lo estamos difundiendo en la órbita de nuestros funcionarios para que ellos también se beneficien con estas políticas que desarrolla el Estado uruguayo”.
Informó que “la Dirección Nacional de Asuntos Sociales otorga un préstamo, que creo se llama ‘Yo construyo’, con un interés muy bajo y que es para pequeñas refacciones que tengan que hacer los ciudadanos comunes, al que los funcionarios policiales también se están sumando”.
“Tenemos una problemática extra: lamentablemente, un número importante de nuestros funcionarios vive en asentamientos irregulares y zonas rojas. El año pasado hicimos un censo que arrojó la cifra de seiscientos funcionarios en esas condiciones. La propuesta que acordamos con el colectivo de trabajadores es que, en este quinquenio, primero vamos a atacar el problema de los funcionarios en situación de vulnerabilidad, que viven en zonas rojas. Nuestra intención es tratar de sacarlos de esa situación en la forma que ellos deseen, usando estos fondos, que son alrededor de US$ 4.100.000 al año. La distribución de este dinero ya está acordada, por lo menos para este quinquenio, con las actuales autoridades del Ministerio”, agregó el jerarca.
Según Carrera, “como dije, primero vamos a atacar los problemas de la zona metropolitana, que es donde hay situación de vulnerabilidad y, después, vamos a seguir desarrollando políticas”.
Por otra parte, “quiero señalar que también estamos siendo flexibles con algunas cooperativas del interior del país que tienen dificultad para acceder a los terrenos. Hay una cooperativa en Artigas a la que podríamos ayudar con este fondo, pero necesitamos el consentimiento de todas las partes, es decir de las autoridades del Ministerio del Interior, de la Dirección Nacional de Asuntos Sociales y de las autoridades de los distintos gremios que participan, y después, cuando salga el préstamo, la cooperativa lo puede reembolsar. Estamos abiertos a ayudar en situaciones como estas”
Reitero, “a primera definición política tomada es atacar el problema de las personas que viven en situación de vulnerabilidad y riesgo en la zona metropolitana”.
Fuente Imagen: sindicatopolicial.com.uy