global engagement“Uruguay tiene una estrategia país para exportar carne y promover el turismo. Debería tenerla también para aprovechar su ecosistema innovador, generando condiciones para atraer a las empresas del sector tecnológico. El camino a seguir es el contrario del que se propone”, afirmó Raúl Echeberría, vicepresidente de Global Engagement y referente a nivel mundial en temas de innovación y tecnología, en referencia al proyecto de ley de regulación de aplicaciones informáticas, a estudio del Parlamento.

Con una vasta experiencia en la materia, que incluye su participación como director ejecutivo del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe (LACNIC, por sus siglas en inglés) y varios años como presidente de la Junta Directiva de Internet Society, Echeberría entiende que la solución legislativa propuesta por el Poder Ejecutivo “no va en el sentido de aprovechar el ambiente favorable que ofrece el país para el desarrollo tecnológico”.

Explicó que a partir de diversas medidas adoptadas en los últimos años tanto por el gobierno como por el sector empresarial, Uruguay logró un importante desarrollo del área, alcanzando indicadores de uso de tecnología destacados a nivel regional. “El país tiene buena penetración en materia de Internet y de utilización de herramientas tecnológicas, una industria pujante, y una infraestructura atractiva para empresas que quieran instalarse, pero el proyecto de ley no acompaña este contexto. Los marcos regulatorios deben estar en consonancia con el fortalecimiento del sistema innovador, y este no es el caso”, apuntó.

Este punto de vista es compartido por las cámaras vinculadas a la temática en el país, cuya dirigencia ha mantenido reuniones con legisladores y representantes del Poder Ejecutivo en las últimas semanas para abordar el tema. Tanto la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti) como la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (Cedu) han planteado su preocupación y esperan ser recibidos formalmente por la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que analiza el proyecto.

Echeberría cuestionó que la norma haya sido elaborada con la intención de responder a la aparición de Uber en el mercado, ya que la regulación tendrá un alcance más amplio. “El hecho de que el sujeto de la regulación esté descrito en forma genérica puede derivar en consecuencias inesperadas. Responsabilizar a las plataformas electrónicas por los servicios que se negocian a través de ellas implica, por ejemplo, obligarlas a asumir la responsabilidad si se adquiere un alimento en mal estado a través del servicio. Por otra parte, las sanciones parecen desproporcionadas y no tienen en cuenta a todos los actores involucrados”, señaló.

Si bien entiende la necesidad del Estado de establecer igualdad de condiciones en materia tributaria, afirmó que la solución debe pasar por generar “nuevos mecanismos de control estatal. Habrá que acostumbrarse a la aparición de nuevas cadenas de valor y generar mecanismos adecuados para fiscalizar, pero sin poner trabas a la industria. Hay que cambiar la cabeza para adaptarla a los tiempos que se vienen. Las regulaciones deben acompañar la evolución de la economía colaborativa, y no responder a intereses puntuales”.

Para Raúl Echeberría, la clave pasa por considerar “el interés público. Si las personas necesitan transporte, la variable a considerar es que puedan obtener ese servicio y eso es lo único que la regulación debe asegurar. El mundo se encamina a una oferta que con el tiempo afectará otras áreas incluso más sensibles, como la educación, y habrá que adaptarse”.

Fuente Imagen: civicedproject.wordpress.com