“Hemos recibido con asombro, la opinión de algunos ciudadanos, que en uso de sus derechos constitucionales y universales, consideran que nosotros no debiéramos hacer uso de esos mismos derechos, al igual que ellos. No salimos de nuestra sorpresa que pretendan desestimar conquistas tan caras a la humanidad. En el artículo 19 de la Declaración Universal de los DDHH leemos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones”, por otro lado el artículo 13 de la Convención Americana DDHH también lo recoge, al igual que nuestra constitución en sus artículos 5 y 29.
Según las opiniones vertidas, pareciera que nuestras convicciones, creencias y opiniones no son válidas en el ámbito del quehacer democrático. Nos convierten en una amenaza para la laicidad. Nuestra constitución, en el artículo 8 establece: “Toda las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”, y el artículo 90, respecto a los requisitos para ser Representante de la nación declara: “necesita ciudadanía natural en ejercicio, o legal con cinco años de ejercicio y, en ambos casos, veinte cinco años cumplidos de edad”. Pretender que un legislador se abstenga de sus convicciones personales –sea de la índole que fuere– aún más lejos, exigirle retractarse de su expresión pública de tal convicción, es discriminatorio y constituye un atentado a los valores fundamentales de la laicidad y de los más sagrados principios de la democracia.
Creemos y defendemos que esos ciudadanos tengan derecho a disentir respecto de nuestros valores, de nuestras filosofías o nuestras creencias, pero ese derecho no ampara el atropello contra nuestro ejercicio democrático. Nos preguntamos: ¿A qué época queremos volver? ¿A aquella en que con objeto de imponer la república, la democracia, la libertad, la igualdad, la fraternidad, se guillotinaba en la plaza pública a quienes opinaban diferente?
Ocupamos un lugar en el sistema político, legítimamente alcanzado por el voto soberano, sin ardides antidemocráticos. Defendemos valores ampliamente conocidos por la sociedad, no estamos complotados ni escondidos detrás del secretismo. Lo que proponemos y defendemos está a la luz. No queremos imponer a nadie nuestras convicciones, ni por presión, ni por fuerza o violencia, sólo queremos coexistir en paz dentro de la sociedad. No aceptaremos ser discriminados como ciudadanos en nuestro país que dice ser libre, democrático y republicano. Es por nuestro compromiso con los valores democráticos que hemos asumido pagar el precio que sea necesario, aun con la vida misma, para defender nuestro derecho de opinar diferente de los que nos han agraviado, y del mismo modo, nuestros derechos a creer, opinar y participar”.
Álvaro Dastugue.
Representante Nacional.