maría auxiliadora delgado de vázquezPor Marcelo Márquez info@sociedaduruguaya.org

 

En un mes, la denominada Asociación Uruguaya de Libre-Pensadores AULP (conformada por varios integrantes de la Masonería), ha lanzado una ofensiva, una especie de “cruzada” contra todo aquello que, de una u otra manera, acerque al Estado con la religión, violentando, a su entender, la “laicidad” que debe prevalecer.

El debate no es nuevo, y las reacciones tampoco.

Por ejemplo, desde el punto de vista católico, la laicidad podría definirse como el “mutuo respeto entre Iglesia y Estado fundamentado en la autonomía de cada parte”.

En cambio, se trataría de Laicismo cuando lo que se pretende es la “hostilidad o indeferencia contra la religión”.

Sin embargo, Uruguay ha entrado en un lento pero cada vez más pronunciado proceso de vínculos y relacionamiento entre el Estado y las instituciones religiosas, o de actores públicos que cada vez expresan libremente sus convicciones de fe, y no lo dejan supeditado exclusivamente a lo que sucede en privado, dentro de una Iglesia, una mezquita, o un retiro espiritual, sea cual sea su creencia. Hay quienes lo denominan “un laicismo positivo”, no prohibitivo de la posibilidad de la interacción.

Quizás la cara más visible es el tema educativo, en donde las exoneraciones tributarias han alcanzado a centros administrados por la Iglesia Católica, como los Liceos Jubilar e Impulso.

Como si se acelerara el proceso o los tiempos, la Asociación Uruguaya de Libre-Pensadores emitió tres pronunciamientos en un mes.

En el Vº Congreso de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento en Montevideo, el 20 de setiembre, en su declaración en el punto 3º se expresó: “El pesar de los librepensadores y humanistas reunidos en el Vº congreso Internacional, por la constatación de la participación por acción u omisión de distintos actores de la vida nacional del Uruguay, favoreciendo esos retrocesos o cuándo no pocas veces sumándose lisa y llanamente a la ofensiva por redefinir la Laicidad, por combatir al Laicismo, por introducir la enseñanza religiosa en los centros de enseñanza, bajo supuestos fines informativos, o la subvención con fondos del Estado Laico o con franquicias impositivas, de la Educación privada especialmente la confesional”.

Atropello

Bajo el título NUEVO ATROPELLO AL ESTADO LAICO”, se expidieron días atrás, aludiendo a que “el pasado 23 de setiembre del corriente año, fecha en que se cumplió un nuevo aniversario de la muerte del prócer General José Artigas, se realizó la reinauguración de una capilla en las instalaciones del Hospital Central de las Fuerzas Armadas en la capital de la República, con la presencia del cardenal y arzobispo de Montevideo Daniel Sturla y la señora María Auxiliadora Delgado –esposa del señor Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez –, según fue publicitado en www.dnsffaa.gub.uy y en el Semanario Búsqueda de fecha 22 de octubre, así como la creación en el seno de esa dependencia estatal de un denominado ‘’departamento de asuntos religiosos’’.

Ante ello, la Asociación Uruguaya de Libre-Pensadores expresa a la Opinión Pública que:

  1. La Libertad de cultos está garantizada constitucionalmente en nuestro país, por lo que cada ciudadano es libre de creer o no creer según sus gustos y preferencias, teniendo la posibilidad de su práctica en el ámbito íntimo o de los templos de las distintas corrientes religiosas presentes en el país, pero el Estado “no sostiene religión alguna” (Art. 5º de la Constitución de la República), por lo que la instalación de una capilla religiosa y un departamento de asuntos religiosos en una dependencia estatal, es contrario a la Carta Magna.
  2. Se impone que el mando superior de las Fuerzas Armadas, integrado por el Sr. Presidente de la República y el Sr. Ministro de Defensa Nacional, intervenga para restablecer el orden republicano y laico subvertido de hecho por prácticas apartadas de la norma constitucional, y ajena a los valores republicanos de tolerancia y convivencia armoniosa.
  3. El art. 58º de la Constitución establece para los funcionarios públicos que ‘’en los lugares y horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier tipo’’. Preguntamos: ¿Qué tiene que ver con la función pública de los integrantes de las fuerzas armadas, una capilla religiosa y una oficina de asuntos religiosos? ¿Los precarios recursos del presupuesto nacional se destinan a financiar actividades religiosas? ¿Con que fin particulares ponen dinero para financiar esas actividades?
  4. Reiteramos como ya lo hizo el V Congreso Internacional del Libre Pensamiento reunido en el pasado mes de Setiembre en Montevideo, nuestro pesar por la constatación de la participación por acción u omisión de distintos actores de la vida nacional del Uruguay, favoreciendo esos retrocesos.
  5. Solicitamos con el mayor de los respetos a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tomar las acciones necesarias para que se rectifique lo actuado y se suprima la mencionada capilla y el “departamento de asuntos religiosos” del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, por ser violatorio de la Libertad de Conciencia que garantiza la Laicidad y por su carácter proselitista ajeno al tradicional carácter abstencionista de nuestro Estado en esa materia.

23 de octubre de 2015

Asociación Uruguaya de Libre-Pensadores.

Desafuero

El 28 de setiembre, esta vez arropado junto a otras organizaciones, exigieron la rectificación o el desafuero de diputados evangélicos.

El pronunciamiento, en dicho caso, fue el siguiente:

CARTA ABIERTA AL PODER LEGISLATIVO

Frente a las expresiones de un grupo de Diputados y Ediles evangelistas:

LO RELIGIOSO NO DEBE ESTAR POR ENCIMA DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES

EXIGIMOS RECTIFICACION O DESAFUERO

Las organizaciones abajo firmantes, que trabajan en defensa de la laicidad, imbuidas de los ideales republicanos que nos vienen desde nuestra historia, desean manifestar su honda preocupación ante las reiteradas expresiones públicas de varios integrantes del Poder Legislativo y del ámbito municipal de nuestro país, referidas a su subordinación a la ley religiosa en detrimento de nuestro sistema legal, de las cuales ellos – por su calidad – deben ser justamente garantes.

Estos, pertenecientes a diversas corrientes políticas, expresando su adhesión, militancia y lealtad a diferentes colectividades religiosas, ponen énfasis en la primacía y obediencia de los dictados particulares derivados de sus preferencias dogmáticas, por encima de los que se derivan de la Constitución de la República, la máxima norma jurídica cuyo mandato deben cumplir debido a los cargos de representantes de la ciudadanía que se encuentran ocupando.

Sin embargo, según informa (sin desmentidos) el Diario El País del 13 de setiembre de 2015, un grupo conformado por 16 representantes públicos (13 legisladores nacionales y departamentales, y 3 autoridades ejecutivas) “firmaron un compromiso” donde “se comprometieron a respetar la Constitución y las leyes ‘siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios’. Aseguraron que acatarán ‘los dictados’ de sus consciencias ‘informados por la Palabra de Dios, por encima de toda lealtad personal o partidaria’, y dijeron que la ‘base’ y el ‘fundamento’ para su actividad será el Evangelio”

Las autoridades referidas, como cualquier otro ciudadano uruguayo, tienen el derecho a creer o no creer, u optar por adherir a las corrientes religiosas y filosóficas que mejor entiendan, pero esa preferencia corresponde al ámbito privado, a su fuero íntimo y no a su rol gubernativo.

Quienes así actúan, relegan su rol de Representantes de la ciudadanía, para pasar a ser representantes de su colectividad confesional. Dan la espalda a los ciudadanos y a la democracia, haciendo imperar sus intereses particulares y de círculo por encima del bien común. Y, más grave aún, violentan la Ley al declarar que sus creencias metafísicas están por encima de ésta. La Constitución de la República es nuestra máxima Ley, a la que estamos sometidos todos los uruguayos, pues emana de la legítima y única soberanía que es la del pueblo. Nada, ni la política, ni las ideologías ni las religiones, puede estar por encima. Una visión de este tipo, como la que han manifestado estas autoridades, constituye claramente una gravísima y notoria afrenta a los más caros valores republicanos y laicos. Y es un precedente extremadamente peligroso que lleva, en última instancia, a la fragmentación del espacio público.

Por esta situación, señalamos nuestra contrariedad respecto al hecho de que así como el Presidente de la República, el Vicepresidente y los Senadores prometen, al momento de asumir sus cargos, el respeto a la Constitución de la República, ello no sea así en el ámbito de los Representantes y los Ediles. El Proyecto de Ley que se encuentra en la Cámara de Diputados, sería entonces de una necesidad moral, política e institucional insoslayable.

Destacamos asimismo la dignidad y gran importancia en estos momentos, de la Declaración del 14 de setiembre de 2015, de la Iglesia Valdense, de larga trayectoria en nuestro país, deslindándose de estas posiciones al expresar que consideran que “… que la laicidad es un logro y un derecho que la sociedad uruguaya debe seguir defendiendo contra todo tipo de injerencia religiosa en los ámbitos y locales del Estado”.

Por lo anteriormente expuesto es que solicitamos al Poder Legislativo – uno de los pilares y garantías de nuestro sistema democrático-republicano de Gobierno – que se analice la mencionada situación y se proceda a exigir a aquellos de sus miembros que ponen la ley de su dios por encima de la Ley de la República, la inmediata retractación pública de sus posturas flagrantemente violatorias de la Laicidad del Estado, configurando ello una apología a la inconstitucionalidad; y en los casos en que se mantenga la tesitura referida, iniciar los procedimientos de desafuero correspondiente.

Sólo así, nuestras Instituciones estarían garantizando la supremacía de la Ley por sobre cualquier otra consideración, y se estaría evitando un precedente que podría llevar en el devenir a lamentables y no deseadas consecuencias.

Montevideo, 28 de Setiembre de 2015

FIRMAN:

* Apostasía Colectiva Uruguay

* Asociación Civil Trazos

* Asociación Civil 20 de Setiembre

* AILP (Asociación Internacional del Libre Pensamiento)

* AULP (Asociación Uruguaya de Libre Pensadores)

* AUDEPRA (Asociación Uruguaya en Defensa del Pensamiento Racional

* Círculo Escéptico Uruguay

* MySU (Mujer y Salud en Uruguay)

*SAEL (Sociedad de Amigos de la Educación Laica)”.

Fuente Imagen: https://www.facebook.com/librepensamiento.uruguay