Exposición en la Comisión Permanente del senador

Exposición en la Comisión Permanente del senador Ope Pasquet (Vamos Uruguay), en defensa de la independencia de los jueces (23/12/2014)

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: oportunamente promovimos el tratamiento de este tema en el seno de la Comisión Permanente porque se trata de un hecho cuya gravedad no puede pasar inadvertida.

Según una información periodística, que no solo no ha sido desmentida, sino que fue confirmada, el Secretario de la Presidencia de la República convocó a su despacho a un Juez Letrado de Ejecución Penal, el doctor Gesto. Frente a los reparos que este alegó porque se encontraba trabajando en su despacho, el Secretario de la Presidencia insistió y le dijo que, si era preciso, le enviaba un auto de Presidencia para que se trasladara a la Torre Ejecutiva. El doctor Gesto finalmente accedió a concurrir –lo hizo en su propio automóvil–, y cuando tuvo lugar la entrevista, el Secretario de la Presidencia le dijo que le trasladaba la opinión del Señor Presidente de la República, don José Mujica, en el sentido de que consideraba conveniente que algunos de los reclusos que se encuentran detenidos en la cárcel de Domingo Arena cumplieran su pena, en el futuro, en régimen de reclusión domiciliaria. Ello por razones médicas, ya que hay un informe de la Cruz Roja –que el Secretario de la Presidencia exhibió al Juez, pero no le entregó–, que se pronuncia en el sentido de que es de esa manera que se debe proceder. El Juez Letrado, doctor Gesto, se retiró de la entrevista e inmediatamente comunicó lo sucedido al señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Larrieux, quien en el acto lo convocó para el día siguiente a concurrir al Acuerdo de la Suprema Corte de Justicia. Se celebró el Acuerdo, el doctor Gesto informó sobre lo ocurrido y la Suprema Corte de Justicia decidió –según informa el semanario Búsqueda– enviar una nota al Secretario de la Presidencia, con copia al Presidente de la República, expresando que consideraba absolutamente inconveniente que se hubiera procedido de la forma en que se hizo y que el relacionamiento directo de las autoridades políticas con los Jueces sobre asuntos de la competencia de estos es inadecuado, inconveniente y roza su independencia e imparcialidad.

Esto es lo informado por el semanario Búsqueda, y ha sido ampliamente confirmado. Sobre los hechos no hay dudas, aunque convendría subrayar algunas de sus notas características.

Subrayo el hecho de que no es el Secretario de la Presidencia el que concurre al despacho del Juez Letrado para trasladarle una opinión del Presidente o de quien fuera, sino que el Secretario de la Presidencia cita al Juez. No lo cita para alguna fecha a convenir, no le dice: «Mire, cuando le quede bien pase por acá y conversamos de esto o de aquello». No; le dice: «¡Venga ahora!». El Juez opone reparos porque estaba trabajando, pero el Secretario de la Presidencia insiste; inclusive, le ofrece un móvil –que no es aceptado–, pero lo hace ir en el momento. Allí invoca un informe de la Cruz Roja Internacional y se lo muestra, pero no se lo entrega. Le dice claramente que el Presidente de la República es de la opinión de que determinados reclusos que están sometidos a la jurisdicción de este Juez Letrado de Ejecución Penal tendrían que estar en sus casas, cumpliendo la pena en su domicilio y no en la cárcel de Domingo Arena, donde están.

Señor Presidente: este es un caso de manual de lo que es la presión política sobre los Jueces. Si alguien se quiere ilustrar acerca de a qué se hace referencia cuando se habla de la presión política sobre los Jueces, este caso podría estar en cualquier tratado de Derecho Constitucional, porque tiene todas las características. Es la exhibición de poder desnuda: hacen ir al Juez a la Torre Ejecutiva. No ponen en sus manos elementos de convicción diciéndole: «Mire, tenemos este informe. Llévelo, estúdielo, y proceda conforme a Derecho». ¡No!; le muestran el informe y le dicen: «Acá dice cosas que nosotros sabemos y que usted debería tener en cuenta». Seguidamente invocan la opinión del Primer Mandatario, diciéndole: «El Presidente de la República piensa que debe hacerse tal cosa». ¡Eso es presión sobre el Juez! ¡Le ponen por delante la autoridad del Presidente de la República, en el escenario simbólico apropiado: la Torre Ejecutiva! Con todo el despliegue, y haciéndole sentir la autoridad, le dicen: «El Presidente piensa tal cosa y esperan que usted proceda como corresponde». ¡Esto es presión política sobre los Jueces!

Había maneras de hacer las cosas bien, conforme a Derecho. Hay quienes están legitimados para pedir al Juez que la pena se cumpla en el domicilio del penado: el propio penado lo puede hacer directamente, o mediante su defensa; los familiares del penado lo pueden hacer. Hay vías procesales para hacerlo correctamente, sin llamar la atención. Se puede presentar un escrito en el Juzgado pidiendo que tal recluso, por razones médicas, pase a cumplir la pena en su domicilio. Naturalmente, hay que adjuntar la prueba en la que uno se funda; si se tiene un informe de la Cruz Roja, se lo puede presentar –¡vaya prueba importante, si las hay!–, y el Juez le tiene que dar trámite al pedido, recabar la opinión de los peritos, del Instituto Técnico Forense, de los médicos, etcétera, y dar vista al Fiscal competente. Finalmente, se pronuncia y decide lo que tenga que decidir según su leal saber y entender. Eso es lo normal; eso es lo correcto; eso es lo que debe pasar en un Estado de Derecho.

Y si mientras se desarrolla ese trámite, o antes del trámite, o después del trámite, el Presidente de la República o cualquier ciudadano de esta República –o cualquier habitante, aunque no sea ciudadano– quiere decir públicamente que a su juicio las personas tendrían que estar en su casa, o no tendrían que estar en su casa, o tendrían que estar donde fuere, cualquiera lo puede hacer en el marco de la libertad de expresión que a todos nos ampara. Ahora, lo que no se puede hacer es, precisamente, lo que se hizo: que la autoridad pública llame al Juez y le trasmita, entre cuatro paredes, una opinión con el propósito evidente de incidir en sus decisiones.

Nos pareció muy oportuna, adecuada  y correcta la respuesta de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte, integrada por cuatro Ministros –como todos sabemos, actualmente hay una vacante– tomó una decisión, y se dirigió al Secretario de la Presidencia y al Presidente expresándoles que considera que esta manera de proceder puede afectar y rozar la imparcialidad y la independencia de los Magistrados. La Suprema Corte actuó muy bien. Esta Suprema Corte de Justicia ha cumplido un papel muy destacado, que debe ser elogiado desde aquí, en defensa de la institucionalidad republicana.

Pero nosotros también tendríamos que manifestarnos, señor Presidente. Esta Comisión Permanente tiene que hacerlo porque, mientras las Cámaras están en receso, somos nosotros los custodios de la Constitución de la República y de sus instituciones, y episodios como estos no pueden pasarse por alto porque lesionan uno de los pilares del Estado de Derecho, que es la independencia de los Jueces. Esto siembra la sospecha en la ciudadanía acerca de lo que puede ocurrir en otros casos, porque esta vez el Juez dio cuenta de lo que le había pasado y la Suprema Corte protestó. ¿Acaso existen otros casos en los que hay llamados o presiones y de los que no se informa o no se dice nada? Esta clase de situaciones genera sospecha y la sospecha corroe la confianza popular, que es a la vez la base de las instituciones. ¡No podemos pasarlo por alto! ¡No podemos hacer de cuenta que no ha ocurrido nada!

Entiendo que la Comisión Permanente tiene que manifestarse en términos claros y categóricos. En ese sentido, proponemos una declaración –sujeta a las opiniones de los otros partidos– que en sus líneas fundamentales exprese conceptos que queremos destacar. Primero, que la separación de Poderes y la independencia del Poder Judicial son pilares fundamentales del Estado de Derecho. Segundo: que toda conducta de quienes ejercen el poder político, que de cualquier manera menoscabe o pretenda menoscabar la independencia de los Jueces, es contraria a la Constitución de la República y merece el repudio unánime de la ciudadanía.

Reitero: vamos a proponer esta declaración –con las modificaciones que se entienda pertinente sugerir– para ser considerada por los partidos, pero nos parece que esto debe decirse. La Comisión Permanente no puede callarse la boca cuando pasan estas cosas, porque si admitimos este tipo de episodios sin ninguna protesta política, sin que desde el Parlamento pase nada, permitiendo que mañana cualquiera que bucee en la historia del país encuentre que existieron estas llamadas y estas convocatorias, y busque en los diarios de sesiones si en el Parlamento alguien dijo algo y nadie lo hizo, eso lastimaría la historia republicana de apego a las instituciones, y frente a eso tenemos que protestar.

Pienso, además, señor Presidente, que este tipo de conductas tendría que ser delito. Voy a buscar la forma de proponer esto en la próxima Legislatura, para que este tipo de conducta de presión sobre los Jueces constituya delito. Si el tráfico de influencias para obtener provecho económico lo es, la acción de los titulares del Poder político sobre los Jueces para obtener una determinada decisión tiene que ser delito también. Pero hoy no es delito, así que no tiene sentido encararlo desde ese punto de vista. Hoy lo que podemos hacer es protestar, alzar nuestra voz y decir que este tipo de conducta le hace mal al Estado de Derecho y merece la condena de todos los ciudadanos.

Muchas gracias.

Nota: tras expresar en Sala los conceptos arriba expuestos, propuse una declaración en defensa de la independencia de los jueces y en repudio a las presiones políticas sobre ellos. La declaración no fue aprobada, pues votaron a favor colorados y blancos pero no los legisladores frenteamplistas, que son mayoría. Sin embargo, ninguno de ellos contestó ni una sola palabra a cuanto dije yo. Votaron en contra, pero en silencio”.

Fuente Imagen: www.colonianoticias.com.uy (Vamos Uruguay), en defensa de la independencia de los jueces (23/12/2014)

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: oportunamente promovimos el tratamiento de este tema en el seno de la Comisión Permanente porque se trata de un hecho cuya gravedad no puede pasar inadvertida.

Según una información periodística, que no solo no ha sido desmentida, sino que fue confirmada, el Secretario de la Presidencia de la República convocó a su despacho a un Juez Letrado de Ejecución Penal, el doctor Gesto. Frente a los reparos que este alegó porque se encontraba trabajando en su despacho, el Secretario de la Presidencia insistió y le dijo que, si era preciso, le enviaba un auto de Presidencia para que se trasladara a la Torre Ejecutiva. El doctor Gesto finalmente accedió a concurrir –lo hizo en su propio automóvil–, y cuando tuvo lugar la entrevista, el Secretario de la Presidencia le dijo que le trasladaba la opinión del Señor Presidente de la República, don José Mujica, en el sentido de que consideraba conveniente que algunos de los reclusos que se encuentran detenidos en la cárcel de Domingo Arena cumplieran su pena, en el futuro, en régimen de reclusión domiciliaria. Ello por razones médicas, ya que hay un informe de la Cruz Roja –que el Secretario de la Presidencia exhibió al Juez, pero no le entregó–, que se pronuncia en el sentido de que es de esa manera que se debe proceder. El Juez Letrado, doctor Gesto, se retiró de la entrevista e inmediatamente comunicó lo sucedido al señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Larrieux, quien en el acto lo convocó para el día siguiente a concurrir al Acuerdo de la Suprema Corte de Justicia. Se celebró el Acuerdo, el doctor Gesto informó sobre lo ocurrido y la Suprema Corte de Justicia decidió –según informa el semanario Búsqueda– enviar una nota al Secretario de la Presidencia, con copia al Presidente de la República, expresando que consideraba absolutamente inconveniente que se hubiera procedido de la forma en que se hizo y que el relacionamiento directo de las autoridades políticas con los Jueces sobre asuntos de la competencia de estos es inadecuado, inconveniente y roza su independencia e imparcialidad.

Esto es lo informado por el semanario Búsqueda, y ha sido ampliamente confirmado. Sobre los hechos no hay dudas, aunque convendría subrayar algunas de sus notas características.

Subrayo el hecho de que no es el Secretario de la Presidencia el que concurre al despacho del Juez Letrado para trasladarle una opinión del Presidente o de quien fuera, sino que el Secretario de la Presidencia cita al Juez. No lo cita para alguna fecha a convenir, no le dice: «Mire, cuando le quede bien pase por acá y conversamos de esto o de aquello». No; le dice: «¡Venga ahora!». El Juez opone reparos porque estaba trabajando, pero el Secretario de la Presidencia insiste; inclusive, le ofrece un móvil –que no es aceptado–, pero lo hace ir en el momento. Allí invoca un informe de la Cruz Roja Internacional y se lo muestra, pero no se lo entrega. Le dice claramente que el Presidente de la República es de la opinión de que determinados reclusos que están sometidos a la jurisdicción de este Juez Letrado de Ejecución Penal tendrían que estar en sus casas, cumpliendo la pena en su domicilio y no en la cárcel de Domingo Arena, donde están.

Señor Presidente: este es un caso de manual de lo que es la presión política sobre los Jueces. Si alguien se quiere ilustrar acerca de a qué se hace referencia cuando se habla de la presión política sobre los Jueces, este caso podría estar en cualquier tratado de Derecho Constitucional, porque tiene todas las características. Es la exhibición de poder desnuda: hacen ir al Juez a la Torre Ejecutiva. No ponen en sus manos elementos de convicción diciéndole: «Mire, tenemos este informe. Llévelo, estúdielo, y proceda conforme a Derecho». ¡No!; le muestran el informe y le dicen: «Acá dice cosas que nosotros sabemos y que usted debería tener en cuenta». Seguidamente invocan la opinión del Primer Mandatario, diciéndole: «El Presidente de la República piensa que debe hacerse tal cosa». ¡Eso es presión sobre el Juez! ¡Le ponen por delante la autoridad del Presidente de la República, en el escenario simbólico apropiado: la Torre Ejecutiva! Con todo el despliegue, y haciéndole sentir la autoridad, le dicen: «El Presidente piensa tal cosa y esperan que usted proceda como corresponde». ¡Esto es presión política sobre los Jueces!

Había maneras de hacer las cosas bien, conforme a Derecho. Hay quienes están legitimados para pedir al Juez que la pena se cumpla en el domicilio del penado: el propio penado lo puede hacer directamente, o mediante su defensa; los familiares del penado lo pueden hacer. Hay vías procesales para hacerlo correctamente, sin llamar la atención. Se puede presentar un escrito en el Juzgado pidiendo que tal recluso, por razones médicas, pase a cumplir la pena en su domicilio. Naturalmente, hay que adjuntar la prueba en la que uno se funda; si se tiene un informe de la Cruz Roja, se lo puede presentar –¡vaya prueba importante, si las hay!–, y el Juez le tiene que dar trámite al pedido, recabar la opinión de los peritos, del Instituto Técnico Forense, de los médicos, etcétera, y dar vista al Fiscal competente. Finalmente, se pronuncia y decide lo que tenga que decidir según su leal saber y entender. Eso es lo normal; eso es lo correcto; eso es lo que debe pasar en un Estado de Derecho.

Y si mientras se desarrolla ese trámite, o antes del trámite, o después del trámite, el Presidente de la República o cualquier ciudadano de esta República –o cualquier habitante, aunque no sea ciudadano– quiere decir públicamente que a su juicio las personas tendrían que estar en su casa, o no tendrían que estar en su casa, o tendrían que estar donde fuere, cualquiera lo puede hacer en el marco de la libertad de expresión que a todos nos ampara. Ahora, lo que no se puede hacer es, precisamente, lo que se hizo: que la autoridad pública llame al Juez y le trasmita, entre cuatro paredes, una opinión con el propósito evidente de incidir en sus decisiones.

Nos pareció muy oportuna, adecuada  y correcta la respuesta de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte, integrada por cuatro Ministros –como todos sabemos, actualmente hay una vacante– tomó una decisión, y se dirigió al Secretario de la Presidencia y al Presidente expresándoles que considera que esta manera de proceder puede afectar y rozar la imparcialidad y la independencia de los Magistrados. La Suprema Corte actuó muy bien. Esta Suprema Corte de Justicia ha cumplido un papel muy destacado, que debe ser elogiado desde aquí, en defensa de la institucionalidad republicana.

Pero nosotros también tendríamos que manifestarnos, señor Presidente. Esta Comisión Permanente tiene que hacerlo porque, mientras las Cámaras están en receso, somos nosotros los custodios de la Constitución de la República y de sus instituciones, y episodios como estos no pueden pasarse por alto porque lesionan uno de los pilares del Estado de Derecho, que es la independencia de los Jueces. Esto siembra la sospecha en la ciudadanía acerca de lo que puede ocurrir en otros casos, porque esta vez el Juez dio cuenta de lo que le había pasado y la Suprema Corte protestó. ¿Acaso existen otros casos en los que hay llamados o presiones y de los que no se informa o no se dice nada? Esta clase de situaciones genera sospecha y la sospecha corroe la confianza popular, que es a la vez la base de las instituciones. ¡No podemos pasarlo por alto! ¡No podemos hacer de cuenta que no ha ocurrido nada!

Entiendo que la Comisión Permanente tiene que manifestarse en términos claros y categóricos. En ese sentido, proponemos una declaración –sujeta a las opiniones de los otros partidos– que en sus líneas fundamentales exprese conceptos que queremos destacar. Primero, que la separación de Poderes y la independencia del Poder Judicial son pilares fundamentales del Estado de Derecho. Segundo: que toda conducta de quienes ejercen el poder político, que de cualquier manera menoscabe o pretenda menoscabar la independencia de los Jueces, es contraria a la Constitución de la República y merece el repudio unánime de la ciudadanía.

Reitero: vamos a proponer esta declaración –con las modificaciones que se entienda pertinente sugerir– para ser considerada por los partidos, pero nos parece que esto debe decirse. La Comisión Permanente no puede callarse la boca cuando pasan estas cosas, porque si admitimos este tipo de episodios sin ninguna protesta política, sin que desde el Parlamento pase nada, permitiendo que mañana cualquiera que bucee en la historia del país encuentre que existieron estas llamadas y estas convocatorias, y busque en los diarios de sesiones si en el Parlamento alguien dijo algo y nadie lo hizo, eso lastimaría la historia republicana de apego a las instituciones, y frente a eso tenemos que protestar.

Pienso, además, señor Presidente, que este tipo de conductas tendría que ser delito. Voy a buscar la forma de proponer esto en la próxima Legislatura, para que este tipo de conducta de presión sobre los Jueces constituya delito. Si el tráfico de influencias para obtener provecho económico lo es, la acción de los titulares del Poder político sobre los Jueces para obtener una determinada decisión tiene que ser delito también. Pero hoy no es delito, así que no tiene sentido encararlo desde ese punto de vista. Hoy lo que podemos hacer es protestar, alzar nuestra voz y decir que este tipo de conducta le hace mal al Estado de Derecho y merece la condena de todos los ciudadanos.

Muchas gracias.

Nota: tras expresar en Sala los conceptos arriba expuestos, propuse una declaración en defensa de la independencia de los jueces y en repudio a las presiones políticas sobre ellos. La declaración no fue aprobada, pues votaron a favor colorados y blancos pero no los legisladores frenteamplistas, que son mayoría. Sin embargo, ninguno de ellos contestó ni una sola palabra a cuanto dije yo. Votaron en contra, pero en silencio”.

Fuente Imagen: www.colonianoticias.com.uy