Carta pública al Ministro de Defensa Nacional de Proyecto Miramar (red frenteamplista).
Sr. Ministro de Defensa Nacional.
Eleuterio Fernández Huidobro.
Presente.
En su carta pública referida al Tribunal de Honor a Gilberto Vázquez, Ud explica los hechos y no hay nada cuestionable al respecto. Al menos, así como informa sobre el tema.
Hace, además, algunas preguntas finales que no pueden ser respondidas de dos maneras distintas por una persona demócrata y respetuosa de las leyes.
Aprovechando este diálogo con internautas, tan valioso, y esperando que sea moneda corriente no solo del Ministro de Defensa sino de gobernantes y dirigentes políticos, aprovechamos a preguntarle, dada nuestra ignorancia en la materia:
¿Por qué no hay tribunales de honor para los militares presos por violación de DDDHH y responsables del terrorismo de Estado?
¿Cómo pueden seguir integrando las FFAA los procesados por la Justicia ordinaria cuando tienen estos delitos probados?
¿Por qué puede ser dado de baja cualquier soldado o policía delincuente común y no estos criminales?
¿Por qué no se hicieron honores militares al Brigadier General de la Fuerza Aérea Humberto Sena, patriota que estuvo toda la dictadura preso con Seregni y otros camaradas, cuando el reglamento así lo manda? Su muerte ocurrió el 16 de agosto pasado. ¿Qué medidas tomó, en consecuencia, el Sr. Ministro de Defensa, dado el incumplimiento de las normas vigentes? ¿Expresó el Sr. Ministro o la Fuerza Aérea su solidaridad con la familia?
¿Qué nuevas iniciativas tiene planteado el Ministro para avanzar en el esclarecimiento de las desapariciones forzadas por la dictadura?
Sin duda, las respuestas serán un aporte para que la ciudadanía pueda entender más y mejor estas cuestiones; para honrar la ley, la verdad y la memoria, el Sr. Ministro está en inmejorables condiciones de brindar información que oriente a quienes sentimos estos temas como un aspecto trascendente del quehacer nacional.
Proyecto Miramar.
Frente Amplio.
Montevideo, 10 de diciembre de 2014.
ADES.
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA.
Montevideo, 9 de Diciembre de 2014.
El hecho
En el documento se homologa un fallo de un Tribunal de Honor del Ejército que considera que al ex coronel Gilberto Vázquez se le “ha observado buena conducta durante los últimos cinco años” y esto le permitiría volver a percibir el cien por ciento de su jubilación como oficial de las fuerzas armadas.
La resolución se hizo efectiva al ser firmada el 18 de diciembre de 2012 por el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro y el presidente José Mujica. Vázquez percibía un tercio de su sueldo desde que se fugó del Hospital Militar en julio 2006, cuando se encontraba detenido.
Vázquez fue procesado por el homicidio en 1976 de una veintena de uruguayos que fueron secuestrados en “automotoras Orletti”, en Buenos Aires, y luego trasladados ilegalmente a Montevideo para ser ejecutados en una unidad militar. También es sospechoso de haber dado muerte de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, María Claudia García de Gelman, otra víctima de Orletti que fue trasladada a Montevideo.
Luego de que se hizo pública la noticia, Fernández Huidobro publicó una carta donde relata los hechos y afirma que no entiende “qué reclaman ciertos periodistas e internautas”. “¿El incumplimiento de la Ley? ¿La incautación de los haberes jubilatorios de los presos? ¿Qué les peguemos? ¿Qué los torturemos? ¿Qué persigamos a sus familias? ¿Hasta qué generación? ¿Hasta qué lazo de consanguinidad? Por más que griten, no somos ni seremos verdugos ni fascistas”, escribió.
Fundamentación
En el entendido de que a los Sindicatos nos compete la vigilancia, organización, movilización y por lo tanto la lucha por los Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la Justicia.
Teniendo en cuenta la necesidad de seguir siendo fieles a una concepción de la herramienta sindical como organización educadora, en un sentido amplio, como colectivo organizado al que le compete llevar adelante la defensa de la Justicia frente a todo y cualquier tipo de impunidad.
Reafirmando que, en cuanto a los Derechos Humanos, y específicamente al derecho a la justicia “(…) basta constatar un hecho que los viole y que sea imputable al Estado para que este pueda ser considerado responsable de la infracción. Se trata de derechos inmediatamente exigibles, cuyo respeto representa para el Estado una obligación de resultado, susceptible de control jurisdiccional” (Nicken, 2003:10).
La Asamblea de Ades-Montevideo resuelve:
Promover la más amplia coordinación con el objetivo de denunciar la situación y promover movilización al respecto.
Fuente Imagen: caplibertad.org.uy