Informamos sobre las acciones realizadas por distintos colectivos y organizaciones de Uruguay en el marco del 22 de octubre, día de acción global por los 43 estudiantes de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos
— Jornadas de difusión sobre la masacre de Iguala y la situación de permanente impunidad en México:
Martes 21: el colectivo Contraimpunidad participó en dos programas de radio (Radio 36 y Radio Fénix).
Miércoles 22: el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj – Uruguay) y el colectivo Contraimpunidad participaron en el programa La Mañana en TNU (Televisión Nacional de Uruguay).
Jueves 23: proyección de documental y charla debate en el Instituto de Profesores Artigas (IPA), organizada por el CEIPA (Centro de Estudiantes del IPA; profesorado de educación secundaria).
— Acciones de cabildeo: desde el 14 de octubre, organizaciones civiles y sindicales de Uruguay han realizado pedidos de audiencia con el embajador para declarar su preocupación y hacer seguimiento del caso de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos. Hasta el momento han sido recibidas Amnistía Internacional – Sección Uruguay y Ademu (Asociación de Maestros del Uruguay). El cabildeo continúa.
— Envío de últimos comunicados y adhesiones recibidos:
Comunicado colectivo de organizaciones y personas, leído y entregado en la embajada el pasado 14 de octubre
Declaración de FUECYS PIT-CNT (Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios)
Declaración de la FEUU
Declaración de la Agrupación 1.º de Mayo – FEUU
CARTA DE ADHESIÓN Y APOYO DESDE URUGUAY
A las familias de los estudiantes asesinados y desaparecidos en Ayotzinapa
A todo el pueblo de México que continúa luchando dignamente
Jóvenes, en su mayoría hijos de familias campesinas, defensores de la educación pública y abocados a la transformación social del país, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa son condenados a la criminalización de un gobierno que pretende ahogar cualquier intento de educación popular. Anclada en Guerrero, uno de los estados más pobres, es un espacio que se ha nutrido de varios movimiento populares que han combatido las políticas neoliberales de los sucesivos gobiernos.
Por ello a los estudiantes se los sataniza, se los persigue y se los asesina.
Los seis asesinatos cometidos en el municipio de Iguala el pasado 26 de setiembre (tres de ellos, estudiantes) y los 43 casos de desaparición forzada entre el 26 y el 27 no son crímenes comunes producto del narcotráfico y de la corrupción, sino violaciones a los DDHH, crímenes de estado perpetrados por la Policía Municipal coludida con agentes civiles vinculados al crimen organizado que funcionan bajo un sistema de paramilitarismo. Es producto de una estrategia gubernamental que el poder político de turno, en este caso el PRI, representado en la figura de Enrique Peña Nieto, junto con las fuerzas policíacas, militares y en connivencia con los cárteles despliega a través de todo el territorio mexicano, fomentando las prácticas de paramilitarismo al asegurar un clima de absoluta impunidad. Esto permite que la dictadura perfecta penetre en cada rincón, amparada bajo la impunidad con la que hace décadas se pretende aniquilar cualquier atisbo de descontento o de transformación social.
Responsabilizamos además al gobernador Ángel Aguirre Rivero (PRD), al alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez (PRD; acusado por su propio partido de cometer varios crímenes por los que a la fecha nunca fue obligado a responder), y al secretario de Seguridad Felipe Flores; estos dos últimos, fugados de la justicia luego de cometida la masacre.
Todas estas razones dejan en claro que el horror que se vivió y se vive en Iguala tiene nombre y apellido: terrorismo de estado.
El gobierno mexicano detiene, encarcela, tortura, asesina, desaparece sistemáticamente sin costo político alguno y sin rendir cuentas ni a la justicia local ni a la internacional. Es el México de los 100 mil muertos, de los 30 mil desaparecidos en democracia, de los cientos de secuestrados y cientos de encarcelados sin debido proceso (en su mayoría, activistas sociales). En México no hay Estado fallido ni ausencia de Estado: hay terrorismo.
Los estudiantes de Ayotzinapa no son 43, no son una cifra, no son una estadística, son luchadores sociales dignos que defienden su derecho de educarse para educar a otros como ellos, jóvenes provenientes de los sectores más vulnerable y con menos recursos, para los que en muchos casos estas propuestas educativas son la única posibilidad de formación.
Por los estudiantes asesinados, por los estudiantes desaparecidos, por ellos y por sus familiares reclamamos justicia y exigimos la inmediata aparición con vida de:
Felipe Arnulfo Rosa, 20 años. Benjamín Ascencio Bautista, 19 años. José Ángel Navarrete Gonzalez, 18 años. Marcial Pablo Baranda, 20 años. Jorge Antonio Tizapa Legideño, 19 años. Miguel Ángel Mendoza Zacarías, 33 años. Marco Antonio Gómez Molina [no se conoce su edad]. César Manuel González Hernández [no se conoce su edad]. Julio César López Patolzin, 25 años. Abel García Hernández, 21 años. Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, 23 años. Doriam González Parral, 19 años. Jorge Luis González Parral, 21 años. Alexander Mora Venancio, 21 años. Saúl Bruno García [no se conoce su edad]. Luis Ángel Abarca Carrillo, 18 años. Jorge Álvarez Nava, 19 años. Christian Tomás Colón Garnica, 18 años. Luis Ángel Fco Arzola, 20 años. Carlos Iván Ramírez Villarreal, 20 años. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 19 años. José Luis Luna Torres, 20 años. Bernardo Flores Alcaraz [no se conoce su edad]. Israel Caballero Sánchez, 21 años. Arturo Vázquez Peniten [no se conoce su edad]. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, 21 años. Mauricio Ortega Valerio, 18 años. José Ángel Campos Cantor [no se conoce su edad]. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, 19 años. Giovanni Galindes Guerrero, 20 años. Jhosivani Guerrero de la Cruz, 21 años. Leonel Castro Abarca, 18 años. Miguel Ángel Hernández Martínez, 27 años. Antonio Santana Maestro [no se conoce su edad]. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 19 años. Israel Jacinto Lugardo, 19 años. Adán Abraján de la Cruz, 24 años. Christian Alfonso Rodríguez, 21 años. Martín Getsemany Sánchez García, 20 años. Cutberto Ortiz Ramos, 22 años. Everardo Rodríguez Bello, 21 años. Jonás Trujillo González, 20 años. José Eduardo Bartolo Tlatempa, 19 años.
LOS ABAJO FIRMANTES EXIGIMOS JUSTICIA Y PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS
JUICIO A LOS RESPONSABLES DIRECTOS E INDIRECTOS
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos
HIJOS
Servicio de Paz y Justicia – Serpaj
CEIPA
ADEMU
Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV)
Comisión Multisectorial de Uruguay
RebelArte, colectivo de intervención fotográfica
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU)
Agrupación 1.º de Mayo – FEUU
Partido de los Trabajadores (PT)
Plenaria Memoria y Justicia
Coordinación por el Retiro de las Tropas de Haití
FUECYS – PIT-CNT
Comité Palestina Libre
Centro social El Galpón de Corrales
Taller VIVENCIAS de ex-presas políticas uruguayas
Espacio MEMORIAS para la PAZ
Semanario Alternativas
Colectivo Contraimpunidad
Gastón Rodríguez Aroztegui (músico)
Carlos Zuvaldi
Matilde López Rivero
Mónica Riet
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Contraimpunidad
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@contraimp