Montevideo, 19 de setiembre de 2014. Atendiendo al interés general y a la necesidad de prevenir la explotación sexual de niños y niñas, y a las posibilidades jurídicas que permiten que las Cortes, los Tribunales y en general todos los poderes del Estado cuenten con la perspectiva de la sociedad civil para la resolución de asuntos considerados trascendentales, la Cooperativa Mujer Ahora* y la organización internacional Women’s Link Worldwide** presentaron hoy ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) una intervención ciudadana (Amicus Curiae, en lenguaje jurídico) en el proceso que sigue este alto Tribunal por el caso del empresario de Maldonado acusado de explotar sexualmente a una adolescente de 15 años.

Las intervenciones ciudadanas, o Amicus Curiae, son argumentos que personas u organizaciones expertas en el tema objeto de resolución le entregan a los tribunales que lo tramitan, a fin de ofrecerles una perspectiva fundamentada que contribuya al debate jurídico y se ajuste al interés público. La presentación de la intervención ciudadana no supone, de ninguna manera, que los intervinientes se conviertan en partes del proceso.

“En razón del interés público del presente proceso y de la experticia de las organizaciones firmantes de la intervención en las áreas del derecho y los derechos humanos, le pedimos respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia que tenga en cuenta las consideraciones expuestas para la mejor defensa y promoción de los derechos de las niñas uruguayas víctimas de explotación sexual”, afirma Marina Morelli Núñez, abogada de la Cooperativa Mujer Ahora.

Tribunales Internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y Tribunales Nacionales como la Corte Constitucional Colombiana o el Tribunal Constitucional del Perú han recibido y considerado las intervenciones ciudadanas presentadas por Women’s Link Worldwide, así como de otras organizaciones, frente a casos en los que se decide sobre asuntos relacionados con violencia, violencia sexual y trata de personas en los que han estado involucradas mujeres menores de edad.

Dada su experiencia en asuntos relacionados con la defensa y promoción de los derechos de los niños y niñas, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y la erradicación de la violencia de género, el pasado 4 de septiembre, las organizaciones Infancia Adolescencia Ciudadana (IACi), Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS), y El Paso presentaron también una intervención ciudadana en este caso.

Los argumentos de la intervención ciudadana

Según información entregada por el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees) a la prensa, en julio de 2014, en lo que hasta entonces iba corrido del año se habían atendido 79 casos de explotación sexual de niñas y adolescentes, y la cifra se había cuadruplicado con respecto a la de 2010.

“El fallo que va a emitir la Suprema Corte de Justicia es de gran trascendencia pues lo que está en juego es la respuesta que le da nuestro Estado a un problema creciente de violencia sexual en contra de las niñas y adolescentes, quienes son sujetos de especial protección de acuerdo con los diferentes instrumentos internacionales ratificados por Uruguay», asegura Morelli.

En su intervención, la Cooperativa Mujer Ahora y la Organización Women’s Link Worldwide argumentan que a pesar de que todas las medidas tomadas dentro del proceso penal específico deben ser adecuadas al interés superior de la menor, los argumentos utilizados para revocar la sentencia de primera instancia, que condenaba al acusado, parten del supuesto de que éste fue engañado por la víctima y que la declaración de ella no es congruente con la de él.

“La legislación internacional de derechos humanos y la nacional de protección a la niñez y adolescencia exigen proteger a las niñas frente a la explotación y los abusos sexuales y promover la recuperación física, psicológica y la reintegración social de las niñas víctimas, tarea en la cual el sistema de justicia tiene la vital labor de adelantar los procesos judiciales correspondientes para sancionar efectivamente a los responsables y reparar a las victimas después de una debida investigación. Es necesario que las investigaciones para juzgar y sancionar la explotación sexual contra menores de edad sean llevadas a cabo desde su especificidad, erradicando concepciones que niegan la desventaja o desigualdad en la que se encuentran las niñas y adolescentes frente al victimario”, finaliza Morelli.

*Cooperativa Mujer Ahora es una organización de mujeres feministas, con sede en Uruguay, que desde 1989 se dedica a la promoción y protección de los derechos humanos, especialmente centrada en la construcción de relaciones de equidad de género.

**Women’s Link es una organización internacional de derechos humanos que promueve el cambio social a través del trabajo jurídico, para lograr avances en los derechos de mujeres y niñas, especialmente de aquellas que enfrentan múltiples inequidades.

Fuente Imagen: blog.isdfundacion.org