Compartimos la columna del diputado Andrés Lima (Frente Amplio) en referencia al desarrollo del gas natural.
“Como es sabido el desarrollo de un país depende en gran medida de la disponibilidad de energía. Pensando en ello, en el Uruguay se ha definido una política energética de largo plazo, aprobada en agosto de 2008 por el Poder Ejecutivo y en el año 2010 por la Comisión Multipartidaria de Energía, contando con el aval de los cuatro partidos políticos con representatividad escolar.
Dicha política energética se estructuro en base a cuatro grandes ejes estratégicos (institucional, oferta, demanda y social), destacándose en particular, la diversificación de la matríz energética nacional, así como la reducción de los costos, la disminución de la dependencia del petróleo importado y el fomento de la participación de fuentes energéticas autóctonas.
La decisión de introducir el Gas Natural se fundamenta en la necesidad de complementar en forma eficiente la fuerte introducción de energías renovables.
El principal uso que se preve para el Gas Natural será la generación de energía eléctrica, lo que implica un ahorro respecto a la generación a partir de combustibles derivados del Petróleo.
Actualmente el sector eléctrico uruguayo se abastece con energía hidráulica, complementada con energía térmica, base de los combustibles derivados del petróleo, biomasa y energía,
Para concretar la incorporación de Gas Natural las empresas energéticas estatales UTE y ANCAP conformaron Gas Sayazo S.A encargada de contratar un proveedor de servicios que construya, opere y mantenga la Terminal de gas natural licuado y que preste los servicios de receptación, almacenamiento, entrega y regasificación.
Las actividades que se desarrollen deben contribuir a los siguientes objetivo para el sector del gas natural: el aseguramiento del suministro del gas natural; la seguridad, confiabilidad y calidad en la operación de los servicios e instalaciones de almacenamiento; la eficiencia en las actividades comprometidas; el uso racional del gas natural, velando por la adecuada protección del medio ardiente; el acceso, la no discriminación y el uso generalizado de los servicios de transporte y distribución de gas natural; la protección de los derechos de los consumidores y usuarios de gas natural; que las tarifas reflejen criterios de sostenibilidad así como de eficiencia asignativa y productiva.
Dr. Andrés LIMA.
DIPUTADO POR SALTO.