Columna del candidato presidencial del Partido Independiente, Pablo Mieres @Pablo_Mieres , cuestionando la Ley de Medios.
“El partido de gobierno deberá evaluar muy bien el efecto de sus actos, porque está a punto de cometer un exabrupto autoritario de marca mayor. El proyecto de ley de medios que se está discutiendo en el Parlamento amenaza convertirse en una nueva violación constitucional (y ya van…) resultado del ejercicio verticalista de una mayoría absoluta disciplinada.
Una ley que regula los medios de comunicación, en cualquier país democrático, es el resultado de un profundo diálogo entre todos los actores del sistema político y su aprobación debe registrar un amplio consenso político e institucional. En cualquier análisis sobre la calidad y profundidad democrática, la dimensión referida a las garantías de la libertad de expresión y el pluralismo y, en particular, la regulación de los medios de comunicación, constituye uno de los pilares que definen la calidad democrática de un país.
En tal sentido, nuestro país ha sido un ejemplo relevante de respeto a las libertades públicas y los derechos políticos que lo sitúan entre los más democráticos del mundo. Su historia, además, ratifica la particular preocupación por la tolerancia y por el respeto al pluralismo. Por eso es tan delicado el asunto en discusión.
Nosotros no discutimos la posibilidad de legislar sobre los medios de comunicación, aunque nuestro reflejo básico sea el mismo que tiempo atrás animaba al Presidente de la República y al Vicepresidente de la República: “la mejor ley de medios es la que no existe” o “si me traen un proyecto de regulación de los medios lo tiro a la papelera”.
Se puede legislar, pero siempre sobre la base de una enorme precaución por evitar los excesos; en este tema, más que en ningún otro, más vale pecar por poco que excederse en las normativas y regulaciones.
El bien superior en juego es nada más ni nada menos que la libertad de expresión y el respeto al pluralismo político y cultural.
Pues bien, el gobierno se empecinó en hacer lo contrario. Sin haber dialogado previamente con ninguno de los partidos, sin la cautela propia de un tema tan delicado, se descolgó con una norma extensa y minuciosa que regula e interviene de una manera absolutamente inconveniente, poniendo en riesgo la calificación democrática de nuestro país en un futuro más o menos próximo.
Hay muchas razones para rechazar la normativa propuesta, pero ahora además se agrega un componente absolutamente relevante. Estamos en plena campaña electoral y parece muy grotesco transitar por ella con la amenaza legislativa pendiendo sobre los medios de comunicación que, como todos sabemos, son un actor particularmente relevante en la difusión de las posiciones y de la publicidad de los candidatos y partidos.
Es vergonzoso que el partido de gobierno utilice su mayoría absoluta parlamentaria para presionar sobre los medios de comunicación a escasos meses del pronunciamiento electoral. Esta situación lleva las cosas a un extremo de máxima gravedad.
No vamos a extendernos en las numerosas razones por las que rechazamos el proyecto de regulación de los medios de comunicación. Vamos a limitarnos a explicitar uno de los capítulos más vergonzosos y de mayor talante autoritario.
Justamente es el que tiene relación con la regulación de la publicidad electoral gratuita. Al respecto, el proyecto de ley del partido de gobierno establece que la distribución de la publicidad gratuita se definirá en función de los resultados de las elecciones anteriores.
Este criterio ofende la cultura democrática nacional. De los tres sistemas de asignación de publicidad gratuita existentes en el mundo, este es el más escandalosamente contrario al pluralismo y a la libertad de los electores y es, además, el que busca de manera intencional mantener el predominio y la hegemonía de los partidos mayores.
En efecto, otros países poseen un sistema paritario en el que se otorga el mismo tiempo de publicidad gratuita a todos los candidatos, parece mucho más democrático y abre las oportunidades de equidad para todas las opciones. Pero existe un sistema intermedio que consiste en dividir el tiempo publicitario gratuito en dos mitades, una mitad se distribuye en forma igual para todos los candidatos y la otra mitad en función de los resultados de la elección anterior, de esta forma se da ventaja a los partidos mayores pero se atempera con el criterio de dar oportunidad al cambio.
Pues bien, el Frente Amplio pretende imponer la solución más hegemónica y excluyente.
Pero ahí no termina la cosa. El otro problema es el monto de minutos que se asignan por día a cada partido en forma gratuita. Aunque no se pueda creer, la normativa establece un criterio de cálculo que llevado a lo concreto, determina que el Frente Amplio tenga casi 45 minutos gratis por día en cada canal en horario central, el Partido Nacional contaría con 27 minutos, el Partido Colorado con 15 y el Partido Independiente 2 minutos.
¿Se habrá visto algo más grotesco en la historia política de nuestro sistema democrático?
Pero, además, con estos montos de publicidad gratuita no existe posibilidad de contratar minutos de publicidad extra. Es decir que el partido de gobierno no solo se garantiza la mitad de toda la publicidad gratuita sino que además, como el monto en tiempo es escandaloso, en los hechos impide que los demás partidos puedan contratar más publicidad para descontar la ventaja.
Está claro que este capítulo refiere a la materia electoral y, por lo tanto, requiere de mayoría especial de dos tercios. Sin embargo, la bancada del partido de gobierno negó en ocasión del voto en Diputados, que esto fuera objeto de materia electoral. Insólito.
Es obvio que de aprobarse esta barbarie que no tiene antecedentes en nuestra historia política, presentaremos nuestra acción de inconstitucionalidad.
Pero independientemente de eso, se habrá producido un verdadero quiebre de las reglas de juego democráticas y el Frente Amplio habrá dado un paso sin retorno en una apuesta a una hegemonía excluyente de talante autoritario.
Para nosotros existe un antes y un después de la aprobación de esta norma.
Que quede claro que lo estamos advirtiendo antes de que ocurra”.