En un taller organizado por la Cepal, Aecid y el CEF, el subsecretario del MIEM dijo que el Gobierno está convencido de que la minería de gran porte redundará en beneficios para toda la sociedad, al posibilitar el desarrollo con igualdad, el aumento significativo del PBI y la creación de más capacidades, en armonía con otros sectores económicos.
El taller Impacto macroeconómico de la explotación minera a gran escala, organizado por la Cepal, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y el Centro de Estudios Fiscales (CEF), se desarrolló este martes.
El acto de apertura, realizado en el Centro de Formación de Aecid, contó con la participación del subsecretario de Industria, Energía y Minería, Edgardo Ortuño; el director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, Andrés Masoller; la directora de Cepal Montevideo, Verónica Amarante; la directora ejecutiva del CEF, Rosa Grosskoff, y el coordinador de Aecid en Uruguay, Manuel de la Iglesia-Caruncho.
En su exposición, Ortuño dijo que resulta importante pensar en los escenarios mineros que presentan mayores ventajas para la sociedad uruguaya, teniendo en cuenta que se trata de una actividad con tradición en nuestro país que, no obstante, “ingresará en una nueva etapa” con la minería de gran porte.
Añadió que, para realizar este análisis a corto, mediano y largo plazo se cuenta con el apoyo de Cepal, el CEF y Aecid. El objetivo no es otro que apuntar a un cambio estructural para el país, que conduzca a su vez al “desarrollo con igualdad”.
El subsecretario indicó que, desde el Gobierno, con una visión transversal, se hace un continuo esfuerzo de “aprendizaje, elaboración y prospección de políticas” para que la minería de gran porte resulte un avance para el país. “Estamos convencidos de que lo será”, afirmó el jerarca, quien destacó que la actividad debe realizarse en armonía con otras actividades de la economía, para que redunde en beneficio de toda la sociedad.
Por ello, se ha interactuado con diversos actores, entre ellos las autoridades locales, con el objetivo de que la minería se convierta en un “motor de desarrollo para el país”. “Es necesario enmarcar la visión de la minería y la macroeconomía en una más amplia, la de la actividad económica en perspectiva de desarrollo”, profundizó.
Ortuño agregó que Uruguay tiene el desafío de avanzar en el desarrollo sostenible, para aprovechar una década de crecimiento económico, transformar la estructura económica del país, agregar valor y mejorar las capacidades del país, tanto en lo que refiere a la infraestructura (energía, telecomunicaciones, transporte), como a los recursos humanos.
Más desarrollo
En este marco, la minería ingresará a una etapa sumamente importante con las explotaciones a gran escala, lo que impactará “significativamente” en el Producto Bruto Interno y posibilitará la creación de empleos calificados. A su vez, generará inversiones y capacidades adicionales, como el fortalecimiento de la energía para la zona donde se desarrolle el emprendimiento, o la creación de una terminal portuaria de aguas profundas. Asimismo, la actividad será “un motor de desarrollo local”.
Para lograr esta realidad, el Estado cumplirá un rol clave –aseveró el jerarca- a través de sus políticas, incluyendo las fiscales. Por ello, se impulsó una nueva legislación (la ley de minería de gran porte 19.126 y las modificaciones al Código de Minería) que otorgará un crecimiento significativo de los ingresos para el Estado y apuntalará la creación de una cadena de valor vinculada a esta actividad.
Además de incluir un impuesto adicional, la normativa define el destino de los recursos extraordinarios que generará el sector. El 30% irán a las arcas fiscales, destinados a proyectos productivos, de desarrollo local y educativos, lo que impulsará la descentralización y la creación de capacidades.
En tanto, el restante 70% se destinará a un Fondo Intergeneracional que apunta al largo plazo, con una mirada “estratégica” y “de desarrollo”, dijo Ortuño.
Para finalizar, el subsecretario afirmó que se requiere “rigor” y “visión de futuro” por parte del Estado para que esta actividad traiga consigo “beneficios inéditos” para la sociedad, en un contexto estratégico de diversificación productiva.
Por su parte, Masoller destacó los insumos sobre minería –y otros ámbitos- que aportan instituciones como el CEF al Gobierno.
En tanto, la representante del CEF dijo que el taller de este martes busca contribuir al conocimiento de la realidad nacional y el desarrollo del país. Afirmó que, mientras dure la explotación minera a gran escala, se prevé un crecimiento del PBI del 2%. No obstante, afirmó que es importante tomar las previsiones necesarias para evitar que este crecimiento ocasione efectos negativos en la macroeconomía. Para ello, se realiza una investigación junto con el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).
Verónica Amarante dijo que Cepal presentará un documento que abordará la explotación de recursos naturales en la región. Las prioridades para el organismo son la distribución de la renta, la gobernanza de estos recursos y la gestión de los conflictos que se derive de ella.
En tanto, el coordinador de Aecid en Uruguay afirmó que el área fiscal, tributaria y presupuestaria –eje del taller de este martes- “está en el corazón de los procesos de desarrollo”.