Ante los anuncios de la inminente finalización del tratamiento parlamentario de la denominada ley de “Responsabilidad Penal del Empleador en caso de Accidentes Laborales”, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, MANIFIESTA:

1) Que comparte el objetivo enunciado en la misma de reducir los accidentes laborales que traen como resultado lesiones o muertes de trabajadores;

2) Que el proyecto aludido no cumple con dicho objetivo dado que no establece condiciones de prevención de los mismos, que requerirían el análisis de los riesgos, la capacitación y educación de todos los involucrados;

3) Que por el contrario, crea un delito empresarial de peligro que para su configuración basta que no se adopten los medios de resguardo y seguridad laboral a pesar de ya existir previsiones en el actual Código Penal;

4) Que asimismo, tal como ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, modifica el seguro obligatorio de accidentes de trabajo a cargo del Banco de Seguros del Estado, en un área monopólica, reduciendo significativamente la cobertura del riesgo que el mismo debería brindar a los empresarios trasladándoles los costos de los recuperos;

5) Que a su vez, establece potestades específicas de denuncia y seguimiento a los damnificados de accidentes laborales, ubicándolos en una situación distinta en el proceso penal que al resto de los ciudadanos en otras situaciones de accidentes;

6) Que este proyecto de ley no ha tomado en cuenta las propuestas efectuadas al Parlamento y al PIT-CNT, realizadas por el sector empresarial;

7) Que tampoco, considera la responsabilidad de los trabajadores en el acaecimiento de los accidentes laborales incumplimiento con las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ni resulta meridianamente claro que la misma se aplique al sector público o al Estado, máximo empleador en nuestro país, lo que consagraría una diferencia entre los trabajadores públicos y privados que no tienen ningún sustento;

8) Que en caso de que este proyecto se convierta en ley afectará el desarrollo de la actividad empresarial, en especial a los micro y pequeños empresarios y a empleadores de servicio doméstico, entre otros, quienes disponen de menores recursos para la prevención de los accidentes y eventualmente para la defensa de sus derechos.

Por lo expuesto, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay rechaza esta iniciativa parlamentaria promovida por el movimiento sindical, sin la debida consideración de alternativas orientadas a la generación de una verdadera “cultura de prevención” que involucre a todos los actores sociales.

Asimismo, se declara en sesión permanente a efectos de analizar todas las vías que ajustadas a Derecho correspondan para la defensa de los empresarios del comercio y servicios.

Montevideo, marzo de 2014.