El Sindicato Médico del Uruguay rechaza las afirmaciones realizadas por el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, respecto al colectivo médico.

Al referirse a “la mafia blanca”, el Sr. Ministro atribuyó a grupos de profesionales médicos, sin identificarlos, comportamientos delictivos y conflictivos con la ética profesional. La generalización realizada por el Ministro pone en tela de juicio a todo el colectivo, insultando y difamando a miles de médicos que cada día trabajan por la salud de la población, que confía en ellos.

Si el Sr. Ministro ha detectado comportamientos apartados de la ley o de las regulaciones y controles del propio gobierno, tiene la obligación de denunciarlos con precisión por las vías correspondientes. De lo contrario, el Ministro miente o ignora la realidad de la salud del país. En este sentido, el SMU está realizando las consultas jurídicas para evaluar las implicancias legales por difamación.

Semejantes declaraciones deben ser interpretadas en el contexto del debate público respecto a intereses de personas o de grupos económicos o políticos relacionados con el Ministerio de Defensa en el proceso de autorización de un nuevo Instituto Cardiológico (IMAE) en el Hospital Militar, que las propias autoridades del gobierno con responsabilidades en el tema no apoyan.

Los dichos del Ministro también deben leerse a partir de las declaraciones cruzadas en la prensa con otros protagonistas del Sistema que cuestionan ese emprendimiento y promueven la mejora del IMAE del Hospital de Clínicas y la necesidad de crear uno nuevo en el norte del país.

Incluso sorprende que en sus declaraciones cuestiona los criterios de toma de decisiones y las posibilidades de expresarse públicamente de actores relevantes del Sistema, resaltando como más valiosos los criterios disciplinarios propios de la cultura militar. El SMU se ha opuesto históricamente a la militarización de las instituciones públicas del país, en particular de la Universidad de la República.

La toma de decisiones en materia de tecnología debería realizarse considerando aspectos técnicos y no en función de decisiones políticas de mala calidad, por lo que es necesario avanzar en darle institucionalidad al tema con independencia técnica.

El SMU considera que las decisiones en materia de política sanitaria y de infraestructura deben tomarse en forma coordinada con los diferentes actores del Sistema y que el principal desafío que el país tiene por delante en materia de salud, precisamente para evitar la “mercantilización de la medicina” que se pretende denunciar, es el de la calidad asistencial, la disponibilidad de información confiable para la toma de decisiones y el uso racional y coordinado de los recursos.