En polémico proceso, al concluir el proceso de llamados para nuevos canales de Televisión Digital, el Poder Ejecutivo resolvió asignar dos nuevas frecuencias comerciales en Montevideo; un nuevo canal comunitario; dos públicos en Montevideo y cuatro en el interior del país. De esta manera, el país contará con una oferta de televisión abierta, gratuita y con mayor diversificación, señala el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIE).

Este miércoles 23 culminó el proceso para asignar nuevos canales de Televisión Digital (TVD) comercial y comunitaria en Montevideo, y pública en la capital y el interior del país. Las autoridades de Gobierno valoraron el proceso iniciado en 2010 como un proceso histórico, sin precedentes en Uruguay, que permitirá a todos los ciudadanos acceder a una televisión gratuita y abierta, con mayor diversidad de oferta.

En base a la información recibida, el Poder Ejecutivo resolvió conceder nueve canales nuevos, entre comerciales, comunitario y públicos.

Desde el Gobierno se concluyó que dichas propuestas son pasibles de adjudicación, de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos por los pliegos de los llamados, en tanto plantean una oferta de televisión de calidad, que diversificará el sector televisivo nacional.

Las autorizaciones otorgadas a nivel comercial comprenden la transmisión de una señal HD, una señal de definición estándar (SD), destinada inicialmente a la señal “espejo”, una segunda señal en definición estándar (SD2), la utilización del sistema “one-seg” y la posibilidad de distribuir aplicaciones interactivas, con un horario mínimo de emisión de 12 horas.

TVD comunitaria

El decreto del Poder Ejecutivo otorga un canal de Televisión Digital comunitaria al Instituto Cuesta Duarte – PIT CNT, que presentó la propuesta “Mi canal”.

El Presidente y el Ministro de Industria entendieron que la propuesta de la central de trabajadores cumple con los requisitos exigidos por la ley 18.232, para ser considerada una propuesta comunitaria. Estos requisitos son: plan de servicios a la comunidad, mecanismos para asegurar la participación ciudadana, antecedentes de trabajo social y comunitario, y avales personales y sociales.

Para el PIT CNT, la autorización y su concesión de uso, de acuerdo a la ley de Radiodifusión Comunitaria, se otorgan por el plazo de 10 años.

TVD pública

El Poder Ejecutivo resolvió conceder dos canales de TVD pública para Montevideo: uno para Televisión Nacional (TNU) y otro para el canal de la Intendencia Municipal de Montevideo, TV Ciudad.

A nivel del interior del país, el decreto del Gobierno determinó la concesión de cuatro canales, uno para cada una de las cuatro regiones en que se presentaron agrupadas 12 de las 19 intendencias: Durazno, Florida y San José; Colonia, Río Negro y Soriano; Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó, Salto y Paysandú, y Artigas.

TVD comercial

Por último, en cuanto a la TVD comercial, las autoridades decretaron que en Montevideo se concedan dos nuevos canales: uno a Saomil S.A. (VTV) y otro a Consorcio Giro (cooperativas La Diaria y Demos). Se les asignaron el canal 39 y el canal 38 respectivamente.

El MIEM recordó que el proyecto comunicacional de Consorcio Giro puntuó en primer lugar, tras alcanzar los máximos puntuables en seis de los ocho rubros analizados por la Comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI): señales propias, producción nacional, programación innovadora, empleos indirectos, pautas publicitarias y accesibilidad.

Si bien el MIEM —basado en el informe de Dinatel— consideró sustantiva la observación realizada por la URSEC respecto a la carencia en la “viabilidad económica de la ejecución de la propuesta”, al evacuar la vista los interesados aportaron información sobre su capacidad económica, que levanta las observaciones formuladas por los organismos evaluadores.

En concreto, el consorcio proporcionó información aclaratoria respecto a las fuentes de financiamiento del proyecto, que comprenden: capitalización de los socios cooperativos, cuya suma de patrimonios asciende a $22 millones; la emisión de participaciones subordinadas (recursos financieros aportados por socios o no socios que se incorporan al patrimonio de la cooperativa), herramientas financieras no tradicionales, cuyo interés por parte del mercado fue acreditado. Se agrega el interés expresado por instituciones internacionales de fomento y apoyo a proyectos de innovación y desarrollo cooperativo.

De esta forma resulta incontrovertible que Giro cuenta con solvencia económica, con compromiso de sus socios cooperativistas, y dispone además la solidaridad de todos sus integrantes e indivisibilidad de las obligaciones contraídas o a contraerse.

Respecto a la propuesta de Saomil S.A. el informe del MIEM, en base a lo expresado por la Dinatel, valoró que es una propuesta sustentable, que parte de una experiencia existente exitosa a nivel de televisión para abonados, con una programación cuyo perfil está alineado con el gusto del público uruguayo, que se sostiene en un modelo de negocio sólido y equilibrado, con capacidad de financiamiento disponible.

Además, el Ejecutivo autorizó a Montecarlo TV S.A., Sociedad Televisora Larrañaga S.A. y Sociedad Anónima Emisora de Televisión y Anexos S.A. (SAETA) a prestar también el servicio de radiodifusión de TVD en Montevideo. Con ese objetivo, se les asignaron los canales 29 (Montecarlo TV S.A.), 28 (Sociedad Televisora Larrañaga S.A.) y 31 (SAETA S.A.).

Desde el Gobierno se valoró que el procedimiento dispuesto para la asignación de autorizaciones para brindar el servicio de televisión digital abierta en Montevideo y el interior del país resultó positivo en cuanto a la diversidad y calidad de propuestas presentadas y el mecanismo de evaluación de las mismas.

El ministro Roberto Kreimerman destacó que se trató de «un proceso singularmente democrático en el sentido de la apertura que ha tenido, porque cada una de las etapas han sido publicadas respectivamente» y «han sido analizadas por todos los interesados».

Por su parte el subsecretario Edgardo Ortuño se refirió a los reclamos que surgieron durante el proceso y explicó: “Si hay debate, si hay controversia, si hay diferencia de opiniones en torno a esta cuestión, es porque hubo un proceso con participación democrática como nunca existió en el Uruguay. En un proceso de asignación de algo tan importante (…) es natural que con los niveles de participación democrático e información ciudadana que se ha tenido susciten distintas opiniones, no solo entre la ciudadanía, sino entre los aspirantes a esas autorizaciones”.