Compartimos la columna del senador Pedro Bordaberry correspondiente al domingo 27 de octubre titulada “Transparencia”.
“La adjudicación de los canales de Televisión Digital anunciada esta semana puso de manifiesto errores, desprolijidades y manejo poco serio y profesional.
Nada más y nada menos que el propio Presidente de la República expresó hace algunas semanas que no se debía asignar el canal precisamente a quien se lo terminó asignando.
Lo afirmó de una forma tajante y contundente.
Pues bien, pocos días después termina yendo contra sus propias palabras.
Lo hace expresando que no había estudiado el expediente a fondo (¿para qué habló entonces?) y que la comisión asesora que actuó tenía demasiadas potestades (¿para qué se las dio entonces?).
Resulta indudable que este accionar desprolijo le causará daños al Estado, que se sumarán a situaciones similares como la de Pluna o la del litigio con un contratista de fútbol.
Son sumas nada menores por demandas judiciales que los abogados del Estado, tan denostados por el propio Presidente tantas veces, deberán enfrentar.
Muchas veces se informa que los abogados del Estado no obtienen éxitos en los Juzgados. Cabe preguntarse si es culpa de ellos o de los jerarcas que actúan de esta forma.
Más allá de estas conclusiones que nos preocupan por el daño patrimonial que causan, hay algo que también llama la atención.
Es la falta de aplicación de mecanismos que profundicen la transparencia en los procesos y llamados licitatorios.
Durante mi estadía en los Ministerios de Turismo e Industria, durante el gobierno del Dr. Batlle, aplicamos algunos instrumentos que ayudan a enfrentar los problemas que hoy tiene el gobierno.
La disyuntiva a la que se enfrenta el jerarca en una licitación o llamado es por lo general la siguiente: la oferta más atractiva en cuanto a su contenido es casi siempre la más cara.
Entonces si se adjudica a la que se considera mejor, se estará adjudicando a la de mayor valor y las sospechas arreciarán. Si se adjudica a la que es de peor calidad, se dirá que se compra lo peor.
Hay dos mecanismos para prevenir estos problemas y darle mayor transparencia a los procesos administrativos.
El primero lo aplicábamos en el Ministerio de Turismo. Consistía en fijar un determinado precio de antemano que era el que pagaría el Estado y hacer un llamado para que se provea lo solicitado dentro de ese precio.
Se adjudicaba a la mejor propuesta y todas presentaban el mismo precio. Como podía sospecharse que la adjudicación no fuera a la mejor se conformaba una Comisión de Adjudicación integrada por un técnico del Ministerio, otro de un gobierno municipal y un tercero representante de los propios oferentes (que lo elegían de una lista de reconocidos profesionales en la materia).
Las propuestas además se entregaban sin identificar al oferente (con el sistema de doble sobre). La Comisión trabajaba tranquilamente e informaba de la propuesta ganadora en un acto público en el que se abría el segundo sobre y se conocía el nombre del triunfador.
La consecuencia de esto fue que se presentaban muchos más oferentes y que no existían reclamos posteriores.
Cuantos problemas nos podríamos haber evitado si esto se hubiera hecho así en la Televisión Digital en lugar de que se metieran el Presidente, el Ministro, el Director de la OPP, el asesor Presidencial y hasta la Presidente del Frente Amplio en el momento de adjudicar un canal y quitárselo a quien se había anunciado sería el ganador.
El otro sistema se aplicó, a sugerencia del entonces Ministro de Obras Públicas, Ing. Lucio Cáceres, en la exitosa y transparente concesión del Aeropuerto de Carrasco.
Durante meses se trabajó en estimar el monto de la inversión a hacer, las obras a realizar, y las garantías que se debían otorgar.
Luego se hizo un “data room” donde los posibles proponentes examinaron la información, hicieron preguntas y aportes. A partir de ello se hizo un llamado donde se calificó a las empresas que tenían el respaldo financiero para realizar la obra.
Finalmente se hizo un remate público. En él, quien más ofreció en la subasta resultó el adjudicatario de la concesión.
Obviamente que el perdedor no podía objetar nada puesto que el ganador había ofertado más.
Claro que en esos casos hay que ser cuidadoso al estudiar las garantías y los avales. Como se hizo en el caso del Aeropuerto y de la Terminal del Puerto de Montevideo, pero lamentablemente no en el de Pluna.
En definitiva agregar mecanismos de transparencia como la participación de los propios proponentes designando entre todos un integrante del proceso que les dé todas las garantías o haciendo remates públicos es lo que evita mayores problemas.
También ayuda permanecer callados durante el proceso y evitar las injerencias políticas.
De lo contrario corremos el riesgo de tener que llamar a los abogados para que traten de minimizar las consecuencias para el Estado los errores que se cometen.
Es que, a veces, no nos damos cuenta que la transparencia y el control nos protege a todos.
Incluso, a los que están en el Gobierno”.