El Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) adhiere y convoca a participar en una nueva Marcha Nacional en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida. Se convoca el viernes 18 de octubre desde las 16:30, en el Obelisco de Montevideo.
Son momentos decisivos para los proyectos económicos de alto impacto social y ambiental que están siendo impuestos sin las evaluaciones técnicas necesarias, sin brindarle al público las informaciones requeridas y sin la participación ni la licencia social de las poblaciones afectadas.
El ejemplo inmediato es el proyecto de construcción de una planta regasificadora en la zona oeste de Montevideo.
Sin suministrar los informes solicitados por los vecinos de la zona, se realizó una audiencia pública cuando ya estaba firmado un contrato con la empresa adjudicataria del proyecto sumamente lesivo para el país. Ese contrato reitera las condiciones de la bancarrota de PLUNA al quedar el estado uruguayo como única garantía de los préstamos que solicitará una empresa extranjera que no asume obligaciones equiparables.
En un hecho sin precedentes, en el contrato se fija un plazo para el otorgamiento de la Autorización Ambiental por la DINAMA y el gobierno se compromete a pagar una multa a la empresa si ese plazo no es cumplido.
Por último, para la eventualidad de un litigio con la empresa adjudicataria, el gobierno renuncia otra vez a la jurisdicción de la justicia uruguaya, recurriendo al arbitraje en una instancia comercial internacional como ya lo hizo en la ley de megaminería.
Es público y notorio que la regasificadora es para suministrale energía al proyecto de extracción de hierro de la empresa Aratirí, una energía por la cual la minera pagará un tercio de la tarifa eléctrica que pagamos los uruguayos.
Simultáneamente, la evaluación ambiental del proyecto de Aratirí se encuentra lejos de ser aprobada, por carencias tanto de informaciones requeridas a la empresa como rediseño de partes claves del proyecto. No obstante, el gobierno anuncia que firmará el próximo mes de noviembre el correspondiente contrato de inversión.
• ¿Será otro contrato donde el estado uruguayo sale de garante de Aratirí para su supuesta inversión?
• ¿Será otro contrato donde se le impondrá a la DINAMA un plazo perentorio para que apruebe el proyecto, so pena de pagar multa?
• ¿Será otro contrato de renuncia a la justicia uruguaya?
Se pretende ignorar el derecho de la sociedad a ser correctamente informada y a ser tenida en cuenta en las decisiones. Esta es la razón de una creciente movilización social en todo el territorio nacional en rechazo a esos proyectos y que reclama instancias de participación en las decisiones.
Son hechos muy graves en los que está en juego el futuro del país.
A la entrega de 13.000 firmas en el departamento de Tacuarembó para que se realice un plebiscito, ayer la Junta Departamental de Lavalleja aprobó una ordenanza por la cual se prohíbe la minería metalífera a cielo abierto en la zona rural de su jurisdicción. En el día de mañana daremos inicio a una recolección de firmas en todo el país dirigida a introducir una enmienda constitucional con el mismo propósito.
Por todo ello, el MOVUS convoca a participar mañana en la 5ta. Marcha Nacional en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida, organizada por la Asamblea Nacional Permanente, que partirá a las 17 hs desde el Obelisco rumbo la Plaza Independencia, lugar donde sobre las 19 hs se dará lectura a la proclama del grupo organizador.
Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS).