El Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) cuestiona el intento del gobierno de negar legitimidad a la oposición a la megaminería”.
“Enfrentado a tener que aprobar la Ley de Minería de Gran Porte exclusivamente con los votos del oficialismo, cuando cada vez más amplios sectores de la sociedad rechazan la megaminería en el país, el gobierno ha lanzado una campaña de desprestigio que busca presentar a la oposición como un movimiento regido por intereses egoístas y ajenos a la voluntad de la población.
La Cámara de Diputados tratará en su sesión del martes 3 el proyecto de ley que viene con media sanción del Senado. Se prevé que la Cámara Baja confirme esta decisión porque, si introdujera algún cambio, el proyecto pasaría a la Asamblea General donde el oficialismo no cuenta con los votos suficientes al requerirse una mayoría especial de dos tercios para la aprobación.
La Ley de Minería de Gran Porte fue aprobada en el Senado por 16 votos en 30 integrantes del cuerpo. Votaron en contra las bancadas de los partidos Nacional y Colorado en pleno. El senador López Goldaracena, del Frente Amplio/PCU, dijo que no concordaba con el proyecto pero que lo votaba por fidelidad partidaria. Sin este voto, el oficialismo habría perdido la mayoría.
El Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) advirtió que esta iniciativa no cuenta con los apoyos políticos y sociales requeridos para una decisión de esta importancia, porque se propone un cambio de la matriz productiva del país y no ha pasado por la consulta a la ciudadanía dado que ningún sector político propuso esta alternativa al requerir el voto a sus electores.
En la última semana, el propio presidente de la República, José Mujica, apareció en distintos medios de prensa atacando, con su estilo característico, al movimiento contra la megaminería, atribuyéndole «deshonestidad intelectual», estar dirigido por estancieros que explotan a sus peones y por ambientalistas «idiotas» que no quieren tocar las riquezas del subsuelo.
¿Se pueden ignorar cuatro marchas nacionales En Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales de los últimos dos años y medio, la última con más de 10 mil personas y más de 200 caballos en la capital? ¿O las miles de firmas recogidas en el interior, 13.000 solo en Tacuarembó, apelando a la iniciativa popular prevista en la Constitución? ¿O el 46% de los consultados en reciente encuesta nacional que expresó su rechazo a la megaminería metalífera contra un 28% a favor?
Cuando se deforma la realidad de esa manera, se está tratando de justificar lo injustificable.
Esa imagen de grandes terratenientes criadores de ganado sin ninguna tecnología y explotando al pobre peón rural es de 50 o 60 años atrás. Esos campos han sido de los primeros en venderse al capital extranjero que hoy posee latifundios varias veces mayores que aquellos. Se grita contra los que resisten la invasión y el saqueo, pero se beneficia en silencio a los saqueadores.
El trabajador rural está hoy legalmente protegido. En 2006 se aprobaron leyes de libertad sindical y de regularización laboral y, en 2008, la ley de ocho horas en el sector rural. El trabajador debe cobrar, como mínimo, el salario fijado en su Consejo de Salarios. Si alguien intenta eludirlo, es responsabilidad del gobierno inspeccionar, sancionar y hacer que se cumpla la ley.
Sin justificarlo, el salario del trabajador rural no es una excepción a los bajos salarios vigentes. Según el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, el porcentaje de asalariados formales que perciben menos de $14.000.- en la ganadería es igual al del arroz (65.4%), parecido al sector de la madera (63.9%) y los equipos eléctricos (63.3%), algo mejor al de la alimentación (de 66.8% a 69.2%), y mucho mejor que en el sector frutícola (86.5%), de hortalizas (88.9%) y la cría de aves (83.3%).
¿La megaminería resolverá esta situación? Uruguay tiene unos 70.000 asalariados rurales. Aratirí, el único proyecto posible de minería de gran porte, promete 1.300 empleos durante 12 años. No es significativa la cantidad ni la duración. Pero, además, la zona de Valentines no está vacía, la habitan productores familiares y asalariados que trabajan en forma permanente. ¿Adónde irán hoy estos pobladores? ¿y adónde irán después de 12 años los trabajadores de Aratirí?
En una entrevista de esta semana, el presidente Mujica se queja de la «burocracia» y luego afirma que el primer cargamento de hierro saldrá en octubre de 2014. La queja es una alusión indirecta a la DINAMA, que ha tenido una actitud decente en este tema. Expertos de Canadá y otros países mineros han dicho que la evaluación de un proyecto como el de Aratirí insume cinco años. En nuestro país, sin antecedentes de este orden, recién lleva poco más de dos años.
Ni suponiendo que la ley se apruebe mañana, se firme también mañana el contrato con Aratirí y se expida rápidamente la autorización ambiental, es factible que mina, mineroducto y puerto estén operando en octubre del año próximo. Coincidentemente, para esas fechas se prevé la conclusión de la planta de celulosa de Montes del Plata, con lo cual miles de trabajadores de la construcción quedarán sin empleo, y estaremos en vísperas de las elecciones nacionales.
En definitiva, los esfuerzos del gobierno están dirigidos a justificar la aprobación de la ley por una mayoría parlamentaria de un solo partido, a otorgar rápidamente la concesión minera a Aratirí y a poder comenzar las obras de construcción que permitan resolver, aunque solo sea una solución transitoria, los problemas inmediatos que generará la desocupación laboral mencionada. ¿Es apropiado tomar de esta manera decisiones clave para el futuro desarrollo del país?
Una decisión de esta envergadura bajo tales circunstancias sociales y políticas configurará una enorme responsabilidad y, por lo tanto, esta historia no termina aquí sino que recién comienza. El MOVUS seguirá reclamando una decisión democrática ante estas alternativas y recurrirá a todos los caminos legales disponibles para hacer escuchar y respetar la voluntad popular”.