La Cámara de Diputados se prepara para aprobar el Proyecto de Ley de Minería de Gran Porte que confiere poderes discrecionales al gobierno en el manejo de las riquezas mineras del país y otorga beneficios extraordinarios a las empresas que, como la minera extranjera Aratirí, solo se propone extraer el hierro de Valentines para venderlo en bruto en el mercado internacional.

La Comisión Especial de Diputados designada para analizar el proyecto de ley decidió hoy no conceder las audiencias solicitadas por diversos ciudadanos y organizaciones sociales y aceptó por mayoría la propuesta con las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores el pasado 13 de agosto y que fuera aprobada exclusivamente con los votos del oficialismo.

El Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) advirtió que esta iniciativa no cuenta con los apoyos políticos y sociales requeridos para una decisión de esta importancia, que se propone un cambio de la matriz productiva del país y que no ha pasado por la consulta a la ciudadanía dado que ningún sector político propuso esta alternativa en los planes electorales del 2008.

Esta ley es ajena a la realidad de un país que posee tierras privilegiadas para la producción de alimentos. Las reservas minerales del Uruguay son pequeñas, la corta duración de la actividad extractiva posible no justifica la destrucción del ecosistema. El proyecto Aratirí es el negocio de una empresa especulativa que solo se propone sacar y exportar el hierro en bruto.

Por la excención del IVA, esta ley habilita beneficios por más de 700 millones de dólares, a lo que se agrega el no pago del impuesto al patrimonio ni de los aranceles de importación y exportación. Mantiene el impuesto a las ganancias (IRAE) y su adicional, pero no evita la subdeclaración y le permite a la empresa descontar las inversiones previas y el canon del adicional del IRAE.

Son un engaño para confundir a la población las declaraciones de quienes afirman que este proyecto de ley impondrá mayores exigencias tributarias a la minería de gran porte. Una actividad que duraría a lo sumo 15 años, no es significativa en nuestra historia y menos cuando se destruye una zona productiva que ha dado y seguirá dando beneficios a sus habitantes y al país.

Este proyecto de ley es altamente inconveniente para el Uruguay y no puede ser aprobado por el simple hecho de contar con una mayoría parlamentaria. Los legisladores son representantes y no dueños de la voluntad de los electores. La ciudadanía está movilizada y se seguirá movilizando para poner en práctica mecanismos de consulta y decisión verdaderamente democráticos.