La Coalición por una Comunicación Democrática, comparte y hace suya, la carta abierta enviada por AMARC – Uruguay, al Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, considerando además que compete al MIEM y a DINATEL la implementación de políticas proactivas, que permitan el desarrollo del incipiente sector comunitario.
Sigue texto del comunicado de AMARC Uruguay
Carta abierta de Amarc Uruguay al Charc y Ursec
Montevideo, 30 de Julio de 2013
Integrantes del Comité Honorario de Radiodifusión Comunitaria (CHARC), Autoridades de la Unidad Reguladora de Servicios en Comunicaciones (URSEC):
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Uruguay (AMARC – Uy) se dirige a ustedes con motivo de expresar el motivo por el cual las organizaciones que la integramos no nos presentamos al llamado a operadores de televisión comunitaria que cierra (cerró) en el próximo 1 de agosto.
AMARC Uruguay es una Red de medios y colectivos comunitarios integrada por más de 20 radios de todo el país, centros de producción radiofónica y audiovisual. Además de la experiencia acumulada que estos colectivos tienen en lo que implica la gestión de un medio comunitario, también es parte de esta red Árbol Televisión Participativa, quienes vienen desarrollando una experiencia de formación y producción de videos comunitarios junto con diversas comunidades de nuestro país, y el único programa de televisión comunitaria existente hasta el momento hacé y mostrá televisión Comunitaria, que se emite semanalmente por TNU y tevé CIUDAD.
Si bien celebramos el proceso de reconocimiento del sector, que se viene realizando desde la aprobación de la Ley 18.232 de Radiodifusión Comunitaria, que contempla el Decreto de Televisión Terrestre -que habilita el llamado a operadores- y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -que está siendo discutida en el Parlamento-, observamos que existen algunas omisiones y contradicciones del Estado en este proceso que deben ser resueltas, ya que resultan serios problemas para las radios, productores y facilitadores audiovisuales, agencias de noticias y demás organizaciones del Sector Social Comunitario, principales razones por las que no es posible su desarrollo hasta el momento.
El Estado uruguayo luego de reconocer el sector en 2008 a través de la regulación de las radios, confirmó ese reconocimiento reservándole un tercio del espectro al regular el proceso de digitalización de la televisión, lo cual significa un desarrollo coherente y apropiado de la legislación nacional y es destacable como mecanismo de armonización de la actividad mediática a través de una gestión del espectro que reconoce los 3 sectores, y así la diversidad de prácticas comunicacionales.
La ley 18.232 que regula la radiodifusión comunitaria es un avance a nivel nacional e internacional ya que reconoce a este sector y lo define con sus características propias, siendo éstos de propiedad y gestión colectiva. Los llevan adelante grupos u organizaciones sin fines de lucro, conformándose como espacios de participación ciudadana, donde se representan diversos intereses: locales, barriales, salud, de una comunidad específica. No realizan proselitismo político ni religioso y de ninguna forma se encuentra limitado su alcance geográfico.
Entendemos que el actual pliego de condiciones para operadores de Tv Comunitaria – al tener las mismas características que el pliego de Tv Comercial – retrocede en este avance fundamental, negando la especificidad y la realidad actual de los medios comunitarios.
Por ejemplo, pedir la ubicación del “control central de datos” – planta emisora, en lugar de, asegurar las instalaciones de Antel y TNU para el desarrollo de estos medios, muestra este desconocimiento y falta de interés.
El decreto de Televisión Digital Terrestre prevé además de la existencia de canales, la posibilidad de que Antel y TNU provean la infraestructura de transmisión a los canales comunitarios, y solo Antel ha hecho público dicho servicio, con una tasa única que no diferencia canales comunitarios y comerciales.
Por otra parte, incluír dentro del plan de comunicación un presupuesto de inversiones y costos operativos, una política de recursos humanos, es negar que los medios comunitarios funcionan a base de militancia de hombres y mujeres que los llevan adelante, que los ingresos que reciben tienen que ver con publicidades locales, con formas creativas que estos colectivos se han dado para seguir existiendo (clubes de socios, peñas, etc), y no con ingresos de una política pública de promoción específica. Quizás en algún momento tengamos que analizar y resignificar nuestras prácticas elaborando planes y estrategias como estas, pero definitivamente no tienen nada que ver con la situación actual.
Para completar la desprolijidad y el desinterés de este llamado en desarrollar realmente una televisión de las comunidades, los criterios de evaluación y puntaje no corresponden con las exigencias que se mencionan a lo largo del pliego.
Aunque resulta obvio, parece importante decir que los medios comunitarios, y sobre todo la TV Comunitaria en Uruguay, tiene un desarrollo por demás incipiente y que necesita de políticas de promoción específicas que posibiliten el mismo. Es un proceso diferente al de las radios, donde al momento de manifestar interés por ondas del espectro comunitario existía una larga trayectoria de radios comunitarias en Uruguay; en este caso no existen canales ni señales funcionando.
Compartimos la visión de que la existencia de un Sector Comunitario puede generar una transformación muy positiva en nuestro sistema de medios y en la sociedad uruguaya en general, pero para eso es necesario generar bases y comenzar un proceso de desarrollo.
Durante la aplicación de la ley 18.232, si bien el Estado ha reconocido la importancia de promoción del sector, no se ha generado ninguna política sostenida en este sentido.
Una regulación que obliga pero que no garantiza derechos, no aporta en ningún sentido al proceso de democratización de las comunicaciones. Menos aún en un contexto, en el que en el mismo proceso de apertura de llamados a canales de tv digital, se privilegia a los históricos dueños de los medios de comunicación comercial, adjudicándoles un canal completo, eximiéndolos de la evaluación del Chai y de la realización de la audiencia pública.
Por todas estas razones, es que ninguno de los colectivos que integran AMARC Uruguay nos presentamos al llamado de tv comunitaria. Seguiremos desarrollando nuestras proyectos, haciendo radio y audiovisuales con la gente, en los barrios, en las comunidades. Inventaremos los modos de desarrollar nuestra televisión. Crearemos como lo hemos hecho siempre, porque nuestros medios surgen de la verdadera necesidad de decir que tenemos los sectores silenciados, y generar así nuevos diálogos sociales.
María Belén Itza – Representante Nacional.
Heber Morena – Legislaciones.
mesanacional@amarcuruguay.org – www.amarcuruguay.org
Fuente: Grupo Medios Sociedad (GMS)