Compartimos la columna del senador Ope Pasquet (Partido Colorado) bajo el título “Actos oficiales y protestas populares”.
“La celebración del 183º aniversario de la jura de la primera Constitución nacional se realizó ayer en condiciones anormales. En prevención de anunciadas protestas de los gremios docentes, se desplegó un dispositivo de seguridad que aisló a las autoridades no sólo de los manifestantes, sino del público en general. No son estas, evidentemente, las condiciones apropiadas para una conmemoración patriótica que debe significar la renovación del compromiso nacional con el ideal del Estado de Derecho, simbolizado por la Constitución originaria.
El mes pasado, la Intendencia Municipal de Canelones optó por cancelar el tradicional desfile que se realiza en la ciudad de Sauce para conmemorar el natalicio de Artigas, por temor a lo que pudiera ser la protesta de los docentes en conflicto.
Y en el mes de febrero de este año, la ceremonia en la que la Suprema Corte de Justicia dio posesión de sus nuevos cargos a un grupo de jueces debió postergarse por más de dos horas, a la espera de que la Policía desalojara del Palacio Piria a un grupo de manifestantes que protestaba contra el traslado de una .jueza impidiendo, de hecho, la celebración del acto.
Estamos asistiendo, por lo tanto, a la reiteración de situaciones en las que chocan o amenazan chocar las protestas y reclamos de diferentes grupos, con la realización de actos oficiales. Las consecuencias de la colisión son que o bien se cancelan los actos, o se realizan de manera distorsionada
Es obvio que las autoridades no pueden ni deben dejar de actuar como tales, cumpliendo sus funciones y celebrando los grandes fastos nacionales como corresponde, sin dejarse intimidar. Y es obvio también que lo anterior es perfectamente compatible con el pleno ejercicio de los derechos de reunión, de expresión del pensamiento y de huelga, que nuestra Constitución reconoce y garantiza a todos los habitantes del país.
El problema está en que, por un lado, hay quienes siguen sin entender que el derecho de cada uno termina allí donde empieza el derecho de los demás, y por otro hay un gobierno que sufre una especie de complejo inhibitorio que le impide el ejercicio de su legítima autoridad. Entre los excesos de algunos y la pasividad de otros, terminamos cancelando fiestas patrias o celebrándolas poco menos que a escondidas.
La reunión de cuatro o más personas “para perturbar con gritos, injurias o amenazas, una reunión pública, o la celebración de alguna fiesta, religiosa o cívica…”, configura una de las modalidades de comisión del delito de asonada y se castiga con pena de tres a nueve meses de prisión (art. 145 del C. Penal). Quizás no lo sepan muchos de los que actúan como si sus reivindicaciones fueran título que los autoriza a insultar e imponerse con prepotencia a los demás; aunque la ignorancia de las leyes no sirve de excusa, no estaría demás que se les recordara que la norma citada está en vigencia.
El gobierno tiene el deber no sólo de cumplir la ley, sino también de hacerla cumplir. Si se preocupa por la defensa de la convivencia y por ello reflota las viejas faltas, entre ellas la que consiste en causar desórdenes en un espectáculo público, con más razón debe aplicar la ley para garantizar la realización pacífica y normal de los actos oficiales. El funcionamiento del Estado no puede depender del talante de grupos de exaltados. El primer requisito para la convivencia ciudadana es la efectiva vigencia del Derecho, y eso es precisamente lo que se pone en tela de juicio cuando se ofrece a la sociedad el deprimente espectáculo de un gobierno arrinconado, que celebra un 18 de Julio a desgana y poco menos que en la clandestinidad”.