Hoy (3 de mayo) celebramos el Día Mundial de la Libertad de Expresión en Uruguay y en el resto del mundo. Es un buen momento para reflexionar sobre el papel que este derecho humano juega en las sociedades y en la lucha por democracias abiertas y participativas. Es un día para solidarizarse y recordar a los periodistas y defensores de derechos humanos que en muchas partes del mundo son perseguidos, encarcelados o asesinados por informar, denunciar o pretender habilitar el debate de ideas.
Aunque en el Uruguay actual no son comunes los casos de persecución ni penalización de la expresión, ayer se supo de un caso de censura en Monte Carlo Televisión Canal 4, por parte de las autoridades del canal, que impidieron la salida al aire de una entrevista realizada al periodista Miguel Nogueira. Condenamos y rechazamos enfáticamente este tipo de acciones violatorias de la libertad de expresión y del derecho a la información, que llevan a cabo, una vez más, los permisarios de una frecuencia que es patrimonio de todas y todos.
Nuestro sistema de medios sigue siendo básicamente concentrado en pocos grupos, privatista, con contenidos de baja calidad y en buena medida extranjeros.
La mayor parte de esos medios reproduce las relaciones de poder que al interior de la sociedad obstaculizan el avance de las libertades y los derechos de diversos colectivos. Aunque la conquista de derechos para las mujeres ha avanzado, los medios siguen discriminando por razones de género; aunque se acaba de legalizar el matrimonio igualitario, ni la programación ni la publicidad reflejan cabalmente la diversidad de formas de vivir la sexualidad que se encuentran en la sociedad; siguen siendo demasiadas las coberturas periodísticas que ignoran los derechos de los sectores más vulnerables, como niños, niñas y adolescentes en situación de desventaja, personas con discapacidad, personas trans o sectores desplazados.
Democratizar la comunicación, permitir el acceso de todas y todos en condiciones de igualdad y no discriminación a las distintas plataformas de la comunicación, promover la diversidad y el pluralismo en el sistema de medios, derogar la legislación de medios aprobada en la dictadura militar y aprobar una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, son tareas impostergables.
En una democracia no puede ser por decreto que se regule el sistema de medios, por eso es imprescindible que cumpliendo con la palabra dada y los compromisos asumidos el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El advenimiento de la televisión digital significa una oportunidad única para abandonar la lógica actual que rige el sistema de comunicación, en tanto permite albergar más actores, posibilitando más pluralidad, diversidad e igualdad en la comunicación. En consideración de esto, el Estado tiene la obligación, asumida en convenciones internacionales de promover la diversidad cultural y libertad de expresión, de velar por que esta transición se haga respetando estándares de acceso a las frecuencias en condiciones de pluralismo e igualdad.
Sin embargo, desde el 2010 a la fecha, el Poder Ejecutivo ha tenido en relación al sistema de medios y su democratización una política errática, dilatando la adopción de decisiones claves para lograr esos objetivos. Se comprometió a enviar al Parlamento para su consideración en 2011 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cosa que a la fecha aún no ha sucedido, pese a que se completó un proceso participativo y abierto para elaborar la primera ley de servicios de comunicación de la democracia.
También ha sido errática la implementación de la transición de la televisión analógica a la televisión digital, una herramienta central para abrir el sistema de medios. Si bien el Ejecutivo aprobó en mayo de 2012 un primer decreto bajo estándares que respetan el derecho a la libertad de expresión, destinado a llamar a concurso para la asignación de 6 canales multiplex comerciales, 3 públicos y 2 comunitarios, esa idea fue lentamente recortada.
Otro decreto se aprobó el 31 de diciembre violentando el principio de igualdad constitucional y estableció un doble criterio para la asignación de frecuencias que, hay que precisar, supone nuevas autorizaciones para prestar nuevos servicios. Los aspirantes a un canal tendrán que pasar por concurso, audiencia pública y sus propuestas evaluadas por una Comisión Asesora, pero los actuales operadores quedan exonerados de estos requisitos.
Por eso, en el Día Mundial de la Libertad de Expresión, insistimos en la necesidad de la reapertura de los llamados para emitir en TV digital para todos los sectores: comunitario, privado y estatal y exigimos que los procesos se den en forma transparente y en igualdad de condiciones para todos los interesados.
También es imperioso que, como en otros campos, el Parlamento aborde una ley de servicios de comunicación audiovisual integral, que establezca una institucionalidad apropiada para exigir el respeto de los derechos de todas y todos en los medios de comunicación, así como un efectivo apoyo del Estado al desarrollo de medios públicos y comunitarios independientes.
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