La Coalición por una Comunicación Democrática celebra el envío del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) al Parlamento. Como se reclamó en varias oportunidades, la primera ley de comunicación de la democracia debe ser ampliamente conocida y debatida en el ámbito parlamentario, el lugar adecuado para decidir sobre los derechos constitucionales en juego.

El proceso de elaboración de las bases de una LSCA se inició en 2010 con la conformación de un Comité Técnico Consultivo convocado por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y contó con la participación de una diversidad de actores vinculados a la comunicación, asociaciones de propietarios de medios, asociaciones de publicistas, asociaciones de productores, academia, y organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba la Coalición por una Comunicación Democrática. Los debates, documentos y conclusiones de ese espacio fueron públicos, tuvieron un amplio margen de acuerdo y están disponibles para todos en la web de DINATEL. Por este motivo, la Coalición criticó en varias oportunidades el largo período de tiempo que medió entre aquel proceso y la elaboración del proyecto de ley definitivo por parte del Poder Ejecutivo.

El hecho de que por primera vez desde restauración democrática, el Parlamento discuta una legislación para los medios de comunicación, es un hecho significativo para la calidad democrática. Por otra parte, el nivel de discusión y elaboración con el que llega el proyecto de ley, abre la expectativa de que sea posible avanzar rápidamente en la discusión y aprobación del texto.

Un primer análisis del proyecto enviado al Parlamento permite aventar los fantasmas que se agitan sobre la violación de libertades fundamentales con la aprobación de la LSCA. Sin perjuicio de que la Coalición realizará un estudio en profundidad del proyecto, no se observan en el mismo, disposiciones que suponga una intromisión del Estado en los contenidos informativos, ni mecanismos de censura indirecta o condicionamientos al trabajo de los medios y los periodistas.

En ese sentido, es necesario recordar que la legislación vigente es la que violenta todos los principios y fundamentos del derecho internacional de los derechos humanos. Son conocidos los niveles de concentración del sector privado de la comunicación, la existencia de testaferros que concentran más cantidad de medios que los permitidos por ley, la poca eficiencia de la autoridad regulatoria, la violación de derechos de distintos colectivos que ocurren en los principales medios y el abuso en la exposición publicitaria, entre otros aspectos.

En ese sentido, el actual proceso de asignación de las frecuencias para emitir en televisión digital demuestra la necesidad de una regulación democrática.

Si bien el decreto que regula la asignación de estas frecuencias respeta varios estándares de diversidad y pluralismo (al establecer frecuencias con plazos, tres sectores en la comunicación y concursos públicos), la coalición sigue reclamando por la igualdad de condiciones para evaluar las ofertas de todos los oferentes a emitir en la televisión digital, incluyendo a los actuales operadores.

Por esto, una vez más, volvemos a reclamar el rápido tratamiento de este proyecto en el parlamento y su aprobación en este periodo de gobierno.

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