A pesar de los cuestionamientos recibidos y de la oposición a la megaminería en amplios sectores de la sociedad, la mayoría de la Cámara de Diputados ha decidido reunirse en forma extraordinaria, el miércoles 17 de abril, a la hora 10 am., para tratar el Proyecto de Ley de Minería de Gran Porte.
Ante la comisión que analizó este proyecto de ley, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) planteó la necesidad de una amplia discusión en nuestra sociedad para decidir si los uruguayos queremos o no la megaminería metalífera a cielo abierto porque ningún partido político había planteado esa opción hasta ahora y para tomar una decisión de esta envergadura es necesaria una elección o un plebiscito nacional.
En esa instancia el MOVUS planteó las siguientes objeciones a este proyecto de ley:
1) El proyecto de ley a consideración del Parlamento es ajeno a la realidad del país. Uruguay posee un sistema natural de tierras privilegiado en el mundo, sus yacimientos minerales son pequeños y de escasa concentración. La minería a cielo abierto en gran escala destruye en forma irreversible y entonces, por un negocio de 12 a 15 años, estaríamos hipotecando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos.
2) La destrucción del ecosistema y la corta duración de la actividad han sido reconocidas por las autoridades económicas en la comisión legislativa que estudió este proyecto. Ese ritmo de extracción es depredador no solo en la zona minera, también está asociado al mineroducto y el puerto de aguas profundas, que afectarán otros departamentos.
3) Destrozar un territorio productivo y poblado por un negocio de ocasión, no es la manera de gobernar el país. Se violaría el Artículo 47 de la Constitución de la República. Hay un solo proyecto de minería de gran porte posible en Uruguay, que es el proyecto Aratirí de Zamin Ferrous, y resulta obvio que esta ley está hecha para ese proyecto.
4) Zamin Ferrous es una empresa creada en 2005, con sede en un paraíso fiscal, que no cuenta con antecedentes de explotación minera y acostumbra falsear la información al público. Fue creada para aprovechar la especulación financiera internacional con las materias primas y los metales. Pero es peor aún, el proyecto propone que el titular de la concesión sea una entidad financiera, un fondo de inversión, no la empresa minera.
5) En caso de un litigio con la minera, el proyecto de ley traslada la resolución del conflicto a la jurisdicción internacional, donde las empresas extranjeras tienen mayor respaldo, como está pasando hoy con el juicio de la tabacalera Philip Morris contra Uruguay.
6) El gobierno y la empresa se quieren reservar la confidencialidad de sus acuerdos. Los contratos de inversión del gobierno con empresas extranjeras, salvo datos particulares, deben ser de conocimiento público. El gobierno es el administrador de la cosa pública, no es el dueño del patrimonio nacional, que pertenece a todos los uruguayos.
7) Se divulgan grandes cifras sobre el aporte económico de este proyecto para el país, pero lo que le quitan a la minera de un lado, se lo entregan por el otro con estímulos y beneficios. Una actividad que duraría a lo sumo 15 años, porque no hay mayores riquezas minerales y porque cada vez hay mas noticias de agencias especializadas hablando de una baja de los precios de los metales en los próximos años por superproducción, no es significativa en la historia de un país y menos cuando se destruye una zona productiva que ha dado y seguirá dando beneficios a sus habitantes y al país.
Consideramos por tanto que este proyecto de ley es altamente inconveniente para el país y no puede ser aprobado por el hecho de contar con una mayoría parlamentaria. Los legisladores son representantes y no los dueños de la voluntad de los electores.
Por todo ello, convocamos a la ciudadanía a concurrir a la sesión de la Cámara de Diputados del próximo miércoles 17, desde las 10 horas en adelante, para expresar la oposición a este proyecto.
Fuente Imagen: minería.com.uy