Compartimos la inquietud del líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga respecto a la situación del Fideicomiso de Pluna.

“Exclusivamente con los votos del Frente Amplio el Parlamento aprobó la ley N°18.931 por la que se creó el fideicomiso de Pluna y con posterioridad la ley N° 19.057 por la que se pretendió solucionar el lamentable episodio de la subasta frustrada de los aviones.

Esas leyes habilitaron al Poder Ejecutivo a disponer a través de un fideicomiso de los aviones, que eran el principal activo de la ex compañía aérea. En el patrimonio fiduciario se encuentran hoy los 7 aviones que el Poder Ejecutivo pretendió subastar en un episodio que solo la Justicia penal podrá aclarar, ya que las explicaciones del gobierno ante la opinión pública y el Parlamento han sido oscuras y contradictorias. Asimismo, en el patrimonio fiduciario – o vaya a saber uno en que cuenta bancaria-, se deberían encontrar los U$S 13.600.000 que pagó el BROU como avalista de COSMO y sus mandantes ocultos. Descontados los honorarios de la Asociación de Rematadores, el patrimonio fiduciario debería estar hoy integrado por más de 12 millones de dólares en efectivo y 7 aviones bombardier. Se trata de un activo de que según las cuentas del gobierno superaría los 100 millones de dólares y que pertenece a todos los uruguayos. (La hipoteca de los aviones a favor de Pluna Ente Autónomo garantiza un monto de U$S 136 millones). Sobre esa base, es razonable pensar que los aviones que el Poder Ejecutivo maneja con tanta ligereza, deberían valer por lo menos 100 millones, a lo que se suman los 13 millones pagados el BROU. Lo que nos preocupa ahora, es que estos activos están siendo administrados fuera de todo tipo de contralor, ya sea del Tribunal de Cuentas de la Republica, de la Contaduría General de la Nación y del propio Parlamento.

Al mismo tiempo, el Presidente de la República declaró días pasados que existe un riesgo importante de que los aviones transferidos al fideicomiso y que se pretenden dar en arrendamiento a la cooperativa formada por los ex trabajadores de Pluna sean embargados por la Justicia brasilera cuando comiencen a volar. Bastante tarde advirtió el Poder Ejecutivo este hecho ya que se lo anunciamos desde Alianza Nacional una y otra vez en el Parlamento, en ocasión de la aprobación de la Ley 18.931 en julio del 2012. Estaba en la tapa del libro que la disposición establecida en el art. 2° de la ley de referencia, cuya finalidad era blindar esos activos de los acreedores de PLUNA S.A., de nada serviría en el exterior y menos en el Brasil. La norma en cuestión dispuso que: “En caso de que PLUNA estuviera en situación de concurso, los Bienes fideicomitidos transferidos de PLUNA al fideicomiso, quedarán separados de la masa activa, no pudiendo ser objeto de acción de revocación de especie alguna por parte del síndico o del interventor, quedando excluidos de cualquier acción de persecución de los mismos por los acreedores concursales. Los bienes fideicomitidos (los aviones) serán transferidos libres de gravámenes embargos e inhibiciones de especie alguna – con excepción de la hipoteca a favor de Pluna Ente Autónomo – estando el Fiduciario legitimado para promover el levantamiento, en vía judicial, de cualquier gravamen embargo o interdicción que pudiera existir sobre los mismos.”

Nadie en su sano juicio puede pensar que si mañana alguno de estos aviones fueran arrendados a los trabajadores de Pluna, son embargados y secuestrados por la Justicia brasilera en algún aeropuerto extranjero, el Fiduciario podría presentarse en Brasil invocando con alguna chance de éxito el art 2° de la Ley nacional N° 18.931 para exigir en base a esta disposición nacional el levantamiento del embargo y la liberación de la aeronave.

Al parecer, ahora el Presidente de la República habría anunciado que para sortear este escollo legal, se comprarían 4 o 5 aviones nuevos para que sean explotados por la cooperativa de trabajadores.

Si bien hace años no ejerzo como abogado, recuerdo que en derecho existe una máxima que dice: “lo que no puede hacerse en forma directa tampoco puede hacerse en forma oblicua” y por eso me asustan estos inventos jurídicos del Poder Ejecutivo que en lo que refiere a Pluna, han resultado a cual peor.

No pretendo con esta carta criticar sino construir para cuidar los más de 100 millones de dólares que pertenecen al pueblo uruguayo, y por eso me permito plantear las siguientes interrogantes:

a) ¿Dónde están los 13 millones de dólares que pagó el BROU por cuenta de “Cosmo”?

b) ¿Quién los administra, bajo qué controles y cuál es el destino público que habrá de dárseles? No sea cosa que dentro de un año nos enteremos que se gastaron por orden del fideicomiso en sueldos y honorarios de asesores.

c) ¿Qué va a pasar con los aviones de Pluna y cuál va a ser la forma como el Estado se va a asegurar que los nuevos aviones que sustituyan a los viejos, no sean embargados?

d) ¿Con qué fondos se van a pagar los 4 o 5 aviones que se pretenden comprar para arrendárselos a la cooperativa de trabajadores?

e) ¿Qué rol va a tener el Estado en el nuevo emprendimiento y qué responsabilidad patrimonial habrá de asumir frente a terceros?. No sea cosa que en unos años estemos de nuevo pagando los pasivos asumidos por la nueva empresa

f) Por último, ¿Qué seguridad jurídica va a tener el pueblo uruguayo de que en el futuro los trabajadores de Pluna a los que hoy se les va a suministrar el capital para formar una nueva empresa aérea, si fracasan, no reclamen un solo peso contra el Estado?

Esperemos que el Poder Ejecutivo esta vez haga las cosas con más cuidado, porque los errores de hoy los van a pagar nuestros hijos.

Jorge Larrañaga.