Coalición por una Comunicación Democrática a la espera de concreción del anuncio hecho por el MIEM a la Institución de Derechos Humanos sobre reapertura del llamado a interesados en servicio de televisión digital
El ministro de Industria Energía y Minería (MIEM), Roberto Kreimerman aseguró que este mes se reabrirá el llamado a operadores de televisión digital comercial, suspendido hasta ahora por un decreto del 23 de enero. La respuesta surge a raíz de la denuncia que la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) presentó ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).
En la denuncia la coalición expresa su preocupación por la suspensión del llamado por tiempo indefinido y valora como una falta grave que se interrumpa este proceso histórico en la televisión nacional que permitirá incluir nuevos actores y, por lo tanto, dotar de más pluralidad y garantías al sistema de medios uruguayo.
En la respuesta a la INDDHH, Kreimerman recordó que la suspensión del llamado se hizo con el objetivo de “propender la más amplia concurrencia, garantizando la amplia participación de los postulantes interesados en presentarse al llamado”, y agrega que “está previsto reanudar el proceso en el mes en curso”.
El ministro también se refirió a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), considerada necesaria por la CCD “para sustituir la actual ley de radiodifusión aprobada durante la dictadura, y que violenta estándares de libertad de expresión pluralismo y diversidad”. Kreimerman aseveró que la ley se encuentra en etapas finales de elaboración: “es intención del MIEM elevar el proyecto a consideración de la Presidencia de la República y del consejo de ministros a la brevedad a fin de que una vez aprobado sea remitido al poder legislativo”.
En su ocasión la CCD había resaltado como hecho negativo “una serie de vaivenes en torno a la política de comunicación impulsada desde el Poder Ejecutivo”. La coalición recordó que en el primer año de gobierno se estableció un Comité Técnico Consultivo para elaborar las bases de una ley SCA”, pero que, cuando el comité estaba por redactar el informe final, “el presidente de la República hizo declaraciones públicas en el sentido de desestimar este aporte”.
Otro de los vaivenes en materia de política de comunicación lo constituye el decreto del 31 de diciembre que regula la transición de la TV analógica a la digital. Este decreto (que a su vez modifica otro de mayo de 2012) establece diferencias de criterios entre los actuales operadores (canales 4, 10 y 12) y los nuevos interesados que se quieran presentar. La norma exime a los actuales operadores de pasar por concurso abierto y comparecer ante audiencia pública como sí lo tiene que hacer todo nuevos operadores; es decir, a los tres canales se le asegura la transición sin mayores requisitos ofreciéndoles un canal completo de 6 Mhz, lo cual en los hechos puede significar varias señales de televisión, dadas las posibilidades que ofrece la digitalización.
La CCD destaca que tal situación “rompe la igualdad constitucional, el principio de transparencia, genera un privilegio para tres grupos empresariales y pone en desventaja a los eventuales oferentes”. Sin embargo, Kreimerman, al responder a la Institución Nacional de Derechos Humanos defiende el decreto del 31 de diciembre y el trato diferenciado entre los actuales operadores y los nuevos. Además, relega los objetivos de diversidad y pluralismo a segundo plano, otorgando ventajas en el acceso a la oferta a los mismos operadores que han concentrado los medios hasta hoy.
Explica que, en consideración de que se parte de puntos disímiles (en un caso los operadores que tienen frecuencias hace 50 años y en otro futuros interesados sin eventualmente tanta experiencia), no se rompe el principio de igualdad; lo único que se hace es tratar “de forma diferencial a quienes no son iguales”. Cabe recordar que este trato diferencial también fue objetado por la Comisión Honoraria Asesora Independiente, designada por el propio Poder Ejecutivo para asesorarlo en esta materia.»
El Poder Ejecutivo por su parte, fue mucho más escueto en su respuesta a la Institución Nacional de Derechos Humanos que el MIEM. En un texto firmado por Homero Guerrero, secretario de la Presidencia, se repiten los argumentos esgrimidos el 23 d enero para suspender el llamado (“propender la más amplia concurrencia, garantizando la amplia participación de los postulantes interesados en presentarse al llamado”), pero no se hace ningún tipo de anuncio en cuanto a si el presidente de la República firmará o no una resolución reabriendo el proceso de concurso.
La Coalición se encuentra elaborando un documento con observaciones a las respuestas enviadas a la INDDHH por parte del MIEM y Presidencia, y recuerda, que en tanto no se abra el llamado a interesados, el transcurso del tiempo favorece a los operadores históricos, sabedores de que a partir del 26 de octubre no se podrán hacer asignaciones de frecuencias hasta un año después de cumplido el acto electoral.
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