“La necesaria revisión de la minería se da a partir del reclamo de Lacalle Pou, la triple interpelación y el ámbito multipartidario, pero resultan insuficientes las garantías ambientales” sostuvo el diputado Gerardo Amarilla (Aire Fresco) en medio del debate del proyecto denominado de Minería de Gran Porte.
La iniciativa fue aprobada el miércoles 17 de abril por 56 votos a favor (Frente Amplio, Partido Independiente y seis legisladores nacionalistas), y 36 en contra.
El diputado Amarilla (PN) sostuvo que más allá de reconocer el “ámbito multipartidario y los aportes de los integrantes del Partido Nacional” cuestionó la filosofía misma en la que se basa la normativa propuesta por la que se entiende a la actividad minera como prioritaria y hasta preferencial respecto a otras actividades productivas. Amarilla sostuvo que “Se considera a la riqueza minera como superior y de mayor valor que otras riquezas naturales en nuestro territorio”.
El legislador nacionalista se preguntó “¿Cuánto vale preservar un acuífero subterráneo o un curso superficial de agua? o ¿Cuánto vale poseer y explotar sustentablemente una hectárea de suelo fértil?” agregando que “Esta ley no nos brinda garantía para poder tener opciones de autorizar o no las explotaciones mineras, sin tener especial atención o cuidado por el agua, el suelo o la diversidad que pretendamos proteger”.
Amarilla recordó que en los cuestionamientos realizados en la interpelación se planteó la preocupación por “las zonas de relevancia ambiental, que pueden ser afectadas irreversiblemente como la Reserva de la Biosfera de Unesco o el área sometida bajo la protección de la Convención de Ramsar para la preservación de humedales”. Agregó que “Ese planteo sigue vigente así como el resto de las zonas de valor ambiental, incluidas o en estudio para incluir, en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas”.
El legislador también cuestionó la cláusula que establece confidencialidad ya que puede generar “falta de transparencia”-
Amarilla cuestionó duramente un artículo del proyecto por el que es establece el Arbitraje Internacional en eventuales conflictos entre el Estado y las empresas, expresando que “resulta más que cuestionable, la renuncia legal que se hace por este proyecto de ley a que el Estado entregue su soberanía para resolver diferendos con las empresas multinacionales, confiando estos a tribunales internacionales”. Agregando que la “Rechazamos esa postura como nacionalistas pero sobre todo porque se trata sobre diferendos que se pueden dar con respecto a la defensa de recursos naturales de nuestra tierra”.
El legislador nacionalista culminó su intervención sosteniendo que por esta norma están en juego “ la protección de los recursos naturales, el desarrollo sustentable y el Uruguay Natural” y recordó la frase José Artigas “No venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad”.