• La expulsión sumarísima y sin garantías legales fue ejecutada por el Gobierno del Partido Popular español y amparada por el Gobierno uruguayo.
• El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas sostiene que la decisión política, ya ejecutada, causa “daños de muy difícil reparación” para el activista.
Salto, 12 de marzo de 2013. El Juzgado Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas, Islas Canarias, ha decidido dejar sin efecto la expulsión del territorio español del activista social José Morales Brum, al entender que el acto administrativo llevado a cabo por el Gobierno español (Partido Popular) y secundado por el Gobierno uruguayo, no se ajusta a derecho y es contrario a la Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en materia de expulsión de extranjeros.
En un Auto de fecha 25 de febrero del corriente año, este Juzgado accede a la solicitud del demandante y deja sin efecto la expulsión del territorio español del ciudadano uruguayo.
La jueza Esperanza Ramírez Eugenio ordenó que su decisión sea comunicada a la Delegación del Gobierno español en Canarias para que disponga su inmediato cumplimiento, librándose para ello el correspondiente oficio.
Este Juzgado sostiene que “en el presente caso queda acreditado un verdadero arraigo” de José Morales en Canarias “ya que el demandante ha contado con permiso de residencia y trabajo en vigor y es padre de una niña menor de edad y de nacionalidad española”, que reside en la isla de Lanzarote.
Además, el Juzgado recuerda que hay que tener presente la Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en materia de expulsión de extranjeros que “mantiene una actitud favorable a suspensión de las resoluciones administrativas que le ordenan cuando una persona afectada tiene arraigo en España”, ya que “la expulsión puede causar al interesado daños de muy difícil reparación”, se indica en el Auto.
La jueza “no considera que la permanencia de José Morales en territorio español, durante la tramitación de este procedimiento pudiera causar algún grave y concreto perjuicio al interés general, no pudiendo los meros referentes policiales justificar la ejecución inmediata de la expulsión”, se señala.
Por su parte el activista social, oriundo de Villa Constitución, Salto, ha expresado su satisfacción por esta decisión judicial, publicando a través de las redes sociales el siguiente texto: “Tenía que llegar y llegó. La mejor noticia que tenía que venir con los aires del alisio de mi patria Canaria acaba de llegarme. Sin duda la emoción es tan grande que las lágrimas empañan mi vista pero son lágrimas de alegría, de emoción por el convencimiento en que jamás he cometido delito alguno y que jamás he sido condenado como tantas veces lo han repetido muchos adalides del Gobierno español”, señaló.
Cabe recordar que el activista fue detenido el 12 de junio del pasado año, a raíz de una orden expresa del Sub Delegado del Gobierno español en Canarias, en la isla de Tenerife, y expulsado a nuestro país lugar al que ha sido escoltado por dos policías españoles y forzado a entrar en territorio nacional por la Interpol, unidad dependiente del Ministerio del Interior.
La orden de expulsión se dio luego de que el activista participara en una concentración espontanea frente a la sede del Partido Popular de Lanzarote para manifestarse contra la decisión del Gobierno español de conceder a la multinacional Repsol los permisos de extracción de petróleo de aguas canarias.
En su momento Morales Brum denunció por activa y por pasiva que era objeto de una deportación ilegal y se ha dirigido a las más altas autoridades nacionales para solicitar que el Gobierno uruguayo enseñe la preceptiva orden judicial que debe de acompañar a los ciudadanos expulsados de España, sin que hasta el momento se le haya respondido.
Tras la ejecución de la expulsión sumarísima, decenas de organizaciones políticas, sindicales, vecinales, sociales y ecologistas han denunciado en España y en el ámbito internacional que la decisión política del Gobierno de España carece de respaldo jurídico.
Personalidades como la actriz española Pilar Barden, el actor español Willy Toledo, el cantante canario Luis Morera, la actriz canaria Saida Santana, la activista saharaui Aminetu Haidar, la destacada periodista Yolanda Sobero y cientos de personalidades más se han solidarizado con el activista y le han hecho llegar su apoyo.
A nivel nacional, tanto el PIT-CNT como la delegación en Uruguay de la Federación Sindical Mundial, la Asociación Idas y Vueltas, y la Plataforma de Apoyo al Migrante, entre otras organizaciones, han condenado la acción del Gobierno español y se han solidarizado con Morales Brum.
En el ámbito local, el Municipio de Villa Constitución, aprobó por unanimidad de sus Concejales, una Declaración Institucional de a poyo al activista y su familia, condenando el proceder del Gobierno español. Esta Declaración fue enviada al Presidente de nuestro país, José Mujica, a los Ministerios de Interior y de Relaciones Exteriores, y a la Embajada de España en Uruguay.