Compartimos la columna del legislador José Carlos Mahía (Frente Amplio) en referencia a la situación de la ex Estación Central, bajo el título “La herencia maldita”.
“Allá por 1996 el Uruguay asistía a un lanzamiento con la pompa y el boato propios de aquellos que pensaban que iban a gobernar para siempre.
Era el Plan Fénix, que anunciaba inversiones multimillonarias para una zona de Montevideo hasta hoy bastante deprimida, para la zona de la Aguada.
Se anunciaba un nuevo programa urbanístico que incluía la transformación de la Estación Central, el desarrollo de edificios de apartamentos, un Hotel, un Shopping, de todo.
Eso fue lo que anunciaron, lo que hicieron con exclusivos recursos del Estado fue la Torre de Antel, por cierto una joya.
Así pues la derecha que nos miraba por encima del hombro, que consideraba al Frente Amplio como un eterno menor de edad que sólo tenía derecho al pataleo generó, no sólo una promesa incumplida más, sino posiblemente uno de los peores juicios contra el Estado que se conozca.
El asunto es así: en 2001 una de las empresas de Barboni ( Glenby S.A.) realiza un acuerdo por el que mediante un pago previo de 250 mil dólares le habilitaba a obtener en concesión por 30 años la ex Estación de trenes y playa de maniobras de AFE con el objeto de desarrollar un “emprendimiento que incluía cinco torres de apartamentos, otra de oficinas y un hotel”.
Ahora que fue lo que pasó: algo muy extraño, el Estado através de SADUF (S.A.), empresa creada por el Banco Hipotecario de la época para hacerse cargo del asunto, NO ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA EL BIEN RECLAMADO POR EL EMPRESARIO Y ESTE NO PAGA LA SEGUNDA CUOTA QUE DEBÍA ENTREGARSE AL AÑO SIGUIENTE.
Fue sencillo, más o menos así, el último día del plazo para entregar el bien el empresario fue con un escribano, sacó el boleto para uno de los últimos trenes que viajaban entonces y dejó constancia que la Estación de trenes aún estaba en funcionamiento y por lo tanto no podía hacerse del bien.
En consecuencia le reclamó al Estado con los dos pies juntos: US$ 1000 MILLONES que naturalmente salen del erario público, o sea de su bolsillo.
Según informa el diario El País hoy “las sentencias de primera y segunda instancia le dieron la razón a Barboni, tras lo cual el Estado presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que en la última instancia también falló a favor del empresario.”
A comienzos de 2006 en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados se analizaron todas estas irregularidades y otras de menor calibre.
Pero este caso entonces estaba en manos de la Justicia por lo que lo que se investigara a nivel parlamentario y saliera a luz entonces podía constituirse en eventuales elementos a ser utilizados en contra del Estado.
Ahora, unos años después sería bueno dejar planteadas una serie de preguntas que todos podríamos formularnos:
Cuál fue la razón que llevó a los representantes del Estado a entregar después del plazo un bien al cual se había comprometido entregar en fecha?.
Le competen responsabilidades civiles o penales a quienes así actuaron?.
Los medios comunicación que tanta atención ocuparon en el tema de Pluna se ocuparan en igual proporción en un juicio que puede costarle 5 veces más al Estado?.
Seguirán con cámaras y micrófonos a los caballeros de la derecha que fueron responsables de este despropósito?.
Actuara de oficio la justicia para saber cómo y por que el Estado puede llegar a perder esta cifra histórica?.
Era un desconocido el empresario Barboni para las autoridades del BHU de la época?.
Según dice la crónica de El País ‘las características del caso y el monto reclamado, el proceso de liquidación de la sentencia puede demorar años.”
Ojala el daño sea mínimo, infinitamente menor al reclamado, pero sea lo que sea son recursos que deberá disponer el Estado.
Recursos que seguro pueden faltar para políticas sociales, para empleo. Serán esas las medidas anticíclicas de las que habla la oposición?.
Herencia maldita, pura y dura».