El primero de su tipo, el Fondo administrado por el BID proporcionará valiosos recursos adicionales para los principales proyectos de desarrollo públicos y privados del sector

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Popular de China (PBC) aprobó el Fondo Chino de Co-financiamiento para América Latina y el Caribe, para apoyar proyectos del sector público y privado que promuevan el crecimiento económico sostenible en la región.

El Fondo, primero de ese tipo establecido por China y un banco multilateral de desarrollo, proporcionará capital para complementar los recursos propios del BID para proyectos destinados a mitigar la pobreza y reducir la desigualdad, fomentar la inversión del sector privado, mejorar la competitividad y el bienestar social, y apoyar programas para mitigar los impactos del cambio climático y promover una mayor igualdad de género.

“China es un socio clave para la misión del Banco de reducir la pobreza y la desigualdad en la región”, dijo el presidente del BID, Luis Alberto Moreno. «Este acuerdo es otro ejemplo de nuestros esfuerzos para promover una mayor cooperación Sur-Sur y reducir las brechas de financiamiento en sectores con alto impacto en el desarrollo y mejorar el impacto social y económico de nuestros proyectos. Servirá como punto de referencia para futuros modelos de cooperación con China y otros países”.

En asociación con el BID, China espera canalizar sus recursos hacia la financiación de proyectos de desarrollo que requieren financiación adicional para hacerlos viables.

La propuesta de una contribución de $2.000 millones por parte de China se utilizará para cofinanciar un total de hasta $500 millones de préstamos del BID y del sector público de hasta $1.500 millones para préstamos otorgados por el Banco a entidades del sector privado. Cofinanciación de los recursos del Fondo se utilizarán para complementar los préstamos del BID, sujeto a límites preestablecidos. Los fondos procedentes de China estarán disponibles durante los próximos tres años para proyectos del sector público y los próximos seis años para las no-operaciones con garantía soberana.