En su comparecencia hoy ante la comisión parlamentaria que analiza el proyecto de ley de minería de gran porte, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) planteó que, antes de una decisión legislativa, se debe dar una amplia discusión en la sociedad uruguaya para que la decisión sea tomada en una instancia nacional, ya sea en elecciones o en plebiscito, debido a la importancia de este tema.
Somos un agrupamiento de ciudadanos y asociaciones de productores rurales, sindicatos, centros de estudios, investigadores, docentes, académicos, grupos de vecinos y personas preocupados por las consecuencias de estos proyectos en el país.
El MOVUS considera que una ley que pretende regular una actividad económica que modificaría sustancialmente la matriz productiva del país, como sus impulsores lo proponen, debe ser objeto de una discusión amplia e informada de toda la sociedad. En las últimas elecciones nacionales, ninguno de los partidos políticos incluyó en su programa o en sus propuestas un cambio de estas dimensiones.
Tres marchas multitudinarias en la capital, reflejadas por la prensa nacional, tres marchas en el interior, una en Cerro Chato y dos en Treinta y Tres, los departamentos de Lavalleja, Treinta y Tres, Tacuarembó y Rivera con miles de firmas recogidas para decidir en un plebiscito si se acepta o no la minería metalífera a cielo abierto en su territorio, ¿no son muestras suficientes de que la sociedad uruguaya quiere decidir sobre el tema?
Objeciones al proyecto de ley
1) El proyecto de ley a consideración del Parlamento es ajeno a la realidad del país. Uruguay posee un sistema natural de tierras privilegiado en el mundo, sus yacimientos minerales son pequeños y de escasa concentración. La minería a cielo abierto en gran escala destruye en forma irreversible y entonces, por un negocio de 12 a 15 años, estaríamos hipotecando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos.
2) La destrucción del ecosistema y la corta duración de la actividad han sido reconocidas por las autoridades económicas en la comisión legislativa que estudia este proyecto. Ese ritmo de extracción es depredador no solo en la zona minera, también está asociado al mineroducto y el puerto de aguas profundas, que afectarán otros departamentos.
3) Destrozar un territorio productivo y poblado por un negocio de ocasión, no es la manera de gobernar el país. Se violaría el Artículo 47 de la Constitución de la República. Hay un solo proyecto de minería de gran porte posible en Uruguay, que es el proyecto Aratirí de Zamin Ferrous, y resulta obvio que esta ley está hecha para ese proyecto.
4) Zamin Ferrous es una empresa creada en 2005, con sede en un paraíso fiscal, que no cuenta con antecedentes de explotación minera y acostumbra falsear la información al público. Fue creada para aprovechar la especulación financiera internacional con las materias primas y los metales. Pero es peor aún, el proyecto propone que el titular de la concesión sea una entidad financiera, un fondo de inversión, no la empresa minera.
5) En caso de un litigio con la minera, el proyecto de ley traslada la resolución del conflicto a la jurisdicción internacional, donde las empresas extranjeras tienen mayor respaldo, como está pasando hoy con el juicio de la tabacalera Philip Morris contra Uruguay.
6) El gobierno y la empresa se quieren reservar la confidencialidad de sus acuerdos. Los contratos de inversión del gobierno con empresas extranjeras, salvo datos particulares, deben ser de conocimiento público. El gobierno es el administrador de la cosa pública, no es el dueño del patrimonio nacional, que pertenece a todos los uruguayos.
7) Se divulgan grandes cifras sobre el aporte económico de este proyecto para el país, pero lo que le quitan a la minera de un lado, se lo entregan por el otro con estímulos y beneficios. Una actividad que duraría a lo sumo 15 años, porque no hay mayores riquezas minerales, no es significativa en la historia de un país y menos cuando se destruye una zona productiva que ha dado y seguirá dando beneficios a sus habitantes y al país.
Por todas estas razones, consideramos que este proyecto de ley es inconveniente para el país. Antes de cualquier decisión, debemos asegurarnos que la sociedad sea informada y pueda debatir ampliamente si es esto lo que queremos para el Uruguay. Si el Parlamento no escucha este reclamo, habrá que recurrir a otros caminos de respeto por las leyes y por el derecho de los uruguayos a decidir democráticamente su destino.