Declaración de la FEUU ante el traslado de la Jueza Mariana Mota del ámbito penal al civil.

A la opinión pública:

Desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), en consonancia con el artículo segundo de la Ley Orgánica de la Universidad, la cual nos obliga como universitarios a “defender los valores morales, y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno”, y haciendo honor a las más caras tradiciones del movimiento popular de nuestro país, creemos necesario hacer pública la opinión del movimiento estudiantil ante el traslado del ámbito penal al civil de la Dra. Mariana Mota.

La doctora Mariana Mota se ha desempeñado durante cuatro años en materia penal, tiempo que ha utilizado para especializarse en Derechos Humanos, a partir de su experiencia en la investigación de crímenes cometidos bajo el Terrorismo de Estado. Con más de 50 causas a su cargo, La Dra. Mota ha desarrollado en los últimos años una excelente labor en la aplicación de la legislación nacional e internacional, en lo que refiere a la investigación, esclarecimiento y juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado contra la población en la última dictadura.

En más de 20 años de carrera, a la Dra. Mota nunca se le inició ningún sumario administrativo o recibió algún tipo de sanción. Su tarea la ha realizado casi en solitario, debido a que, como ella misma expresara, en nuestro país no existe una real política de promoción de los DDHH ni de la investigación de los crímenes cometidos, ya que no se ha destinado el presupuesto y recursos necesarios para llevar a cabo este tipo de investigaciones.

El traslado de la Dra. Mota pone fin a toda una serie de movimientos y traslados de jueces y fiscales vinculados a la investigación de los delitos cometidos en dictadura: el traslado del fiscal Ricardo Percivale y doctor Álvarez Petraglia.

Es también la última acción de una campaña política y mediática contra la jueza que comenzó hace ya dos años, con los cuestionamientos por parte del presidente de la república ante las declaraciones de la jueza al diario argentino página 12, y el impedimento de fotografiar el Batallón de Infantería Nº13 (mejor conocido como “infierno grande” o “300 Carlos”) por orden directa del actual ministro de defensa Eleuterio Fernández Huidobro, entre otras. Asimismo, la campaña mediática ejercida por los diarios de mayor circulación de nuestro país, que cuestionaban la asistencia de la Jueza a la Marcha del Silencio.

Las consecuencias de este traslado son el retraso seguro de las causas que estaban a su cargo, la dilación de la verdad para los familiares y la impunidad de los represores. Implica, además, un duro golpe en el lento y empedrado camino por verdad y justicia que transita nuestra sociedad y una nueva victoria de la impunidad, fomentada desde la corporación militar, los sectores más reaccionarios y apoyada por el silencio del poder político.

Los medios señalan que está a estudio actualmente de la SCJ, la declaración de inconstitucionalidad o la inaplicabilidad de la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad. Esta decisión implicaría la prescripción de la abrumadora mayoría de los crímenes cometidos en la dictadura. En otras palabras, la impunidad de los genocidas. Esta posibilidad, aunque no esté confirmada, demuestra la debilidad de las medidas tomadas por el poder político contra la impunidad, medidas solo tomadas bajo la presión de la sociedad movilizada.

Además, desde la FEUU queremos expresar nuestro más profundo rechazo a la intención de procesar a las personas que ingresaron a presenciar el juramento de la Dra. Mota en el edificio de la SCJ y a las cuales se les envió un innecesario contingente de fuerzas de choque.

19 de febrero de 2013.

Fuente Imagen: www.logoteca.uy