Compartimos la columna del diputado Gerardo Amarilla bajo el título “Que nos siga mandando la ley” y que alude a los recientes asuntos que involucraron a la jueza Mariana Mota, su decisión de traslado de parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y las derivaciones políticas.”
La Suprema Corte de Justicia en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales y legales dictó un acto administrativo por el que realiza una serie de cambios y ascensos de diferentes magistrados a lo largo y ancho del país.
Fueron quince designaciones que supusieron cambios de titularidad en las sedes judiciales, con movimientos de jueces a diferentes departamentos y también cambios de materias. Estos cambios, que se realizan habitual y rutinariamente, aparentemente se llevarían a cabo sin ningún tipo de sorpresa.
La sorpresa fue constituida por una suerte de asonada al Palacio Piria, sede de la Suprema Corte de Justicia, algo tan inédito en la historia del país como las declaraciones sobre uno de los traslados de dirigentes políticos, ministros, parlamentarios, organizaciones sociales y la propia central sindical de nuestro país.
Miembros del parlamento, con mucha experiencia en el mismo, plantearon “citar” a los titulares del Poder Judicial para pedirles “explicaciones” sobre el traslado de una jueza desde una sede penal a una civil, entendiendo que la misma ha generado “una alarma pública”.
Otro parlamentario discrepó públicamente con el traslado y afirmó que “hay mucha gente festejando el mismo” ya que ese cambio “beneficia a los violadores de derechos humanos” y dejando entrever que hay una suerte de conspiración de sectores políticos por detrás de ésta decisión que han influido en la misma.
Un ministro de Estado, nada más ni nada menos que el Canciller, ha salido a la opinión pública – no sabemos si en nombre del Poder Ejecutivo pero evidentemente involucrándolo- afirmando que “Uruguay pierde posicionamiento internacional con ese cambio” , agregando que “pierden las víctimas y hay dinosaurios contentos” porque la jueza Mota “aplicaba cabalmente las convenciones internacionales de derechos humanos”.
Estas expresiones, así como el “copamiento” de la sede del Poder Judicial y otras declaraciones, nos llaman poderosamente la atención por diversas razones.
En primer lugar porque entendemos que justamente la imparcialidad del accionar de la justicia, tiene mucho que ver con la independencia de quienes sean los titulares de las diferentes sedes judiciales y la no selección de los mismos para actuar en casos concretos. La propia carrera judicial y la movilidad de los jueces generan garantías en los ciudadanos de que lo importante no son las personas que están al frente de los juzgados sino el debido procedimiento y la aplicación de la ley.
Desde Artigas, y significativamente este año donde se cumple el 200° aniversario de las Instrucciones del año XIII, lo importante en nuestra patria es que no mandan las personas sino la Ley. Estamos sujetos a las normas y no a los caprichos de quienes tienen posiciones de poder.
En segundo lugar también nos sorprende y nos causa un profundo rechazo, el culto a una magistrada por su compromiso por los derechos humanos, presumiendo que el resto de los magistrados no tienen compromiso con la justicia, los derechos humanos o aplican erróneamente los tratados internacionales.
Es un desprecio y acusación velada a todos los demás jueces, que debe ser rechazada en función de la jerarquía y posición relevante que debiera tener el sistema de justicia en nuestra sociedad.
Por último, las afirmaciones de las que se desprenden una suerte de confabulación, abonadas por las declaraciones de la propia jueza, que le pareció “anormal y sin fundamento” el cambio, no hacen más que intentar afectar uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia como lo es la separación e independencia de poderes.
Tal vez estamos asistiendo a sectores que no creen en el sistema republicano y quisieran elegir los magistrados para que dicten sentencias a medida de determinada ideología o concepción.
Rechazamos que desde el propio sistema político se intente afectar la credibilidad de uno de los poderes del Estado, justamente el Poder Judicial que tendría que estar exento de las cuestiones político partidarias y sus objetivos.
Nos quedamos con la optimista sensación que, a pesar de las presiones, duras declaraciones, e infundadas sospechas, la Suprema Corte de Justicia mantiene su normal funcionamiento y decisiones adoptadas en el marco de la Constitución y la ley”.
Dr. Gerardo Amarilla
Representante Nacional.