Compartimos la columna de opinión del legislador colorado Daniel Bianchi, bajo el título “la eterna lucha”.

“Una nueva puja de poderes tuvo lugar en los últimos días, cuando el Gobierno Nacional, por motivos políticos, resolvió frustrar la contratación de técnicos elegidos por el Congreso Nacional de Intendentes (CNI) que éste propuso con vistas a obtener asesoramiento en la recuperación de la caminería rural.

El malestar de los jefes comunales quedó en evidencia de inmediato, toda vez que, tras un acuerdo alcanzado por intendentes de todos los partidos políticos, el CNI remitió a la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) un listado conteniendo los nombres de once técnicos para ser contratados con dinero de la cooperación proveniente de España.

Los jefes comunales procuraban, de esta manera, contar con personal capacitado para encarar la reconstrucción de la vialidad rural a ejecutarse con un crédito del Banco Mundial (BM) de 66 millones de dólares y el adelanto presupuestal de 50 millones de la divisa estadounidense de los fondos previstos por la recaudación del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR).

Pero no tenían previsto encontrarse con la negativa de la AUCI.

Esta entidad se creó como órgano desconcentrado en la órbita de la Presidencia de la República en diciembre de 2010, cuando el presidente José Mujica promulgó la Ley Nº 18.719 (Ley de Presupuesto Nacional 2010-2014). El texto determinó que sustituiría en todo al Instituto Uruguayo de Cooperación Internacional creado en agosto de 2007, y estableció que actuaría con autonomía técnica.

El Artículo 98 de la norma establece que la AUCI tiene cometidos de “planificación, diseño, supervisión, administración, coordinación, ejecución, evaluación, seguimiento y difusión de actividades, proyectos y programas de cooperación internacional para dar cumplimiento a las políticas de desarrollo del país”.

Naturalmente, el nacimiento de la repartición trajo de la mano la creación de un cargo de Director Ejecutivo con carácter de particular confianza, que, curiosamente, no es parte de su Consejo Directivo -creado también por aquella ley e integrado por un representante de la Presidencia de la República, que lo preside, por el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y por el Ministro de Relaciones Exteriores- si bien este Consejo puede delegar atribuciones en el Director por unanimidad de sus miembros.

Pero ésta no parece haber sido la opción elegida por la AUCI, ya que no fue el Director Ejecutivo, Martín Rivero, quien comunicó a la Mesa del CNI que no se efectivizarían los contratos, sino el verborrágico prosecretario de la Presidencia de la República, Diego Cánepa.

El rechazo, claro está, no fue bien recibido por los jefes comunales, menos aún cuando éstos supieron que las causas de la negativa eran de índole política, puntualmente debido a la inclusión de algunos técnicos que ya habían trabajado en la OPP en administraciones anteriores, incluida la de Tabaré Vázquez. Y la indignación creció habida cuenta que los técnicos de referencia habían sido nombrados durante la gestión de la anterior Mesa del CNI, que presidía el jefe comunal de Canelones, afín al oficialismo.

Al igual que sus colegas, el intendente de Colonia, Walter Zimmer, objetó la resolución del Gobierno Central, y sostuvo que la decisión fue “apresurada y pasional, no razonada”, y aseguró que a los técnicos “los ponemos los intendentes”.

En efecto, es el CNI -o las intendencias, individualmente- quien tiene las potestades para contratar a los especialistas que entiendan necesarios para emprender esta o cualquier otra tarea en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la Constitución de la República.

La decisión de la AUCI fue incorrecta porque no tiene derecho a veto, y lo que se evidencia claramente es una nueva violación a las autonomías departamentales, que se suma a las ya cometidas por las leyes de Tránsito y Seguridad en el Territorio Nacional (2007), de Ordenamiento Territorial (2008), Interpretativa del Impuesto de Patente de Rodados (2008), de Negociación Colectiva en el Sector Público (2009), de Descentralización y Participación Ciudadana (2009), de Contratos de Participación Público-Privada (2011), de creación del SUCIVE (2011) -el desaguisado más grande, tozudamente impulsado por Cánepa- y la de creación del ICIR (2011).

La violación a las autonomías departamentales es permanente.

Y ello quedó en evidencia una vez más”.