Compartimos las palabras del senador Gustavo Penadés (Partido Nacional) en la sesión del martes 11 de diciembre en que se aprobó la construcción del puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha.
SEÑOR PENADÉS. «Señor Presidente: sin el afán de ser demasiado grandilocuente quiero ubicar la aprobación que el Senado de la República va a dar en el día de hoy a este proyecto de ley de habilitación del puerto de aguas profundas en el contexto que considero tiene: se trata de una de las decisiones más trascendentes que quizás haya adoptado el Uruguay en los últimos años. Digo esto, no porque se vaya a terminar concretando su construcción sino porque, por primera vez en muchísimo tiempo, todos los partidos políticos por unanimidad hemos entendido la trascendencia de pensar este tipo de proyectos y decisiones a lo grande. En el pasado, lamentablemente muchas decisiones similares no contaron con el apoyo de todos los partidos políticos e, incluso, en algunos casos se opusieron con mucha fuerza a algunas iniciativas que pretendían, como esta, traer desarrollo y prosperidad al país.
Cuando en 1723, el Capitán Manuel de Freitas construía, en nombre del Rey de Portugal, un fuerte que hoy se conoce como Montevideo y poco tiempo después, el Gobernador de Buenos Aires, bajo la orden del Rey de España, lo desalojaba y fundaba San Felipe y Santiago de Montevideo y el apostadero naval, se inició casi toda la historia de nuestro país. El proceso de los puertos tuvo que ver con gran parte de la vida de nuestro país y lo que se conoce como la lucha de puertos –que fue en definitiva causa y efecto de nuestra independencia–, la permanente competencia entre los Puertos de Buenos Aires y de Montevideo y todas las luchas geopolíticas que se dieron desde aquel entonces entre las dos márgenes del Plata, son importantes piezas históricas a tomar en cuenta en esta decisión que vamos a adoptar hoy en el Senado de la República. ¿Por qué digo esto? Porque no estamos aprobando una autorización baladí. Los que nos tomamos en serio esta actividad y creemos que esta autorización tiene detrás de sí, o debería tener, una carga de pensamiento geopolítico central en la futura vida de nuestro país, entendemos que se trata de una decisión trascendente.
Recordemos que cuando el Presidente Roca encomienda al Ingeniero Madero la construcción y remodelación del Puerto de Buenos Aires, el Presidente Herrera y Obes decide contratar al Ingeniero Serrato para la modernización del Puerto de Montevideo y así, sucesivamente, la actividad portuaria ha sido central en la vida de nuestro país.
El primer debate al que nos hemos visto enfrentados tiene que ver con la norma que establece la Constitución de la República en el numeral 9º) de su artículo 85, que otorga competencia a la Asamblea General para habilitar puertos. Personalmente me preocupé por averiguar el porqué de esta norma. El doctor Jiménez de Aréchaga interpreta que se trata de una decisión de rémoras monárquicas, cuando le competía al rey la autorización del establecimiento de puertos como elemento de recaudación fiscal. No debemos olvidar que durante muchísimos años el Puerto de Montevideo fue la única forma de ingreso que tuvo el presupuesto de nuestra incipiente República en sus primeros pasos como país independiente.
Por lo expuesto, el establecimiento de un puerto de aguas profundas no es un tema nuevo para el Partido Nacional ni lo toma por sorpresa. Es notoria la clara vinculación que tiene nuestra colectividad política con los asuntos portuarios. En ese sentido, vale la pena recordar la Ley de Puertos que permitió remodelar el Puerto de Montevideo y multiplicar por más de diez –en un período menor a los veinte años– la carga que se comercializaba a través de nuestros puertos por concepto de importaciones y exportaciones.
Es cierto que en la decisión de habilitar un puerto de aguas profundas también debe tenerse en cuenta un tema indirecto que tiene que ver con las consecuencias que va a tener sobre los Puertos de Montevideo y del litoral del país, fundamentalmente por las distancias de pocos cientos de kilómetros que separan a unos de otros. Esto nos hace pensar que desde el punto de vista geopolítico la construcción del puerto de aguas profundas, que reivindicamos como necesario e imprescindible para el desarrollo de nuestro país, deberá estar acompañada de otra serie de medidas de carácter gubernativo interno y de política internacional. ¿Por qué digo esto? Es claro que en la actualidad la construcción de un puerto es sinónimo de la cantidad de carga que pueda comercializar. Si un puerto no es rentable en su ecuación económica, por más voluntad que se quiera poner es imposible su construcción y mucho menos en la modalidad que pretende este Poder Ejecutivo que es tratar de que la actividad privada posea la mayor carga de inversión. La construcción de un puerto con estas características deberá tener en cuenta un tema esencial: las toneladas de carga y de TEU que va a comercializar. Si no cierra esta ecuación, por más buena voluntad política que se tenga, el puerto quedará solamente en una habilitación de carácter legislativo o, lo que es peor –y adelanto mi temor en este sentido–, se contratarán sucesivas consultorías y se construirá una burocracia que terminará desembocando en la nada; y en ese proceso se irán varios millones de dólares, pagados por la población, para llevar adelante los estudios pertinentes. Personalmente, creo que debemos alejar la posibilidad de que eso suceda.
El análisis estratégico y geopolítico de la construcción de un puerto de aguas profundas en Uruguay no puede escapar a la realidad –acá se hablaba de las características que tendrán en el futuro los barcos que comercializarán las exportaciones e importaciones y el comercio mundial– de que por cuestiones de economía, cantidad, monto y tonelaje a transportar, cada vez se necesitan barcos más grandes y eficientes. Por ende, en la operativa portuaria se justificarán espacios más grandes y todo lo que sea ecuación económica que facilite la carga y descarga en el menor tiempo posible y con la mayor rentabilidad, será un elemento a tener muy en cuenta.
Ahora bien, un Puerto de estas características, señor Presidente –tómese claramente las palabras que voy a pronunciar–, se tiene que hacer en el marco de negociaciones de carácter diplomático que son imprescindibles. Fijémonos solamente en el Puerto de Montevideo y en la característica de su carga, donde la mitad son trasbordos y el 85% de estos trasbordos vienen de la Argentina. Quiere decir que hay una dependencia –en el buen sentido de la palabra–, en el comercio que existe para con la República Argentina, esencial y central. Por supuesto que tampoco escapará a nadie el hecho de que nuestro país tendrá que manejar esto con mucha habilidad –lo que implicará un manejo diplomático– como para que siga siendo así, producto de que todo el mundo quiere un puerto de aguas profundas. Y en todos lados no se va a poder construir un Puerto de esta naturaleza, justamente, por las características que el comercio va a tener dentro de muchísimos años. Se calcula, señor Presidente, que en esta región van a arribar los primeros barcos con más de 16.000 TEU de capacidad recién después del año 2030; mientras tanto, la carga seguirá siendo transportada en barcos similares a los que lo hacen hoy. ¿Por qué? Porque los primeros barcos que los astilleros mundiales están construyendo, lamentablemente, no van a estar direccionados en su comercio hacia América del Sur, sino hacia Asia y, fundamentalmente, hacia el comercio con China. Hay un dato nada menor, señor Presidente, que vale la pena que hoy digamos también acá: la mitad de los barcos que hoy están circulando en el mundo van o vienen de la China. Repito: van en dirección hacia la China o desde la China. Esto también hace que los cálculos que vayamos teniendo sobre las posibilidades de la construcción de un puerto de aguas profundas en nuestro territorio, sean ecuaciones que se deben tener en cuenta. No puede escapar a nosotros, señor Presidente, el hecho de que estamos pensando construir un puerto de aguas profundas a menos de 100 kilómetros de la frontera con Brasil. Tampoco podemos escapar al análisis geopolítico de que el lugar en el que pretendemos construir un Puerto de esas características está a menos de 200 kilómetros de un Puerto que Brasil pretende que sea de Aguas Profundas como el de Río Grande del Sur, que tiene gravísimos problemas de dragado. Esto evidentemente llama a que tengamos que atender con mucha inteligencia diplomática –y ahí sí esperemos que logre concretarse por una vez en la vida el discurso de integración que se lleva adelante y, entonces, nosotros también terminaríamos reivindicando al Mercosur esencialmente como un espacio de integración comercial– la posibilidad de entender que un Puerto de estas características, por la cantidad de tonelaje que deberá mover, tendrá que ser uno de trasbordos de carga regional y no solamente de carga nacional. ¿Por qué? Porque un Puerto así se empieza a justificar cuando se superan los treinta millones de toneladas anuales de carga o descarga.
Ahora bien, señor Presidente, para el Partido Nacional esto no es nada nuevo –como es público y notorio– desde que en los programas de Gobierno de nuestra colectividad política, ya desde hace muchos años, está incorporada la necesidad de la construcción de un puerto de aguas profundas a partir de la actividad portuaria y la conexa a esta, que es la logística. Aquí me permito recordar cuando en algún tiempo en el Uruguay se criticaba al país de los servicios y se decía que no era bueno y que, por el contrario, ese era un país distinto al Uruguay productivo que se pensaba en aquel entonces. Por suerte, todas esas barreras han sido derrumbadas y hoy nadie puede dejar de reconocer la trascendencia que la industria logística tiene en la vida de nuestro país y, como consecuencia de la misma, la remodelación del Puerto de Montevideo, a través de la Ley de Puertos y el establecimiento del concepto de puerto libre –concepto que está en tela de juicio y que debemos atender no solo producto del Puerto de Montevideo, sino también del futuro puerto de aguas profundas–, asociado con un proyecto de ley que se está tratando en el Parlamento que es el Código Aduanero del Mercosur. Nadie puede pensar, señor Presidente, que la pérdida de calidad de puerto libre que pudieran tener nuestros puertos, pudiera también ser un elemento que desalentara la construcción de un puerto que, por definición, va a tener que ser declarado puerto libre –si no, zona franca–, tratando de estimular la mayor cantidad de producción a atender en sus instalaciones.
El puerto de aguas profundas establecido en el departamento de Rocha es incuestionable: debe ser construido en el departamento de Rocha. La pregunta es qué tipo de puerto. Aquí debemos reconocer –tal como lo hicimos en Comisión– que el Poder Ejecutivo ha estado bien en crear una Comisión interministerial para tratar todos estos temas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un puerto minero que el que disparó la voluntad del actual Gobierno y que apunta a la posibilidad de contar con un puerto de aguas profundas, puesto que las características de un puerto minero son absolutamente distintas a las de un puerto multimodal. Fíjense ustedes que el principal puerto de ingreso de petróleo en nuestro país es una boya ubicada a varios cientos de metros de la costa, en la zona residencial y con unos costos muy elevados para el Uruguay; ahí está ubicado el puerto petrolero de nuestro país. Quiere decir que si se pretende construir un puerto minero, es una cosa, y si se pretende construir un puerto multimodal, es otra; la inversión también es otra y la infraestructura también.
Es así, entonces, señor Presidente, que en la Comisión de Transporte y Obras Públicas, los Senadores del Partido Nacional –el Senador Moreira y quien habla– hemos puesto especial énfasis en analizar la ubicación, las características y, especialmente, la atención que se debe tener al momento de la habilitación definitiva de un puerto de aguas profundas. ¿Por qué? Porque en esa visión geopolítica que se debe tener, en algún momento pensamos que la costa uruguaya era infinita y hoy nos estamos dando cuenta que la costa uruguaya atlántica –atractiva para una industria de la trascendencia como la turística– es finita; pero no solamente es finita, sino que lo peor aún es que se está acabando. Y, justamente, uno de los espacios en donde en el futuro se podría pensar en inversiones trascendentes que generaran también miles de puestos de mano de obra en la industria turística, está ubicado donde se piensa construir este Puerto. En Rocha se dan todas las características, y me precio de poder hablar con autoridad porque conozco toda la costa de Rocha: se da la inversión inteligentemente hecha y amigable con el medioambiente y se dan los horrores más espantosos de ordenamiento territorial y de contaminación de todo tipo que pueda haber. Debo decir que no he terminado nunca de entender cómo –y en esto hemos sido responsables todos por omisión– permitimos que hayan sucedido cosas en el ordenamiento territorial del departamento de Rocha, nada más ni nada menos, en balnearios como Valizas y Aguas Dulces, donde el ordenamiento territorial no existe, así como lo que hoy está sucediendo en Punta del Diablo. Yo conocí a Punta del Diablo como aquel pueblo de pescadores en donde se esperaba la tardecita y la llegada de los pescadores de tiburones para ver cómo descargaban aquella pesca. Hoy es poco menos –vamos a reconocerlo– que el bum de la industria turística nacional que se está viviendo con una conciencia distinta. En esto también las autoridades departamentales han ido mejorando en las sucesivas Administraciones, pero cargan con una cosa que tenemos que entender: el loteo de terrenos alrededor de la Laguna de Rocha –un espacio, un parque nacional lacustre– se calcula en terrenos de 500 metros. Si llegáramos a habilitar la construcción en esos terrenos, imagínense en qué terminaría la Laguna de Rocha, que debe ser uno de los espacios más hermosos que existen en la costa uruguaya. Por suerte existe una suspensión en los permisos de construcción y una serie de otras complicaciones que se han presentado como para desalentar las inversiones de ese tipo.
Ahora, con relación a lo que está pasando entre La Pedrera y Cabo Polonio, donde está pensado hacerse el puerto de aguas profundas, en la zona de El Palenque, la batimetría confirma –no desde ahora sino desde hace muchos años– que es la zona más cerca del territorio donde se alcanza la profundidad necesaria, pero es algo que tenemos que estudiar. Por eso los señores Senadores del Partido Nacional –y en la Cámara de Representantes especialmente los señores Representantes del Partido Nacional– han puesto especial énfasis en estudiar el tema. Fue así que nosotros llevamos adelante un debate en Comisión entendiendo que la nueva interpretación de la habilitación que la Constitución le mandata a la Asamblea General otorgar para la construcción de puertos, no tendría que hacerse al inicio del proceso sino como consecuencia de la culminación. El Gobierno entendió que no se puede hacer nada hasta que no exista la habilitación legal pertinente y nosotros opinábamos que, por el contrario, se tendrían que haber hecho todos los estudios que nos garantizaran que esa es la zona adecuada para la construcción del puerto de aguas profundas y ahí, entonces, solicitar la autorización legal pertinente. Eso no se entendió que fuese así por parte de los Senadores del Frente Amplio; nosotros creemos que sí debiera ser así producto de que en la Constitución han sido incorporados conceptos que no existían cuando en la norma se estableció la autorización previa de la Asamblea General a la construcción de puertos. Me refiero a los relacionados con el ordenamiento territorial y, esencialmente, con el medioambiente. Es así que entendíamos que como garantía –y en esto el señor Senador Moreira hizo especial énfasis– debíamos contar con las mayores certezas de que el impacto ambiental sobre el lugar donde estuviera ubicado el Puerto fuera analizado. Porque impacto ambiental va a haber; vamos a no mentirnos. Entre una tierra casi virgen en la actualidad a la construcción de un puerto, lamentablemente impacto ambiental va a existir. Tenemos que intentar, por todos los medios probables, que sea el menor posible o casi nulo, para no interferir con el medioambiente, con el ordenamiento territorial y con otro tipo de industrias que en el Uruguay se llevan adelante, fundamentalmente, la del turismo, pues esa zona de costa es especial como para poder hacer las últimas inversiones.
Señor Presidente: todos conocemos las nefastas consecuencias que sobre la costa de Rocha tuvo el Canal Andreoni. Para quienes conocimos aquella costa rochense antes de la construcción del Canal sabemos lo que era La Coronilla y el tramo en dirección con la frontera con Brasil. Hoy, lamentablemente, producto del mencionado Canal, esa costa se ha visto tremendamente desmejorada.
Por lo tanto, si el Puerto tuviera que estar ubicado aquí, entendemos que la habilitación se tendría que haber dado “como consecuencia de” y no “como causa de”. En ese sentido creíamos que –y eso fue lo que intentamos hacer los Senadores del Partido Nacional– se debía culminar todo el proceso de análisis y de estudio, que se conocieran los planes que hoy no se conocen con relación a la inversión y sus interesados, y desde ahí otorgar la habilitación legal correspondiente. Se entendió que eso no debía ser así y se va a transitar por el otro camino que –debemos reconocer– es mucho mejor que el de anteriores Administraciones de todos los partidos, donde nos cansamos de luchar porque venía una norma en el Presupuesto que habilitaba la construcción de puertos en el territorio nacional. Es así que tuvimos que dar duras batallas para que se retiraran de Presupuestos o de Rendiciones de Cuentas normas tan generales como estas, producto de que no es nuevo en el Uruguay el intento de construir puertos en otras zonas del territorio.
Todavía en mi retina queda muy presente aquella invención que, lamentablemente, terminó siendo uno de los tantos cuentos chinos que hemos vivido y que era la inversión de los malayos sobre la costa del Cerro de Montevideo. Incluso llegué a ver un plano que mostraba la construcción de un puente sobre la bahía de entrada al Puerto de Montevideo en el que se podía unir el Cerro con la rambla portuaria a esa altura.
Señor Presidente: creemos que los estudios medioambientales deben existir. No somos de los que creen que un puerto no pueda coexistir con otro tipo de inversiones; puede suceder. Hay ciudades turísticas en el mundo en el que coexisten. Ya que estamos tan preocupados por el medioambiente, debo decir que una vez leí un informe en el que se decía que en Cabo Polonio, por cada habitante que allí veranea, existen dos cámaras sépticas tapadas. Para no ser más gráficos, dejémoslo en ese concepto, pero la capa freática del territorio nacional en varias de esas zonas, lamentablemente, deja mucho que desear desde el punto de vista de su calidad. Digo esto para los defensores a ultranza del medioambiente o, para los que también conocimos, que defendían el medioambiente porque tenían su casa en un terreno fiscal que era de todos. Esas cosas las hemos vivido en el Uruguay.
Con relación al puerto de aguas profundas, el Partido Nacional va a habilitar la autorización poniendo especial cuidado desde el punto de vista medioambiental y en el cumplimiento de todas las instancias legales pertinentes. Decimos con mucha claridad que creemos que el Uruguay va a tener que recurrir a consultores internacionales para el asesoramiento sobre una inversión de esta magnitud. Y esto no lo decimos en desmedro de los técnicos locales ni de la Dinama; muy por el contrario, lo hacemos justamente para reafirmar y tener las mayores garantías de que cualquier inversión que se vaya a construir o cualquier obra que se vaya a hacer, no afectará el ordenamiento territorial ni el medioambiente. Estamos hablando de una zona que es muy similar al Montevideo de principios del Siglo XVIII, porque allí no hay absolutamente nada: no hay luz, carretera, vía férrea, agua potable ni ningún servicio. Francamente, cuando nos preguntamos sobre cómo se va a encarar una construcción de esta magnitud es cuando nos comienzan a surgir las dudas. No se tiene claro si lo va a hacer una inversión pública, una privada o una mixta; si el inversor va a venir a invertir sobre las obras de infraestructura relacionadas con el Puerto y no con todo lo que está alrededor del mismo. Es ahí donde estaremos tremendamente atentos a que esto no termine siendo un anuncio similar al de una vieja película española que se llamaba “Bienvenido Mister Marshall” donde se anunciaba y se anunciaba que iba a llegar la prosperidad a un pueblo y esto nunca sucedía; o si termina siendo una obra que se pueda concretar, amigable desde el punto de vista medioambiental y que cierre una ecuación económica que –debo decirlo con honestidad– si el Uruguay no la encara en un proceso mayor, en mi opinión es muy difícil de realizar.
Seamos francos: yo empecé a escuchar a muchos representantes del Gobierno –con esto no quiero decir que no haya habido otros que pensaran distinto– que hablaron sobre la posibilidad de establecer un puerto en esa zona con la idea de sacar la producción de minería y de hierro que se produciría en el departamento de Treinta y Tres y en departamentos vecinos, y que estaría ubicado en otro lugar, más hacia el este.
SEÑOR PENADÉS.- Muchas gracias, señor Presidente.
Si el puerto tendrá características de terminal minera, será una cuestión a tener en cuenta; ahora bien, si resulta que lo que se pretende es contar con un puerto multimodal, las inversiones tendrán que ser de otra naturaleza. A este respecto, podemos citar el caso del Puerto de La Paloma en el que se procedió mal. Digo esto, porque las escolleras del Puerto de La Paloma están mal construidas y las consecuencias de ello se viven producto de que las corrientes han lavado la playa de La Aguada y han hecho que la arena terminara en el Puerto de La Paloma. En función de esta situación, el Puerto tiene que ser permanentemente dragado para tratar de frenar un error que se produjo a principios del Siglo XX, pese a que las últimas Administraciones han tratado de corregirlo armando un murallón que cortara justamente ese permanente barrido del agua del Océano Atlántico sobre las playas. Como consecuencia, estas prácticamente han desaparecido de esa zona y la arena se ha ido a depositar dentro del espacio portuario. Esto no lo queremos para este Puerto, y por eso insistimos tanto en la necesidad de realizar estudios que nos permitan hacer un análisis que nos garantice que el impacto ambiental será el menor posible. A esto debemos agregar que el impacto posterior a la construcción estará relacionado con el tráfico de buques, con las sentinas y con la contaminación de la arena. Hace pocos días tomamos conocimiento de un debate que se dio, justamente, por el tema de dónde fue tirada la arena. Aclaro que no me estoy refiriendo a lo ocurrido en el departamento de Rocha sino en el de Montevideo, concretamente al dragado del Puerto, donde la arena que se sacó –tremendamente contaminada– no fue tirada en el espacio destinado a tal efecto –esto es, a 15 kilómetros de distancia del Puerto de Montevideo–, sino en las proximidades de la Playa Ramírez, donde hoy hay serios riesgos de contaminación como consecuencia de una operativa mal pensada. Estas cosas son las que nos previenen.
Señor Presidente: a lo dicho anteriormente debemos sumar todo lo relacionado con una infraestructura que hoy es inexistente y que no ha sido pensada. Actualmente, un puerto no es viable si no existe el ferrocarril. A este respecto, al día de hoy en nuestro país no se ha pensado siquiera en el trazado ferroviario –producto de que se tienen serios problemas para tratar de adecuar la red ferroviaria existente que se dirige hacia Montevideo–, ni en una ruta de características distintas a la Ruta 10, que es esencialmente turística. La ruta más cercana es la Ruta 9, pero para poder llegar al puerto de aguas profundas habrá que transitar varios kilómetros.
Se ha dicho que en una primera etapa se había pensado en la comercialización a través de la entrada y salida por el mar; sin embargo, debemos decir que esto lo vemos poco viable porque uno de los elementos que podría alentar a aumentar el tonelaje y así permitir la salida por el puerto de aguas profundas, sería la producción granelera y maderera, máxime teniendo en cuenta que el Puerto de La Paloma en este momento está siendo adecuado para tal efecto. Esto no lo podemos desvincular de la idea que se tiene en torno a la jerarquización del puerto sobre la Laguna Merín en la desembocadura del Río Cebollatí y de la posibilidad de hacer una salida que permita la utilización de la Laguna Merín y de la Laguna de los Patos, justamente, hacia los puertos brasileños, o hacia San Conrado, como me acota el señor Senador Abreu.
Creo que esto debería estar pensado en ese marco y en ese contexto. Aquí no se trata solamente de tener la voluntad de hacer los análisis de las características que debe tener el Puerto, sino de pensar que todos estos elementos –tengamos en cuenta que esta idea ha sido lanzada en estos últimos tiempos– deben estar dentro del menú de análisis, más que de un Gobierno, de un país, porque debe quedar claro que esto superará la tarea de una Administración y que quizá la actual no logre colocar siquiera la piedra fundacional, por lo que estaríamos hablando de futuras Administraciones. Esto es lo que nos subyuga a votar el presente proyecto de ley, pues lo que nos seduce es alimentar el espíritu de aventura que el Uruguay debe tener. Si todo esto sirve para que ello así suceda, bienvenido sea, pero las dudas puntuales que tenemos sobre todo lo que rodea a estos anuncios y sobre la información que nos ha llegado del propio Poder Ejecutivo persiste.
No obstante, debemos reconocer, como corresponde, que nos han enviado la información de que disponían; tan así es que nos han hecho llegar informes en los que se desaconseja medioambientalmente la construcción del Puerto en el lugar que se tiene pensado– nos llevan a votar el proyecto de ley como forma de reivindicar el espíritu que el Uruguay debiera tener para estas cosas. Debemos tener claro todas las cuestiones de carácter geopolítico, de ordenamiento territorial, de medioambiente y de índole comercial para que la ecuación cierre porque, de lo contrario, el Puerto no se podrá construir. Se terminó la época en la que, contra viento y marea, alguien decidía hacer algo en un lugar que era desaconsejado que se hiciera. Si se observa la historia de la humanidad y todo lo que han hecho muchos monarcas, o países contra viento y marea, llevando adelante la acción del Gobierno o del Estado, nos podremos dar cuenta de que hoy no estamos en condiciones de poder hacer frente a un emprendimiento de esta naturaleza porque, para hacer una inversión de este monto –más allá de que la economía de Uruguay está relativamente bien–, de miles de millones de dólares, la ecuación debe cerrar.
SEÑOR PENADÉS.- Con mucho gusto.
SEÑOR PENADÉS.- Con mucho gusto.
SEÑOR PENADÉS.- Con mucho gusto.
SEÑOR PENADÉS.- ¿Se me terminó el tiempo, señor Presidente?
SEÑOR PENADÉS.- Entonces voy a redondear mi exposición.
Señor Presidente: dada la envergadura y el tamaño de la inversión, no es posible que no se sepa de antemano –como dijo hace unos instantes el señor Senador Michelini– lo que se pretende hacer. Cuando se habla de que los murallones van a costar más de US$ 300:000.000 o US$ 400:000.000, no se puede pensar que el puerto va a ser para sacar la carga de madera del este del país. Se ha dicho que para ser viable necesita manejar más de treinta millones de toneladas y en el Uruguay no se llega a esa cifra aunque sumemos la carga de todos los puertos.
Entonces, es clarísimo que necesitaremos continuar estudiando y analizando este asunto. Desde ya anunciamos que el Partido Nacional hará un seguimiento muy profundo.
Creemos que el Gobierno haría muy bien en tener una comunicación periódica con todos los partidos políticos para analizar e informar sobre los avances que se van consiguiendo y así finalmente lograr lo que todos buscamos: que a la postre termine habiendo un puerto de aguas profundas en nuestro país. No es un tema sencillo ni se define por la voluntad de algunos, sino todo lo contrario; es un tema de definiciones de carácter político y de saber, entre otras cosas, quién va a ser el inversor, porque si es el Estado tendremos un determinado debate, y si son actores privados tendremos uno distinto, así como diferentes problemas. Consideramos que en su momento deberemos conocer todas esas definiciones.
Por lo tanto, los señores Senadores del Partido Nacional vamos a votar afirmativamente el proyecto de ley, pero sin dejar de lado todas las consideraciones que hemos realizado, ni las que realizarán en pocos minutos los señores Senadores Moreira y Abreu».
Nada más. Muchas gracias.