El análisis realizado por la empresa experta en el sector, explica que la imposición de un tope máximo de participación en ingresos para los servicios móviles, pondrá en peligro la expansión y modernización de la infraestructura de redes móviles en localidades de bajo poder adquisitivo en el país, y dará paso a un entorno competitivo con poca variedad tarifaria para los usuarios
Montevideo, 27 de noviembre de 2012. La Ley Anti-Monopolios Móviles que estudia actualmente el Congreso colombiano, y que según sus propulsores beneficiaría la sana competencia entre operadores en favor de los usuarios, podría llegar a significar en la realidad un desequilibrio para el mercado de las telecomunicaciones del país andino. Según un análisis publicado por la prestigiosa consultora Signals Telecom Consulting, imponer un tope de 30% a la participación en ingresos (directos e indirectos) para los servicios móviles, perjudicaría a los consumidores de zonas rurales y servicios de prepago, y centraría las inversiones de los operadores en los clientes de alto poder adquisitivo.
Según explica José Otero, presidente de Signals Telecom Group y reputado analista del sector de las telecomunicaciones en Latinoamérica y el Caribe, la aprobación de la propuesta de Ley que se ha presentado en el Congreso colombiano sería el catalítico necesario para la creación de un oligopolio de tres proveedores de servicios móviles con un 30% de mercado cada uno (Claro, Movistar y Tigo), cuyo efecto más inmediato sería la drástica reducción en la inversión de los operadores móviles en las zonas rurales y remotas del país para la expansión de cobertura, limitando la misma a cumplir con los requisitos impuestos por el Gobierno.
“El proyecto de Ley afectará en el corto plazo al operador de telecomunicaciones Claro Colombia, que en la actualidad devenga más del 60% de los ingresos del sector móvil del país y cuya estructura interna de facturación corresponde a 17,3% de líneas por contrato y un 82,7% a líneas prepago. Según lo estipulado en la futura normativa, Claro tendría un período de dos años para reducir su cuota de mercado en ingresos a 30% o menos, un importe que cubriría con sus clientes de contrato, por lo que es esperar que Claro se incline por retener a sus clientes de mayores ingresos y evolucione su oferta para posicionarse como un operador de servicios postpago Premium, en detrimento de su actual base de clientes prepago”, asegura Otero.
El analista de Signals Telecom Consulting explica que, en el caso de Claro Colombia, es altamente factible que se busque frenar la venta de nuevas líneas móviles para el segmento prepago, y que se apliquen medidas que puedan acelerar la deserción de este tipo clientes, como son la eliminación de promociones y de subsidios de terminales, el establecimiento de tiempos más cortos para desactivar líneas sin uso y el incremento en el saldo mínimo de recarga. Como consecuencia de esta nueva política también se plantea la posibilidad de que el operador cierre un alto número de locales de venta de sus teléfonos, y reduzca el número de puntos de recargas que tiene alrededor del país, lo que, adicionalmente, afectaría la generación de empleo indirecto generado por la industria.
“Otro impacto indirecto de la nueva medida es que eliminaría los incentivos que pueda tener actualmente Claro Colombia (proveedor único para aproximadamente el 10% de los usuarios de móviles) para expandir su red a aquellas zonas en donde actualmente no existe ningún proveedor de telecomunicaciones, y que, en su mayoría, sólo pueden acceder a planes prepago. Asimismo, la aprobación de esta norma disminuiría la cantidad de usuarios por operador, lo que implicaría también una reducción en los niveles de congestión de las redes y minimizaría la necesidad de desplegar infraestructura adicional para poder mantener los requisitos de calidad exigidos por el Gobierno”, añade Otero, para quien el caso de Claro Colombia, puesto como ejemplo en el análisis, sería emulado por el resto de operadores.
Bajo este nuevo esquema, ninguno de estos operadores tendría incentivos suficientes para continuar la expansión de sus redes en zonas rurales del país que no sean parte de sus compromisos de concesión, lo cual tendría también consecuencias negativas para los proveedores de transporte de datos que verían una fuerte caída en la demanda de sus servicios.
Así, el presidente de STG resume las principales consecuencias de la aprobación de la norma (tal y como ha sido presentada al Congreso) en los siguientes aspectos: pondría en peligro la expansión y modernización de la infraestructura de redes móviles en localidades de bajo poder adquisitivo en el país; impondría barreras de entrada artificiales a operadores móviles virtuales; desaceleraría el crecimiento del mercado de transporte de datos impactando negativamente a los proveedores de estos servicios; eliminaría la presión competitiva a los tres grandes operadores del mercado (Claro, Movistar y Tigo) y daría paso a un entorno competitivo con poca variedad tarifaría o de promociones centradas en precio, pues ninguno de los operadores del mercado estaría sujeto a regulación asimétrica.
El contenido completo del análisis está disponible para su descarga gratuita a través del blog corporativo de la consultora: blog.signalstelecomconsulting.com