La Coalición por una Comunicación Democrática quiere manifestar su preocupación por la falta de definición del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que aún se encuentra en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). Tanto el Presidente de la República, pasando por Senadores, autoridades del Frente Amplio y del PIT-CNT se han manifestado a favor de que este proyecto se convierta en una de las prioridades en materia legislativa.
Sin embargo, el proyecto, largamente estudiado por parte de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL) y el MIEM, no termina de ser enviado al Poder Ejecutivo y corre el riesgo de no ingresar al Parlamento antes de finalizar el año legislativo. Este proyecto fue elaborado luego de que el gobierno abriera un espacio participativo para sentar las bases de acuerdo a través del Comité Técnico Consultivo que funcionó en el segundo semestre de 2010. En la reunión final del CTC el ministro Roberto Kreimerman adelantó que el proyecto estaría pronto a más tardar a mediados de 2011.
En diversas oportunidades la Coalición advirtió sobre la importancia de la variable temporal, dado que cuanto más cerca de la campaña electoral se envíe este proyecto al Parlamento, más difícil será de ser tratado por la fuerte implicancia de los medios en las campañas político-partidarias.
Recientemente, el Relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, se reunió con integrantes de la Coalición y recomendó que Uruguay avance en una legislación democrática para la comunicación, en línea con los estándares de derechos humanos.
Por otra parte, la comunicación cambia aceleradamente y se multiplican las pantallas (licitación de televisión digital, IPTV, entre otras), mientras tanto Uruguay mantiene una regulación pobre, dispersa, violatoria de derechos y aprobada durante la dictadura cívico-militar.
Asimismo solicitamos que las autoridades hagan público el proyecto de ley elaborado, en el entendido que se trata de una materia vinculada con el derecho a la información, la libertad de expresión y la democracia. Sería una buena práctica acelerar el envío del mismo al Parlamento, para que no se pierda una nueva legislatura y los temas de comunicación, que involucran a todos los sectores de la sociedad, no continúen siendo regulados por decretos y leyes de la dictadura.
Concentración y extranjerización de los medios de comunicación
La Coalición también quiere manifestar su preocupación por el archivo de la denuncia presentada por organizaciones de la sociedad civil contra la concentración de diez radios en manos del empresario mexicano Ángel González.
En ese sentido recordamos que el gobierno debería enviar el expediente a la Justicia para que ésta determine si nos encontramos ante un grupo económico extranjero que opera en fraude a la ley.