El Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Alvaro Garcé es partidario de flexibilizar el Decreto-Ley que habilita a los reclusos al acceso a los establecimientos de confianza (chacras), así como la eliminación de ciertas disposiciones represivas y anacrónicas.
Al comparecer en la Comisión Especial del Parlamento de seguimiento carcelario, Garcé señaló la necesidad de modificar el Decreto-Ley Nº 14.470, de diciembre de 1975, y el Decreto Nº 440 de 1978.
“Esa norma reglamentaria tiene algunos aspectos inadecuados, otros anacrónicos y otros represivos. Por ejemplo, en las condiciones objetivas para el acceso a los centros de confianza se establece que la persona, además de tener buena conducta intracarcelaria, no debería tener un saldo de pena mayor a cinco años”, señaló.
Para Garcé “este es un término muy limitado; en la práctica hay muchas personas que tienen un saldo pendiente un poco mayor -que puede ir hasta los ocho o diez años- y que, sin embargo, tienen las condiciones para estar en esos centros de confianza. Una primera cuestión que el Poder Ejecutivo debería revisar es este límite, este cerrojo por el cual una persona, por mejor conducta intracarcelaria que tenga, si tiene un saldo de pena mayor a cinco años, estaría imposibilitada de acceder a este régimen de confianza”. Estima que debería establecerse en un término de diez años”.
Según el jerarca “otros aspectos a repensar tienen que ver con la edad máxima de las personas. Se fija en 55 años, pero algunos de los que tienen más de esa edad poseen una conducta intracarcelaria muy buena o excelente y, en principio, tendrían derecho a postularse para ingresar en estos centros de confianza. ¿Por qué excluir a priori, cuando hay personas que perfectamente pueden estar en estos centros de confianza?”.
Informó que “en este momento son un poco más de 400 las personas que están en las chacras, pero podrían ser 600 o 700 sin necesidad de generar un gasto enorme para el Estado y, sobre todo, sin arriesgar una crisis de seguridad”.
Descomprensión
Garcé evaluó que “quienes van a las chacras o a estos centros abiertos, generalmente no reinciden porque están trabajando permanentemente. Entonces, este es un mecanismo de descompresión interesante que permitiría tener menos gente en los celdarios y, debería preparar más gente para la vida en libertad, cumpliendo el objetivo básico de la progresividad, que es que la vida en las cárceles se parezca cada vez más a la futura vida en libertad y cada vez menos a la actual vida en reclusión. Por lo tanto, ese límite de edad no parece tampoco muy razonable en estos tiempos”.
Anacrónicas
Garcé cuestionó algunas cuestiones disciplinarias que aún permanecen vigentes, siendo represivas o anacrónicas.
Por ejemplo, “permanecer de pie en forma desgarbada; cantar o silbar causando molestias o fuera de las horas oportunas; usar vestimenta inadecuada; fumar en presencia de las autoridades; o toda otra actividad que moleste a los demás o viole las normas elementales de convivencia entre hombres íntegros. Esto abarca un nivel de generalidad tan grande que no tiene ningún sentido mantenerlo”.
Categoriza a los reclusos en A, B y C
En su intervención en la comisión parlamentaria, Garcé sostuvo que “hay algunas cuestiones que me llamaron la atención cuando repasábamos el decreto como, por ejemplo, referencias disciplinarias que son represivas o anacrónicas”.
El decreto reglamentario “categoriza a los reclusos en A, B y C -terminología que es muy propia de la época- pero no hay personas privadas de libertad A, B y C, sino gente que está en un centro de recuperación, como se llamaba entonces, y que son A, B y C. Además, hay todo un sistema complejísimo de evaluación por el cual los reclusos de categoría C no son iguales a los A ni a los B. En primer lugar, esto en la práctica no se aplica y, además, tiene un contenido absurdo y discriminatorio, por lo que sería bueno eliminarlo”.
Entonces, “creo que toda referencia anacrónica, fuera de tiempo o de lugar, o que evidencie un espíritu represivo, debería ser borrada, más en estos tiempos de cambio donde hay un esfuerzo de las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación que hay que reconocer, pues se está proyectando la construcción de un sistema penitenciario nacional, cuyos primeros pasos han sido dados”.
Evaluó que “en tiempos de cambio, cuando el Instituto Nacional de Rehabilitación comienza a crecer y a generar una estructura importante hacia el interior, creo que habría que hacer un esfuerzo de revisión de este tipo de normas anacrónicas que no deberían formar parte del sistema jurídico penitenciario”.
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