Los trabajadores mexicanos montaron piquetes ante el parlamento mexicano el jueves 27 de setiembre; los sindicatos se movilizan en toda la capital y en otras partes, mientras los políticos debaten la legislación sumamente antilaboral presentada por el presidente saliente Felipe Calderón.
La CSI, la AFL-CIO, la CLC y sindicatos de 20 países han escrito a los coordinadores parlamentarios mexicanos para expresar su gran preocupación por las reformas propuestas de la legislación laboral, con las que se pretende recortar todos los derechos laborales y sindicales fundamentales de los trabajadores mexicanos. Como es harto sabido, y se ha comunicado, los trabajadores afrontan ya en México considerables obstáculos para la organización y el funcionamiento de sindicatos independientes, pues los empleadores antisindicales explotan un sistema de contratos de protección con la impunidad de autoridades cómplices. Un grupo de miembros estadounidenses del Congreso ha escrito a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, dejando constancia de su inquietud.
Aliado de las empresas, el presidente saliente Calderón cuenta con el apoyo del presidente electo, Enrique Peña Nieto, que toma posesión el 1 de diciembre. El partido PRI de Peña Nieto tiene vínculos históricos con sindicatos empresariales institucionalizados en México, y apoya firmemente la creciente flexibilidad del mercado de trabajo a expensas de los trabajadores.
Los sindicatos democráticos de México han salido a las calles esta semana para expresar su firme oposición a la legislación propuesta, que representa una amenaza a los últimos derechos que les quedan. El sindicato independiente de trabajadores de Nissan bloqueó la principal autopista “Sol” entre Ciudad de México y Cuernavaca durante tres horas el 22 de septiembre. Los 4.000 sindicalistas causaron enormes colas de tráfico en ambas direcciones en su protesta de rechazo de la legislación laboral, y en particular su ataque a la seguridad en el empleo, y hoy están previstas en todo el país marchas masivas.
Las propuestas consiguieron el apoyo de la Comisión de Trabajo del parlamento ayer, por 21 votos contra 8, sin haberse sometido al parlamento ninguna propuesta alternativa.
Los cambios propuestos legalizarían la subcontratación, sin crear un mecanismo de regulación para garantizar la responsabilidad de las compañías sobre el respeto de los derechos laborales a lo largo de sus cadenas de producción. Con la nueva legislación, los trabajadores podrían ser contratados sin seguridad en el empleo, con contratos de prueba de seis meses, e incluso contratados por horas. La legislación propuesta también debilitaría el derecho a la huelga, ampliaría el abuso de los contratos de protección usados por los empleadores para evitar a los sindicatos legítimos que representan a sus empleados e interferiría en la autonomía sindical.
Incluso la legalidad del propio proceso legislativo es muy dudosa en este caso. El procedimiento preferencial de vía rápida es nuevo en México y eludiría el proceso democrático. Como escribió el secretario general de la IndustriALL, Raina, a los coordinadores parlamentarios del Congreso mexicano, el procedimiento muestra:
… el desprecio absoluto de las opiniones de los legisladores, los trabajadores y los ciudadanos, y es una clara violación de las normas internacionales laborales y de los derechos humanos, incluidos los Convenios de la OIT núms. 87 y 98, y otra legislación internacional.
Véase el informe anterior de la IndustriALL, y copias de las cartas enviadas aquí. (http://www.industriall-union.org/join-the-resistance-against-proposed-regressive-labour-law-reforms-in-mexico)