El Comité Ejecutivo de la lista 40, reunido junto a los Convencionales Nacionales y Departamentales, sus representantes en la Comisión Departamental de Montevideo del Partido Nacional, Concejales vecinales y sus representantes en las 8 Seccionales de Montevideo, DECLARA:

1º) Que transcurrido la mitad del período de gobierno y con recursos económicos más que suficientes, percibimos que el Frente Amplio continua exhibiendo su incapacidad para resolver los principales problemas del país como la inseguridad, la educación y la salud.

Atentos a los últimos acontecimientos de conocimiento público, CONSIDERAMOS NECESARIO ADVERTIR el agravamiento que resulta de sumar a la mala gestión demostrada en estos 7 años, la falta de transparencia en el manejo de asuntos públicos de enorme relevancia.

2º) Que la situación de crisis profunda que padecemos los montevideanos como resultado de la pésima gestión de casi 25 años de administración del Frente Amplio, no debe llevar a la resignación. Por el contrario, la enorme mayoría de los montevideanos perciben un modelo agotado y reclaman su finalización.

Constatando que están dadas las condiciones para cambiar el gobierno de Montevideo, nos hacemos cargo de emprender con audacia acciones políticas nuevas y convocar ampliamente para construir un proyecto posible para cambiar Montevideo.

En tal sentido RESOLVEMOS hacernos cargo del reclamo de la mayoría de los montevideanos y asumir el compromiso de buscar fórmulas políticas innovadoras que conjuguen a todos aquellos que quieren cambiar esta realidad, como lo resolvió el Directorio del Partido Nacional en el sentido de buscar alternativas electorales para cambiar el gobierno en Montevideo. En la convicción de que transitar caminos que trasciendan las filas partidarias es un acto de responsabilidad y no de debilidad ni de pérdida de identidad.

3º) Con respecto a la reforma constitucional sobre imputabilidad de menores que se plebiscitará con las elecciones del 2014, se hizo un detallado análisis:

a) El Partido Nacional y Alianza Nacional han hecho innumerables propuestas legislativas para resolver mediante ley los aspectos que hacen a la seguridad pública. Entre ellas la de duplicar las penas máximas a partir de los 16 años de edad, llevándolas hasta los 10 años en los delitos graves.

b) Durante el proceso de recolección de firmas no participamos en virtud de haber priorizado el camino de la ley por ser más rápido. No obstante queda demostrado ahora que el FA no apoya esta posibilidad, y por lo tanto no habrá votos en el parlamento.

c) Los jóvenes mayores de 16 años tienen capacidad y actúan en la sociedad actual y por lo tanto resulta adecuado reconocerles el derecho a que puedan participar como ciudadanos desde que cumplan los 16 años, aportando su pensamiento y actuando en las decisiones para construir una sociedad mejor concediéndoles el derecho a ejercer el sufragio.

d) esa realidad determina conceder derechos y asumir responsabilidades y deberes a los jóvenes mayores de 16 años. Lo cual implica que también deban asumir desde esa edad la responsabilidad penal por los actos que la ley tipifica como delitos.

e) que la legislación deberá ser adecuada a tal fin, sobre la base de que los derechos deben representar un estímulo a los jóvenes y la posibilidad de participar e integrarse plenamente como ciudadanos.

Teniendo presente que el criterio que nos anima es actualizar los valores sin rebajarlos y que, por lo tanto, no se trata de bajar solamente la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años sino de algo mucho más profundo directamente relacionado con los cambios operados en el mundo, y en particular con una sociedad y un país que en el año 2012 es muy diferente a los comienzos del siglo pasado,

RESUELVE:

Recomendar votar la propuesta de reforma constitucional sobre imputabilidad de mayores de 16 años que será plebiscitada en las próximas elecciones del 2014, y trabajar para complementar la misma por otros medios constitucionales y legales a los efectos de reconocer derechos y responsabilidades a partir de los 16 años.

Montevideo, 20 de octubre de 2012.