En la tarde de hoy (jueves 27 de setiembre), el Poder Ejecutivo entregó el proyecto de ley de Minería de Gran porte a la comisión multipartidaria que analizó este tema. Se garantiza que esta actividad deberá asegurar la protección del ambiente –a través, por ejemplo, de estudios auditados- y las necesidades sociales de las comunidades. Además, incluye disposiciones tributarias.

El Poder Ejecutivo (PE) entregó hoy a la Comisión Multipartidaria de Análisis de la Minería de Gran Porte (MGP)-conformada a instancias del presidente de la República, José Mujica, e integrada por representantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria y del propio PE-, el proyecto de ley para esta área.

La redacción del proyecto fue liderada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma).

En su exposición de motivos, se explica que el proyecto de ley surgió de los compromisos establecidos en el documento de acuerdo que se firmó en diciembre de 2011, producto del trabajo de la comisión multipartidaria. En él se incluyeron los principios y bases que se consideran necesarios para el desarrollo de la MGP en el país, y se acordó que se les daría rango legal.

“El presente proyecto de Ley, producto de dichos acuerdos y compromisos, tiene como objetivo dotar al País de un instrumento moderno de política de desarrollo sustentable en una actividad que utiliza recursos naturales no renovables, y que por tanto su accionar deberá asegurar la protección del ambiente, las necesidades sociales de las comunidades cercanas a los lugares donde se realizará la actividad, así como las necesidades nacionales de desarrollo económico”, indica textualmente el proyecto de ley.

En una perspectiva que toma en cuenta que la explotación de la MGP debe “generar oportunidades para las generaciones actuales pero prever también beneficios para las generaciones futuras”, se considera que “el Estado debe participar eficientemente de una parte de las rentas económicas generadas por la explotación de recursos no renovables del cual es propietario y garantizar a la sociedad una asignación y gestión óptima a los objetivos trazados”.

“En cuanto a los aspectos ambientales cabe destacar que se incorpora la necesidad de realizar un Estudio de impacto ambiental completo el cual será a la vez auditado por una entidad internacional con reconocida trayectoria en la materia. El proyecto de ley enfatiza la necesidad del plan de cierre de forma de asegurar el reacondicionamiento de los sitios a niveles tales que posibiliten el desarrollo de actividades post-cierre u otros usos posteriores. De forma de asegurar esto se crean garantías de cumplimiento de la MGP”, señala, textualmente, el proyecto presentado hoy.

En lo que refiere a los aspectos tributarios, se propone “el establecimiento de límites respecto al alcance de los beneficios fiscales que recaen sobre ciertas inversiones; la realización de ajustes en el régimen general de liquidación del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE); así como la incorporación de un adicional al mismo, específico a la renta proveniente de la explotación de la Minería de Gran Porte (MGP) incorporándose al cuerpo normativo de este impuesto”.

En los próximos días, el documento también se enviará al Parlamento.

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