La revocación del permiso para operar la Radio Cenit FM de Rivera, cuyo titular era el prófugo Miguel Sofía (involucrado en graves violaciones a los derechos humanos como integrante del Escuadrón de la Muerte) es una victoria de la libertad de expresión y la sociedad civil en su conjunto.

El caso se inicio con una denuncia del Grupo Medios y Sociedad (GMS) por la concentración ilegal que suponía la compra de 11 radios por parte del grupo del empresario mexicano Ángel González. En esta compra se unificaron el llamado grupo Sarandí y el ex grupo Del Plata, propiedad de la familia de Sofía.

La denuncia lleva varios años de tramitación en la Ursec y el Ministerio de industria, Energía y Minería y esta era una de las radios denunciadas. La revocación prueba que Sofía vendió el paquete de cuatro radios del que era titular en su plan de escapar a la Justicia que lo investigaba por crímenes de lesa humanidad. Prueba también que se vendió un grupo de emisoras que de por sí sobrepasan los límites legales a la concentración a otro grupo que acumuló aún más radios.

Lamentablemente las otras transferencias del Grupo Sofía fueron autorizadas y sólo esta no se concretó y ahora es revocada.

A tres años de presentada la denuncia, GMS espera los resultados del resto de las investigaciones en curso, expectantes de lo que se resuelva con las restantes frecuencias adquiridas por el grupo González.

Sigue nota de prensa de La Diaria, 02 de agosto 2012

Dame una señal

La Diaria, 02 de agosto de 2012

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) acordó ayer con la bancada frenteamplista una nueva redacción para los artículos 135 y 136 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que obligan a los medios de comunicación a pagar un precio por el uso de la frecuencia y a habilitar 15 minutos diarios para “campañas de bien público”. El subsecretario de Industria, Edgardo Ortuño, explicó que se buscó mayor precisión en los términos. En otro orden, aseguró que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) se enviará al Parlamento antes de fin de año.

La rendición prevé, en su artículo 135, que los titulares de emisoras radiales y de canales de televisión abierta y para abonados deberán habilitar el uso gratuito de hasta 15 minutos diarios de sus emisiones para “campañas de bien público por parte de organismos públicos y personas públicas no estatales”. En el artículo siguiente incluye las radios, y los canales de televisión abierta en el artículo 147 de la ley 18.719, que establece que los concesionarios de frecuencias radioeléctricas y “demás bienes escasos necesarios para las telecomunicaciones” deberán abonar un precio. La redacción actual de la ley los excluye. Con esto, el Poder Ejecutivo queda habilitado a fijar un pago por el uso de las frecuencias.

A raíz de las consultas y críticas planteadas el lunes en la comisión de Hacienda integrada con Presupuestos de Diputados, y luego de una reunión que mantuvo con la bancada del Frente Amplio en la mañana de ayer, el Poder Ejecutivo precisó qué entiende por “campañas de bien público” y qué criterios se utilizarán para fijar el precio, explicó a la diaria Ortuño.

El subsecretario aseguró que se utilizarán criterios “objetivos”, para evitar que el gobierno pueda usar esa facultad como forma de premiar o castigar a los medios. Aclaró que el precio por el uso del espectro no es lo mismo que el canon; este último se incluirá en la ley de SCA que se enviará próximamente al Parlamento y constituirá un porcentaje de la facturación de los medios. En el gobierno hay una discusión interna respecto de la forma de cobrar el canon. El MIEM entiende que lo mejor sería establecer un impuesto para poder fijar franjas por facturación, pero al Ministerio de Economía y Finanzas no lo convence implementar un gravamen de este tipo.

El precio, en tanto, se determinará en función del alcance y del tipo de medio. El titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), Sergio de Cola, explicó en diálogo con la diaria que se cobrará un precio mayor a las frecuencias de televisión que a las de radio. A su vez, se prevé exonerar del pago a las radios del interior. Los canales de televisión abierta deberán pagar una tarifa similar a la que abonan actualmente las señales de TV para abonados. La cifra concreta, a abonarse anualmente, todavía está a estudio. “No son valores significativos”, aseguró De Cola. El 50% del dinero que se recaude se destinará a la Anep y el restante 50% a los ministerios de Educación y de Industria, según la nueva redacción del articulado. En el caso del MIEM, el dinero será para el fomento de la industria audiovisual.

En cuanto a las campañas de “bien público”, se definió con mayor precisión en el nuevo articulado los criterios de asignación y de contralor. El lunes, en comisión, el titular del MIEM, Roberto Kreimerman, señaló que el ministerio, junto con Presidencia, recibirán las solicitudes de campañas y la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) se encargará del control del cumplimiento y de la implementación. La oposición consideró que debería ser potestad de los medios y no del gobierno definir qué organizaciones deben ser beneficiarias de las campañas. El Ejecutivo no está dispuesto a cambiar su opinión en este punto. “La propuesta de dar la potestad a los medios de definir dejaría la situación tal cual está hoy, es el discurso de Andebu”, cuestionó Ortuño.

Respecto de los temas que pueden ser objeto de estas campañas, Kreimerman dijo en comisión que van desde asuntos “vinculados con la convivencia hasta los de la salud” y temas educativos. Las autoridades del ministerio resaltaron que tanto la habilitación de minutos gratuitos como el pago del precio son mecanismos de contrapartidas generalizados a nivel internacional. Ortuño mencionó que en Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú y Colombia, por ejemplo, los permisionarios de las frecuencias pagan anualmente por su uso.

Revocada

El MIEM resolvió el lunes revocar la autorización a FM Cenit para operar en Rivera. En 2009, el Grupo Medios y Sociedad (GMS) solicitó a la Ursec que investigue las transferencias de titularidad de 11 emisoras pertenecientes al Grupo Sarandí y al Grupo Sofía. El GMS denunció que éstas habían sido adquiridas por el empresario mexicano Ángel González mediante testaferros. La asesoría jurídica del MIEM concluyó a fines de 2011 que las 11 emisoras pertenecían al mismo “conjunto económico”.

Cenit pertenecía a Miguel Sofía, sobre quien pesa un pedido de captura internacional por su responsabilidad en los asesinatos de Manuel Ramos e Íbero Gutiérrez y las desapariciones de Héctor Castagnetto y Abel Ayala. La autorización a Cenit se revocó al constatarse la ausencia prolongada de Sofía en el país y la ausencia de personal en la emisora.

Fuente: GSM y La Diaria. www.ladiaria.com.uy