Compartimos la columna del domingo 8 de julio del líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry y que lleva como título “No es político, es arbitrario”.
“Lo político es más importante que lo jurídico” espetó el Señor Presidente de la República la pasada semana.
Por ello pasó por arriba de la Constitución y la ley en Mendoza.
Después despreció la opinión del Presidente de la Asamblea General con argumentos poco jurídicos como “Danilo está equivocado”.
El único que lo secundó fue el locuaz Pro Secretario de la Presidencia: “los motivos de realpolitik primaron sobre los jurídicos” expresó.
Para colmo Argentina hizo público un comunicado en el que expresa que los Presidentes Mújica, Fernández y Rouseff tomaron la decisión en Mendoza “luego de escuchar a los asesores jurídicos de Argentina y Brasil”.
¡No escucharon a los uruguayos!
Es triste que un Presidente deje de lado la Constitución y la ley por motivos políticos. Pero más lo es que actúe asesorado por funcionarios de otros países.
A lo que se suma que nuestro Canciller se retiró de la reunión de Presidentes y lo dejó sólo, sentado en segunda fila, mientras la Sra. Kirchner dirigía sonrisas al Ministro venezolano, y la Presidente de Brasil asentía satisfecha.
El Ministro Almagro dijo antes de la cumbre que no era posible que Venezuela ingresara al Mercosur y se mantuvo en silencio al volver.
El Cr. Danilo Astori fue el único que actuó de acuerdo a derecho.
Él, además de Vicepresidente de la República, es el Presidente de la Asamblea General. Es decir, la cabeza del Poder Legislativo.
Un Poder que tiene el mismo rango constitucional que el Ejecutivo y el Judicial.
Como cabeza del Poder Legislativo el Cr. Astori tiene el deber de defender la institucionalidad y las facultades del Parlamento.
Cuando lo hace no es el suplente del Sr. Mújica en la Presidencia o miembro del Frente Amplio.
Es la cabeza de un Poder que integramos todos los representantes electos por la ciudadanía. Debe velar por el respeto de nuestras facultades constitucionales y oponerse, como lo hizo, a que se afecte la institucionalidad.
Los artículos 85 y 168 de la Constitución establecen que los Tratados deben ser aprobados por el Poder Legislativo y esto debe respetarse.
En el año 2006, por la ley 18.053, el Parlamento aprobó que ingresara Venezuela al Mercosur. Lo hizo sujeto a la condición de que lo aprobaran todos los miembros, entre ellos, la República del Paraguay.
Por lo que si Paraguay no lo aprueba el Poder Ejecutivo no puede aceptar el ingreso de Venezuela.
No tiene poder para hacerlo. No hay ley que lo avale o permita.
Asesorado por un funcionario de tercer nivel (ni siquiera por el Secretario de la Presidencia) y por funcionarios de Argentina y Brasil, el Señor Mújica entendió que podía pasar por encima de las normas constitucionales argumentando motivos políticos, lo que es ilegal.
Luis Recasens Siches afirmaba que la diferencia entre un mandato jurídico y uno arbitrario, radica en que el primero es una “regularidad inviolable” mientras que el segundo es un “mero capricho, un porque si”.
Escribía en su Tratado de Filosofía del Derecho que esa distinción entre lo arbitrario (como la decisión de Mújica) y lo jurídico la encontraba reflejada en la obra shakespearana “El Mercader de Venecia”.
En ella se le pide al Juez que no aplique la ley para así hacer lo que una parte entendía justo.
La respuesta del Magistrado parece haber sido leída por Astori y no por Mújica:
“No puede ser, no debe ser, no existe poder en Venecia que pueda pasar por encima de la ley; de hacerse esto, se seguirían funestas consecuencias”.
Son las que nos esperan cuando se pasa por encima de la ley y la Constitución.