El Grupo Medios y Sociedad (GMS) junto a la Organización de la Prensa del Interior (OPI) ha denunciado en innumerable cantidad de veces la situación que en estos días ha reconocido el presidente José Mujica, sobre la injusta distribución de la publicidad oficial en el sentido Montevideo-Interior. Saludamos y compartimos que el presidente reconozca que el 90% de la asignación de publicidad oficial va dirigida a los medios de Montevideo, cuando hoy existen diarios del interior que tienen más circulación que los de Montevideo, o programas de televisión local que son más vistos que los enlatados importados.
No obstante, subsisten otras inequidades y discrecionalidades alarmantes en la asignación de publicidad oficial:
a.- Inexistencia de criterios para distribuir la publicidad (muchas veces no importa el tiraje, no importa la circulación, no importa la audiencia, no importan los contenidos). O bien se deja el reparto a las agencias de publicidad, y estas cobran dos veces, al Estado y al medio, y además ingresan la publicidad oficial en sus»paquetes» de trueque; o bien se asigna la publicidad por amiguismo entre los mandos medios de los medios y del Estado.
b.- Abuso de las ediciones «especiales» de medios de comunicación que son regadas con miles de dólares de publicidad de organismos públicos.
c.- Inequidad en el reparto entre los sectores de la comunicación: la televisión se lleva la parte del león, la radio va en segundo lugar, y la prensa que más periodistas emplea y es la que realmente hace la agenda informativa es relegada al tercer lugar en dinero asignado.
d.- Falta de transparencia: No hay transparencia suficiente en la asignación por parte del Estado (debería estar colgada la información en la web de cada organismo como parte de la transparencia proactiva) y el sistema de medios debería ser mucho más transparente.
El presidente ha hablado en estos días de medidas paliativas para equilibrar la ecuación Montevideo-Interior. Creemos que la respuesta debe ser más amplia e integral. Al comenzar el período GMS entregó ala SEPREDI un proyecto de ley cuyas bases fueron elaboradas desde la sociedad civil con participación de todos los actores involucrados, pero nunca fue enviado al Parlamento.
Creemos firmemente que la solución a este problema es regular. El Estado debe autoregularse a través de una ley en la definición y asignación de publicidad oficial y debe exigir mayor transparencia al sistema de medios.
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