Desde su fundación, el Frente Amplio se constituyó como una fuerza política en la que una pluralidad de tendencias de la izquierda uruguaya pudo encontrar una identidad común. Las discusiones, polémicas y reflexiones, que tuvieron como resultado la fundación del FA a comienzos de los años setenta del siglo pasado, son un ejemplo histórico de que es posible crear una herramienta de cambio a partir de colectivos que expresan pluralidad de opiniones.
Pese a la diversidad existente, todas las agrupaciones -que en su momento fundaron el FA- compartían la necesidad de crear un partido político que defendiera en forma irrestricta a los sectores más desplazados, con el objetivo de transformar las relaciones de dominación y desigualdad de nuestra sociedad; cuestión que desde nuestro punto de vista continúa vigente en la actualidad.
Consideramos que el Frente Amplio continúa siendo el único camino de izquierda orientado a una modernización del país con justicia social; su objetivo manifiesto siempre ha sido quebrar la hegemonía de los sectores dominantes, y torcerla hacia una mayoría social totalmente inclusiva. La pluralidad de expresiones ideológicas (coalición de sectores) y la participación directa y activa de la ciudadanía en la conducción del proyecto (el movimiento) son los dos ejes sobre los cuales se sostuvo y debe sostenerse el FA.
Sin embargo, las presiones propias del ejercicio del gobierno han desvirtuado de manera significativa la discusión de estos problemas. En parte, esto quizás se deba a una falta de renovación de los cuadros políticos y militantes de la organización, y por ese motivo, nos parece imprescindible recrear las visiones de largo plazo, proponer soluciones radicales y renovar la conducción, de cara a la reconstrucción del FA.
En el presente, el rol de la fuerza política -y de los distintos agrupamientos que la integran- debe ser promover el debate público y contribuir en la construcción y articulación de iniciativas políticas que representen un conjunto de perspectivas que no siempre se expresan en la estructura frenteamplista. Para poder llevar a cabo este objetivo, es necesario potenciar espacios al interior del FA orientados a desarrollar el sentido crítico respecto de los diferentes roblemas, siendo –al mismo tiempo- autocríticos en relación a cómo ha enfocado el FA las soluciones a los mismos.
Nuestra apuesta es contribuir a generar una nueva práctica política, en la que los cálculos electoralistas secunden nuestro compromiso con el cambio social y exista una reflexión permanente acerca de cómo ejercemos el poder en nuestros diferentes espacios de incidencia política.
En suma, el debate político en el FA y su transformación como herramienta para el cambio es una de nuestras prioridades para poder alcanzar cambios significativos en la realidad y en el largo plazo.
Para ello proponemos:
la defensa y profundización de los cambios sociales y culturales a través de la acción política organizada, actualizando la agenda política del FA;
la creación de más y distintos espacios de discusión y decisión, que incorporen las nuevas modalidades de participación y propuesta;
la apuesta a una fuerte política de formación de militantes, que tiendan a la construcción democrática del FA y al fortalecimiento de las capacidades de gobierno;
la transformación de los mecanismos internos de elección y decisión, de manera que las decisiones más importantes sean definidas por mayoría de todos los frenteamplistas que tengan la voluntad de incidir.
Una nueva Constitución
La izquierda no puede renunciar a su histórica aspiración de refundar las bases mismas del proyecto social colectivo. Entendemos fundamental arribar a un nuevo texto constitucional, mediante discusiones desde los marcos sociales e institucionales más amplios posibles. El producto debe ser una Constitución moderna que dé cuenta del “nuevo pacto”. A nuestro entender, hay ciertos ejes que el FA debe considerar en la discusión:
Inclusión de mecanismos de participación y de democracia directa;
Reformulación del texto y de la institucionalidad desde una perspectiva de derechos;
Jerarquización de la institucionalidad referida ala Justicia;
Revisión de los privilegios otorgados constitucionalmente;
Rediscusión de la propiedad de los recursos naturales colectivos;
Rediscusión de la necesidad de un ejército propio.
Una educación de calidad para todos
No es posible un proyecto de izquierda viable en el largo plazo que no aspire a aumentar sostenidamente los niveles educativos de toda la población. La reforma de la educación resulta estratégica en la construcción del socialismo del futuro y de su éxito dependerá en gran parte el destino de nuestro pueblo. Sin educación de calidad para todos podrá haber modernización y crecimiento económico, pero nunca desarrollo, democracia y justicia social. Las políticas educativas deberán atender prioritariamente en esta etapa:
La delicada situación de la educación secundaria, tomándola como prioridad.
La promoción del empoderamiento de los centros educativos, dando a estudiantes, padres y docentes mayor incidencia en la definición del proyecto educativo, vinculando los problemas del entorno y potenciando la multiplicidad de actividades.
La carrera docente a partir de la formación continua, la especialización y profesionalización.
La implementación de medidas de “desanclaje” relativo de los estudiantes respecto a sus lugares de origen, basadas en el principio de libertad de movimiento y de convivencia entre diferentes, que integre y combata al fenómeno de segregación residencial.
La creación de un sistema de educación superior, planificando su desarrollo en el largo plazo, regulando la interacción entre las nstituciones que existen y las que debieran crearse, y la reforma dela Leyorgánica dela Universidaddela República, que hoy está en marcha.
La defensa del medio ambiente
Los cambios en la sociedad, sus valores, sus formas de organización, sus estilos de vida, y sus patrones de consumo, impactan directamente en la capacidad futura del ambiente de disponer de recursos necesarios y mantener las condiciones para garantizar una calidad de vida adecuada.
El modelo de desarrollo actual no incorpora los límites ecológicos en la explotación de los recursos naturales, y obedece a una concepción materialista y utilitaria del medio ambiente, en la que la naturaleza y las distintas especies deben ser preservadas únicamente en función de su utilidad económica, sin reconocer sus valores intrínsecos y únicos. Este marco solo agravará la actual crisis ambiental y profundizará las inequidades sociales, por lo que resulta imprescindible rediscutir el modelo de desarrollo y los patrones de consumo estimulados.
A pesar de esto, el Frente Amplio no incluyó una agenda ambiental en su último programa electoral. Por esto, creemos que es preciso generar análisis profundos y propuestas sobre la forma en que la izquierda se posiciona, buscando cambios significativos en el modelo de desarrollo.
En tal sentido, creemos fundamental la utilización de herramientas como la evaluación ambiental estratégica de proyectos, los estudios de impacto ambiental, la participación social en la gestión de los recursos naturales, la estimulación del uso de energías renovables y el uso adecuado de los recursos naturales, para así promover un modelo de desarrollo sustentable a largo plazo.
En el caso de nuestro país, debería crearse una institucionalidad ambiental lo suficientemente fuerte para que las visiones desarrollistas que son mayoritarias en la mayoría de los organismos públicos que toman decisiones importantes, no sean las únicas consideradas.
La lucha contra cualquier forma de discriminación
Es preciso rever el diseño y ejecución de las políticas públicas para revertir y no reproducir inequidades. Las desigualdades invisibles que generan los estereotipos culturales que asignan roles y responsabilidades diferentes según sexo, edad o clase, tienen repercusiones sociales y económicas que perpetúan la injusticia social y empobrecen la democracia dificultando una distribución de bienes y servicios más equitativa.
Para nuestra agrupación definirse de izquierda implica incorporar a la reflexión y a la acción nuevas demandas e ideas y combatir contra el modelo patriarcal, el racismo, el individualismo, la homofobia, la transfobia, la “planchafobia”, la “chetofobia” y cualquier forma de discriminación.
Esto supone un nuevo desafío en el camino de profundizar la democracia, derribando los muros que nos separan. Y requiere asumir las diversas formas de desigualdad, discriminación y dominación, atreviéndose a cuestionar el “orden de cosas” no sólo en el plano económico sino también a nivel social y cultural, y esto supone también cuestionarnos a nosotros mismos.
La democratización de los medios de comunicación
Debemos revisar el papel social de los medios masivos de comunicación y elaborar políticas públicas tendientes a la democratización en el acceso y en la producción de contenidos desde la sociedad y para la sociedad, monitoreando activamente los desbordes intolerantes y discriminatorios.
El papel del poder público debe ser garantía de la democratización informativa y de la libertad de expresión de bienes científicos y artísticos de interés colectivo con el fin de que estos sean accesibles para todos.
En el Uruguay la única política pública que se desarrolló por décadas fue la de otorgar frecuencias a cambio de favores políticos. Esto permitió que nuestro país posea uno de los índices más altos de concentración de medios de comunicación de América Latina. Debemos invertir este orden, otorgando espacios a otras subjetividades y prácticas indiferentes para el mercado y para la homogeneizada oferta.
Los medios de comunicación masiva tienen un papel fundamental en el desarrollo y la comprensión de la democracia. Son constituyentes privilegiados de sentido. Necesitamos producir más sentidos enmarcados en derechos humanos. En estos últimos años se han reconstruido importantes espacios que hay que seguir fortaleciendo.
Un sistema de protección social para todos
Debemos articular la formulación de políticas activas en el sistema de protección social en un proyecto de mediano y largo plazo. Queremos privilegiar el derecho a la protección social para todos, discutir la renta universal, la reducción de la jornada laboral, los trabajos del cuidado actualmente no remunerados, y otras formas que asume el trabajo hoy.
El actual modelo pone énfasis en la protección de la vejez, y no prioriza la protección de la infancia, la adolescencia y los sectores activos de la población, más allá de políticas recientes como la incorporación de los trabajadores y sus hijos al Sistema Nacional Integrado de Salud y la extensión de las asignaciones familiares.
La seguridad social es un derecho humano fundamental y debemos tender a la inclusión universal de la población con justicia social. El desafío primario radica en el reconocimiento y la lucha por la ampliación de los derechos de las personas junto con la redistribución de la riqueza.
Crecimiento con distribución de la riqueza
Una de las ideas clásicas de la izquierda que al día de hoy no ha perdido vigencia, es la convicción de que el crecimiento económico debe estar acompañado por una distribución de la riqueza justa. En el período de gobierno frenteamplista se han hecho valiosas transferencias a los sectores más vulnerables a través de varias políticas gubernamentales que deben continuarse, ya que son indispensables en la reducción de las brechas sociales.
De todas maneras, es necesario que el crecimiento económico repercuta en la masa salarial de los trabajadores, que, considerando el impresionante aumento del PBI en los últimos años, debería ser mayor al actual. Si bien la reinstalación de los Consejos de Salarios provocó una importante recuperación del salario real, no se han alcanzado los niveles previos a la administración Batlle.
Se debe seguir profundizando políticas que permitan una distribución del ingreso más equitativa, en donde la riqueza no se encuentre concentrada en unos pocos.
Integración regional
En el plano internacional hay que estar atentos a los vertiginosos cambios y a los conflictos que existen en un mundo globalizado, ya que hay que buscar administrarlo políticamente en cada uno de sus aspectos.
Se deben orientar las acciones de integración hacia la paz mundial y el crecimiento económico, democrático, cultural y social de las naciones. Nos encontramos en un momento de transición del mundo unipolar liderado por los Estados Unidos al multipolar; donde se consolida el poder de Europa, se mantiene la presencia de Japón, se fortalece el poderío económico de China, y donde surgen nuevas potencias mundiales comola Indiay Brasil. En este contexto, la conformación e integración de bloques comerciales y políticos es más que necesaria para un país pequeño como el nuestro.
Es así que para pensar modelos alternativos resulta imprescindible y un desafío político estratégico recorrer caminos de integración regional con los países latinoamericanos y caribeños; sea en su versión más comercial y avanzada institucionalmente, como el MERCOSUR, o en su versión más política, de defensa e infraestructura común, como lo es la incipiente UNASUR.
Debemos procurar un tipo de integración internacional de distinto carácter, promoviendo y generando una política de cooperación internacional. La política internacional no debe ser neutra frente al asedio a las naciones más débiles por parte de empresas trasnacionales y los países más poderosos.
Conocimiento libre y e-ciudadanía
Debemos comenzar a pensar y debatir socialmente cuestiones estratégicas con respecto al desarrollo de una sociedad del conocimiento democrática y participativa. Si el conocimiento es un factor productivo fundamental, tenemos que pensar cómo transformarlo en una herramienta no sólo de crecimiento económico sino también de bienestar social.
Las actuales posibilidades que existen de crear, compartir y distribuir socialmente el conocimiento tienen un potencial de transformación social que no podemos desaprovechar. Esto nos lleva a cuestionar algunas de las instituciones que rigen la propiedad del conocimiento (derechos de autor, patentes), tanto como su distribución y uso por parte de la sociedad (datos abiertos, software libre).
Es necesario profundizar en el desarrollo de las capacidades de las generaciones más jóvenes en este sentido, continuando y promoviendo aun más iniciativas como el Plan Ceibal, el gobierno electrónico, el acceso a la información y la cultura libre.
Economía social
En la búsqueda de estructuras alternativas de desarrollo económico, es necesario el estímulo y el apoyo decidido al surgimiento, crecimiento y fortalecimiento de emprendimientos productivos, comerciales y de servicios de carácter cooperativo y autogestionario, basados en los principios de Economía Social. Los emprendimientos de estas características han demostrado ser un espacio de construcción democrática y de distribución más justa de la riqueza, constituyendo más allá de lo económico, un proyecto político y cultural. Estamos convencidos que otra economía es posible, siempre y cuando desde el Estado, la sociedad civil y los partidos políticos se tomen las medidas adecuadas que impulsen su desarrollo.
Más derechos para todos
La lucha contra la impunidad desde todos los frentes posibles
Decimos que la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, principal mojón de impunidad en nuestro país, constituye una flagrante violación a los derechos humanos más elementales y una vergüenza nacional desde todo punto de vista.
La responsabilidad de la existencia de esta aberrante ley no le corresponde al pueblo sino a la institución parlamentaria. Fue el parlamento de nuestro país quien la validó. En todo caso, el pueblo no ha logrado juntar la fuerza suficiente, por diversos motivos, para tirarla abajo, pero de ninguna manera esto puede ser interpretado como que la ley fue ratificada por la ciudadanía.
Por esta razón, luchamos desde todos los frentes para encontrar la solución más rápida y eficaz que derrote a la impunidad en nuestro país.
Despenalización del aborto como una cuestión de derechos
Nuestro colectivo asume la despenalización del aborto como una de las necesidades fundamentales en materia de protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos como constitutivos de los derechos humanos.
El veto presidencial del Dr. Tabaré Vázquez de noviembre del año2008 alos capítulos II, III y IV de la “Ley de Salud Sexual y Reproductiva” aprobada por ambas cámaras, desarticuló la estrategia emprendida para la protección integral de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país.La Leyfinalmente aprobada, si bien legitima al aborto como una práctica instalada en nuestra sociedad -a través de servicios de asesoramiento en todos los centros de atención a la salud del país-, no garantiza el acceso seguro e igualitario al mismo.
Consideramos que la despenalización del aborto es una urgencia que no debe ser desatendida ni dilatada por más tiempo, por ser una necesidad colectiva que hoy por hoy, debe resolverse en el circuito clandestino. Resulta necesario no sólo garantizar el acceso seguro, sino también comprender que su despenalización debe ir acompañada de un profundo trabajo de educación y prevención no sólo con las mujeres o parejas que podrían pasar por esta situación, sino también con los profesionales y personal técnico implicado en la red de atención primaria a la salud.
La institucionalización del aborto, requiere de un trabajo conjunto y de largo aliento, cuyo primer paso ineludible, es su despenalización.
Una nueva ley de drogas
Creemos necesario que el Estado asuma una nueva perspectiva en materia de drogas. Las políticas de “guerra contra el narcotráfico” de las últimas décadas no sólo han fracasado en su intento de reducir el consumo, sino que han exacerbado el delito, promoviendo el surgimiento de redes mafiosas. Las políticas y el marco legal actual han estigmatizado a los consumidores, vulnerando sus derechos a través de un doble discurso que asocia las sustancias a los peores problemas de la sociedad. La ley actual es ambigua y contradictoria, ya que permite el consumo de drogas pero prohíbe la compra, habilitando así la discrecionalidad policial y la violación de derechos humanos.
Desde el IR, promovemos una nueva perspectiva basada en dos ejes:
La promoción del ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Estamos en favor de la despenalización de la marihuana y del comienzo de un debate nacional amplio sobre el derecho al consumo de drogas.
La prevención en salud. Insistimos en que el Estado debe garantizar la disponibilidad y diversidad de tratamientos para los diferentes consumos problemáticos de drogas lícitas e ilícitas, con el fin de buscar soluciones responsables a los problemas de salud.
Fuente: Espacio frenteamplista IR www.ir.org.uy