El diputado Horacio Yanes (Nuevo Espacio) sale en defensa de la gestión de la Dirección de Casinos ante las denuncias que se han promovido desde un grupo de funcionarios nucleados gremialmente.

“No aceptamos mas enchastres en la Direccion de Casinos, el honor de los compañeros lo defenderemos, y a los malos funcionarios los enfrentaremos.

Frente a las acusaciones públicas a la Dirección de Casinos y a las jerarquías del Ministerio de Economía, NO vamos a permanecer callados. Sin cola de paja, enfrentaremos cada enchastre con la verdad de los intereses que algunos funcionarios defienden.

En una pasada edición del Semanario Búsqueda, trascendió que la Federación Nacional del Juego (FENAJU) realizaría una denuncia penal contra el Director de Casinos del Estado, por una compra de slots que supuestamente se habría realizado de forma irregular.

La Dirección General de Casinos posee aproximadamente unos 1.200 funcionarios. La enorme mayoría, más de mil trabajadores de todo el país, se nuclea en dos federaciones gremiales, la de los funcionarios administrativos posee unos 800 y la de los funcionarios especializados unos 230. Ninguna de ellas integra ni participa de la FENAJU, ni tiene intención de hacerlo.

En la oficina central en Montevideo, trabajan unos 170 funcionarios. Entre ellos hay un grupo de unos 40 funcionarios que conforman una autoproclamada entidad gremial, que es fuertemente rechazada por todo el resto, la gran mayoría de los que cumplen funciones en esa oficina.  El rechazo se funda en la falta de representatividad, en la falta de elecciones democráticas que renueve las autoridades y en la falta de objetivos o propuesta gremial alguna.

Esa supuesta entidad gremial, de nombre AFOCCE, minoritaria y carente de representatividad, es la que participa de la FENAJU y posee una dirección que impulsa como herramienta de oposición a la política del Poder Ejecutivo, el chantaje, la denuncia y el hostigamiento judicial a sus jerarcas. Su actividad no integra ningún proyecto o reclamo gremial propiamente dicho, a todos los efectos no constituye un gremio, sino un grupo político, cuya definición política y práctica, es la instigación deliberada y la confrontación con la Dirección y su política.

La denuncia divulgada recientemente en el citado semanario, refiere a la adquisición de 10 máquinas electrónicas (slots), efectuada por la Dirección en un remate público, mediante un procedimiento administrativo normal, absolutamente legal y especialmente previsto a nivel normativo en el literal K de las excepciones del artículo 33 del Tocaf. 10 máquinas electrónicas que desde hacía más de un año trabajaban a prueba en el Casino de Atlántida, cedidas a préstamo por la firma proveedora, sin cargo alguno para el organismo. Habiendo vencido el préstamo y estando informados de la subasta pública de las mismas, se concurrió al remate y se adquirieron por la base, a un precio sumamente conveniente para la administración.

Con estos antecedentes y habiendo desarrollado un procedimiento con estricto arreglo a derecho, ninguno de los asesores legales consultados, encuentra materia de sustento alguno para una denuncia judicial y menos aún en el ámbito penal.

Pero que se presenten denuncias sin ningún asidero no es de extrañar, ya ha pasado. Esta denuncia como otras agitadas por ese mismo grupúsculo, responden a otras motivaciones y persiguen otra finalidad.

Este tipo de denuncias y de amenazas en materia judicial, responde a una práctica deliberada de hostigamiento y chantaje, que ese grupo de funcionarios ha adoptado como método y política de “ajuste de cuentas”, para tratar de amedrentar y dañar a la Dirección de Casinos, pretendiendo acosar e impedir el desarrollo de la política del Poder Ejecutivo en esa repartición.

De esta forma, el enojo, la venganza y la puja por el poder burocrático, se sintetizan y adquieren la forma de denuncias judiciales, donde lo importante no es la materia o causa real, lo importante es castigar al jerarca, a través del desgaste, el desprestigio y la mala prensa que supone para cualquier político, la instalación pública de una denuncia en su contra y el tener que comparecer a un juzgado para dar explicaciones.

¿Y todo esto, por qué? Porque desde una dimensión reaccionaria, ese grupo de funcionarios, muchos de ellos con los más elevados cargos y remuneraciones, pretenden impedir las reformas en curso, recuperar prebendas y privilegios, soñando con volver al tiempo del retardo político e institucional, en que un grupo de gerentes dirigía los destinos del organismo, aprovechando la desidia y el desinterés de las Direcciones en gobiernos del pasado.

No hay más nada que eso. La rabieta, el veneno y la malicia de un club de resentidos, que pretende revestir de supuesta actividad gremial, el encono y el deseo de venganza, contra aquellos que están transformando el organismo y que lamentablemente para ellos, por supuesto, los ha desplazado de su tradicional eje de gravitación burocrática.

De esta forma y bajo el eslogan “el juego en manos del Estado”, ese grupúsculo del rencor y del acomodo tradicional, hoy se ha convertido por arte de magia en “estatista” y denuncia de forma falsa y oportunista, cualquier contrato suscrito bajo las condiciones del sistema mixto, con acusaciones tan falsas como su burda y artificial “defensa del Estado”.

Se atraviesa todo límite, se agravia y ataca gratuitamente el honor del jerarca, se sirve y abusa de las garantías y posibilidades de nuestro sistema judicial y del trabajo de nuestros juzgados. Todo ello, se realiza sin escrúpulos y en la más absoluta impunidad, se denuncia y se enchastra livianamente como si fuera un juego, total, todo vale y no hay ninguna consecuencia para la irresponsabilidad de los “denunciantes”.

Pues bien, se acabó el juego, no vamos a permitir que un conjunto de reaccionarios disfrazados de gremialistas, falsos defensores del Estado, hoy se dediquen a erosionar la gestión de nuestro compañero en el Ejecutivo, en el MEF y menos aún, a agraviar cobardemente y sembrar dudas sobre el buen nombre de prestigiosos y abnegados compañeros.

Lo vamos a denunciar y vamos a comenzar a dar los nombres y apellidos de quienes llevan adelante estos atropellos, porque vamos a defender desde cualquier ángulo la gestión y el honor de nuestros compañeros, que no pueden quedar entregados a disposición de estas prácticas mafiosas e inmorales”.

Representante Nacional.

Horacio Yanes.