La mayoría del público está al tanto de la instalación del primer local de Havanna en Uruguay y del comienzo de la comercialización de sus productos a nivel local, pero pocas personas conocen las razones que llevaron a demorar la llegada al país de la empresa argentina.
Desde hacía años, la tradicional cadena de alfajores tenía interés en desembarcar en Uruguay, pero un prolongado diferendo legal lo impedía.
La historia comienza hace más de 20 años, cuando una firma local registró la marca “Habana” en Uruguay, en la categoría de repostería y pastelería. En ese entonces, Havanna solicitó ala Justiciaque anulara la marca “Habana”. En principio se le dio la razón, pero luego la empresa uruguaya recurrió al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo y logró revocar la anulación.
“Esta situación llevó a que Havanna no pudiera instalarse en el país y tampoco comercializar sus productos”, señaló la abogada Virginia Cervieri, una de las socias del estudio que posibilitó que se destrabara el diferendo.
La experta explicó que “aunque las marcas se escriben de distinta manera, se pronuncian igual y se encuentran registradas dentro del mismo rubro, por lo cual es legítimo que una se pueda oponer el uso de la otra”.
Luego de dos años de trabajo, entre el estudio Cervieri, Monsuárez & Asociados, Havanna, la propietaria de la marca “Habana” y la empresa que comercializa los productos Havanna en Uruguay, se logró que se llegara a un acuerdo.
Otro de los socios del estudio, Pablo Monsuárez, destacó la estrategia utilizada para destrabar la situación. “Más que asesorar exclusivamente en lo jurídico, trabajamos con perfil comercial, generando un espacio para que las partes conversen y limen asperezas. Esto responde a una concepción moderna de un estudio de abogados, que no sólo se limita a la rigidez de la norma, sino que apela a la innovación y a la creatividad”, indicó.
En tanto, Cervieri resaltó que “la legislación uruguaya, a diferencia de otros países, no obliga a utilizar la marca luego de registrarla, lo que muchas veces genera problemas. Uno puede seguir renovando el registro de la firma cada 10 años y, al incrementarse el número de marcas registradas, aumentan también las posibilidades de conflictos”.