La televisión privada comercial en Uruguay.
Caracterización de la concentración de la propiedad, las audiencias y la facturación.
EDISON LANZA.
GUSTAVO BUQUET.
Viernes 11 de Noviembre. Hotel NH Columbia. Rambla Gran Bretaña 473. Montevideo, Uruguay.
Comentan: Senadora Susana Dalmás, diputado Pablo Abdala, Rosario Touriño (periodista del semanario Brecha), Fernando Gambera (secretario ejecutivo del PIT-CNT).
Compartimos las Conclusiones de este importante trabajo.
“Como se ha visto, la televisión es un sector en el que se deben proteger la competencia, la pluralidad y la diversidad, porque están en juego el derecho a la información, la libertad de expresión, la formación de los niños, la cultura y la identidad de los ciudadanos por medio de un recurso público y de regulación estatal como son las frecuencias y el acceso a la instalación de redes de cable, satelitales, inalámbricas, etcétera.
El Estado, como ocurre en otros sectores económicos, puede velar por un mercado eficiente entre empresas haciendo cumplir los estándares internacionales de diversidad y pluralismo. Para ello debe contar con un marco institucional que le permita cumplir con tales objetivos. Como se ha visto a lo largo de este artículo, esto no ocurre en Uruguay en el sector que abarca los servicios de comunicación audiovisual.
Ni la asignación de las frecuencias ni el marco regulatorio se han construido de la mejor manera, lo que ha permitido llegar a situaciones de pocos actores dominantes, como las ya descritas. En cualquier caso, para mejorar la situación no parece posible mirar hacia el pasado. Deshacer lo ya hecho colisiona con derechos adquiridos, complicaría la actual ecuación de una industria nacional con cientos de empleos y tendría consecuencias políticas predecibles.
Según el diagnóstico realizado, el nuevo marco regulatorio en Uruguay debería incentivar la competencia en todos los mercados de la comunicación e impedir niveles de concentración como los observados tanto en televisión abierta, como en televisión para abonados, como en lo que se ha denominado en este trabajo el mercado conjunto de televisión.
El avance de las tecnologías digitales permitiría generar un marco regulatorio más adecuado para mejorar la competencia de los medios en Uruguay, y con él iniciar el camino para que, sin alterar el marco político institucional en el que se mueven actualmente los medios, generar una situación de mayor diversidad a mediano plazo.
En primer lugar, el advenimiento de la televisión digital terrestre en Uruguay abre la posibilidad de obtener una mayor cantidad de operadores públicos, privados comerciales y comunitarios en el mercado de la televisión abierta.
Como se sabe, la codificación digital de la información aporta varias ventajas. Entre ellas, la posibilidad de comprimir la señal audiovisual y hacer un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. Mediante lo que se denomina multiplexación de la frecuencia, en el sistema digital se pueden emitir más canales —que pasan a denominarse señales digitales— en el espacio antes empleado por uno, denominado ahora canal múltiple digital o múltiplex.8
La situación es inmejorable para que los operadores de televisión abierta generen un marco más competitivo. La cantidad de espectro disponible permite la convivencia de un sector comercial más competitivo y diverso, una televisión pública más fuerte y plural —y a la vez con variadas opciones— y el nacimiento de un sector social-comunitario.
En el sector privado comercial, si los nuevos operadores fueran verdaderos competidores se equilibraría la competencia, se distribuirían los ingresos publicitarios entre más operadores y, probablemente, aumentarían la calidad y la diversidad en la programación.
Obviamente, todavía hay que complementar las posibilidades que abre la televisión digital terrestre con una legislación que regule los servicios de comunicación audiovisual de acuerdo con estándares que terminen de remover el statu quo de los grupos dominantes en el mercado de la televisión. Cuestiones como la concentración, los derechos de las personas ante la comunicación, la publicidad, el desarrollo de distintos sectores, el fortalecimiento de la producción independiente, los incentivos al desarrollo de la producción nacional de televisión, etcétera, superan las posibilidades de un decreto.
Un borrador de decreto que el Poder Ejecutivo puso en consulta pública el jueves 30 de setiembre de 2011, que lleva a límites extremadamente amplios las posibilidades de asignar nuevos canales y señales, con una mayor cantidad de espectro disponible para tres sectores en equilibrio: privado-comercial (siete canales), públicos (seis canales) y social-comunitarios (siete canales).
Véase en ‹http://www.miem.gub.uy/portal/hgxpp001?5,1,129,O,S,0,PAG;CONC;51;3;D;8169;1;PAG;,›.
Por otra parte, tampoco haría falta impedir que los grupos mantuvieran sus empresas de cable. Antel, con su trazado de fibra óptica, tiene capacidad para desarrollar nuevos operadores de cable, ahora más sólidos desde el punto de vista tecnológico y con capacidad de vender un paquete mucho más atractivo para los hogares con, además de televisión, datos y telefonía fija (el denominado triple play). Esto generaría más operadores, entre los que podría estar Antel, pero también otros que arrendarían la red estatal de fibra óptica para ofrecer los mismos servicios (mediante los principios regulatorios para servicios must carrier y neutralidad en la administración de
la red). De esta manera se multiplicarían los operadores y se obtendrían un mejor servicio y precios más competitivos. Esto arrojaría una situación de mayor competencia, menor concentración, mayor igualdad entre los operadores y, sobre todo, mayores beneficios para los ciudadanos que consumirían estos servicios.
En esta línea de razonamiento, hay que anotar como elemento preocupante la decisión de la compañía estatal de telecomunicaciones de establecer una alianza con uno de los grandes grupos privados (De Feo-Fontaina), lo cual, sin otra clase de medidas que aseguren la competencia en el sector, solo fortalece la actual situación de concentración descrita en el correr de esta investigación.
En este caso, al igual que para la televisión digital terrestre, no alcanza con un decreto o voluntad política de las autoridades de Antel.
Estas directivas regulatorias también deberían ser contempladas en la futura ley de servicios de comunicación audiovisual, en línea con una nueva ley de telecomunicaciones. Además de regular la participación de Antel como proveedor de red de fibra óptica, y en general de su red de cable de telefonía fija, y con ello asegurar una mayor cantidad de operadores en el mercado de la televisión para abonados, habría que resolver otros problemas de concentración como asegurar que se incluyan los canales abiertos en los sistemas de cable (regulación conocida por su nombre en inglés: must carry/must go), asegurar la neutralidad en la administración de la red de fibra óptica —para no favorecer algunos contenidos sobre otros—, regular la compraventa oligopólica de programación y servicios (Equital S. A.), regular
y fortalecer el desarrollo de producción nacional también en los servicios de televisión para abonados, entre otras.
La situación que se percibe de forma explícita en esta investigación debería servir para establecer un nuevo marco de competencia en los sectores de servicios de comunicación audiovisual utilizando la inmejorable situación que generan la tecnología de televisión digital terrestre y la inversión que Antel ha desarrollado en fibra óptica”.