La deuda que el Uruguay mantiene con Venezuela por la adquisición de petróleo, en el marco del convenio celebrado entre los dos países en marzo de 2005, ha alcanzado niveles preocupantes. La misma supera los 700 millones de dólares, cifra que representa más de la mitad del valor patrimonial de Ancap. Notoriamente, esa relación indica, sin margen para mayores dudas, una afectación de las finanzas de la empresa y, desde el punto de vista comercial, una dependencia de un solo proveedor de materia prima, lo que resulta inconveniente y altamente peligroso.
Por otra parte, la actitud que el gobierno nacional ha mantenido con relación a este asunto, especialmente en lo relativo a la justificación de dicho endeudamiento y al esclarecimiento de su composición y destino, también es preocupante. Desde un inicio se pretendió argumentar que el diferimiento del pago del 25% de la compra de crudo, tendría por objeto la financiación de nuevas inversiones o la cancelación de otros pasivos. Sin embargo, los reiterados pedidos de informes de legisladores del Partido Nacional solicitando la identificación de los mismos, jamás fueron contestados.
Asimismo, las – aparentemente – fallidas gestiones realizadas por la administración con su par venezolana, a los efectos de negociar una quita o cancelación total o parcial de la deuda, acontecieron en un marco de evidente opacidad, y permanecen en él. En su última comparecencia a la Comisión de Industria y Energía por este tema, convocados por el Partido Nacional, el ministro del ramo y el presidente de Ancap pidieron a los legisladores presentes el beneficio de la confidencialidad hasta que se agotaran las tratativas. Lo hicieron con el compromiso de concurrir nuevamente a informar los resultados, antes de hablar a través de los medios de comunicación, pero nada de eso aconteció, sino precisamente lo contrario.
Por lo resumidamente expuesto, los diputados nacionalistas abajo firmantes expresan públicamente que llevarán adelante nuevas acciones parlamentarias respecto de la situación descripta en el cuerpo de la presente declaración. Asimismo, manifiestan su respaldo al director de Ancap Carlos Daniel Camy, quien asumió en el directorio una posición coherente con todo lo señalado.