Uruguay es un país donde se ha avanzado considerablemente en materia de telecomunicaciones gracias a la competencia.
En telefonía móvil, tres empresas, dos privadas y una estatal: Telefónica-Movistar, Claro y Antel, han llevado la penetración al 135% con buenos precios, tecnología actualizada y diversidad de opciones para los usuarios.
Esa misma competencia condujo a la mejora de servicios y disminución de tarifas en larga distancia internacional y la adopción de un esquema en la telefonía móvil en que no existe larga distancia dentro del país impactó en la telefonía fija que eliminó los sobrecostos que antes cobraba para llamadas de larga distancia nacional.
Hay buena penetración en telefonía fija (29%) que, fundada en una decisión del gobierno de la época de la dictadura militar, es brindada en forma monopólica por Antel.
Un mercado de transmisión de datos imperfecto completa el panorama de telecomunicaciones del país. Es justamente en dicho mercado donde hoy está el reto más importante y sobre el cual vale que nos detengamos a analizar.
En banda ancha fija existe una posición de dominio (90%) de parte del operador estatal, quien suele presentar ofertas que son objetadas por sus competidores que las catalogan de acciones anticompetitivas por aplicación de subsidios cruzados con la telefonía fija monopólica cuyas tarifas en la práctica no están reguladas. A esto se suman decisiones del regulador y de políticas de telecomunicaciones en cuanto a la no liberalización del bucle de abonado como existe en muchos países, o a no expedirse con agilidad con relación a la aplicación del principio de neutralidad tecnológica que implica que los operadores privados ya autorizados a dar datos y que tienen fibra óptica instalada brinden el servicio por este medio, ni que a los operadores de televisión por cable se les permita ofrecer cable modem, hecho que convierte a Uruguay junto con Cuba en los dos únicos países de las Américas que no tienen autorizado el uso de esta tecnología para brindar transmisión de datos.
En este sentido las decisiones políticas y la regulación reciben fuertes críticas por falta de objetividad e independencia, al generar una sobreprotección para el operador estatal, omitiendo observar que ese mismo operador ha demostrado hacer un muy buen papel en los mercados donde efectivamente compite como el de telefonía móvil.
Existe una fuerte confusión de roles que lleva a confrontar a los actores y empresas de telecomunicaciones que deberían poder transitar en forma armónica y coordinada. Y ello es así no por una falla en el marco jurídico, por el contrario, se cuenta con normas y regulación suficientes y claras, sin embargo en muchos casos, éstas son omitidas o consideradas con indiferencia lo que habilita a que se generen apartamientos jurídicos amparados muchas veces por la inacción de quienes deben hacer cumplir las normas y la regulación. En teoría, al Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual correspondería delinear las políticas dentro de las cuales deben enmarcarse las telecomunicaciones del país. A la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, correspondería regular, controlar y fiscalizar a los operadores del mercado, en base a los principios esenciales de legalidad, equidad, justicia, no discriminación y libre competencia entre otros, y a los operadores, sean estos público o privados, correspondería actuar de acuerdo a estos principios.
Sin embargo ello no siempre es así, los límites se desdibujan y los roles se confunden.
Existen también discursos inconsistentes y contradictorios; por un lado se habla de incentivar las inversiones en el país y por otro se generan trabas burocráticas, reglamentarias y económicas que las desalientan.
Se vive una realidad en la cual muchas veces, solapados con fines sociales, se ofertan servicios básicos empaquetados con monopólicos transformándose en elementos que apuntan a destruir los beneficios de la libre competencia a mediano y largo plazo.
La universalización de la banda ancha de la que tanto se habla, no pasa por generar paquetes engañosos; pasa por mejorar calidad y acceso a través del respeto a las reglas de la libre competencia. Muchas veces escuchamos que Uruguay es uno de los países de Sudamérica con mayor penetración de acceso a Internet, más un detalle nada menor es que tiene importantes carencias respecto de su calidad y velocidad.
En este escenario vale reconocer la importancia de avanzar en la sociedad del conocimiento y la información, lo cual es indiscutidamente necesario. No obstante para que esto sea viable, debe cumplirse con los parámetros que nuestra regulación prevé. Es imprescindible llevar adelante políticas que cumplan con los principios fundamentales en beneficio del interés general: promoción de la competencia, no admisión de abuso de posiciones dominantes, fomento de la inversión e innovación, desarrollo de infraestructuras y nuevas tecnologías, contando con autoridades que respeten y apoyen la esencia de nuestro marco regulatorio con neutralidad e imparcialidad, apuntando a la igualdad y la posibilidad equitativa de intervención en todos los ámbitos, en particular en los llamados “procesos y ámbitos participativos de discusión”.
En definitiva, en Uruguay contamos con reglas claras y con los elementos necesarios para que las diferentes áreas de las telecomunicaciones puedan desarrollarse con éxito y prosperidad. Para lograrlo es imprescindible tomar conciencia de lo importante que es actuar respetando y cumpliendo diligentemente con lo que la regulación dispone y que ello sea defendido a ultranza por quien le corresponda hacerlo, con iguales exigencias para todos los actores, no sobreprotegiendo sino buscando la eficacia y eficiencia de las empresas. Esto nos garantizará un país efectivamente transparente, promotor de la inversión y desarrollo en materia de telecomunicaciones lo que redundará en beneficio del bien común más sagrado de un país que es la sociedad.
CIFRAS
Telefonía móvil
Penetración: 135%
Participación de mercado: Antel 44% – Movistar 39% – Claro 17%
Telefonía fija:
Penetración: 29%
Participación de mercado: Antel 100%
Banda ancha Fija:
Participación de mercado: Antel 90% – Operadores privados 10%
Larga Distancia Internacional (entrante)
Participación de mercado: Antel 57% – Operadores privados 43%
Televisión cable:
Penetración: 37%.
Fuente: Por Ing. José Pedro Derrégibus, Presidente de la Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay en www.telesemana.com