Repasamos nota del Semanario Brecha del viernes 26 de agosto donde el Sindicato de Antel pide revocar todas las frecuencias de TV y que estas pasen a control del estado.
[Sutel pareció marcar otro eje de discrepancia con Gómez, referido a la visión del rol que debe tener Antel en el control de las políticas de telecomunicaciones. Para Molina, esa empresa pública tiene que tener un papel fuerte. En cuanto a la regulación de los canales de televisión, el dirigente considera que es necesario “retirar todos los permisos”, aunque pueden seguir “trasmitiendo porque nadie les va a cortar las ondas, pero es el Estado el que ordena la casa. Es el que tiene que defender sus herramientas, como Antel, para brindar servicios de telecomunicaciones”. En relación con la propiedad de la red de fibra óptica, la posición de Sutel es que “se le tiene que permitir a Antel ofrecer todos los servicios en forma monopólica”, dijo Molina. Fuentes cercanas al sector de la comunicación declararon a Brecha que Gómez “en ningún momento estaba planteando quitarle potencia o control estratégico de los recursos a Antel. De hecho él está de acuerdo con que la empresa pública sea la propietaria de la red de fibra óptica, pero también entiende que hay que establecer garantías, porque lo monopólico también debe ser controlado”.]
Recordamos también que la Coalición en el punto cuatro de su declaración de principios promovió en el CTC un sistema de medios con tres sectores en equilibrio
“Convivencia equitativa de tres tipos de medios de comunicación.
La reserva de porcentajes justos del espectro para todos los tipos de medios es una garantía de democracia. De esta manera los medios de comunicación comerciales, los públicos y los comunitarios tienen garantido su lugar y los ciudadanos asegurado su derecho de acceder y de emitir informaciones por aquellos que libremente crea conveniente hacerlo. “
Brecha, 26 de agosto de 2011
El relevo de Gustavo Gómez dispara debate sobre telecomunicaciones en la izquierda
Cables tensionados
Escrito por: Alejandra Corbo/Florencia Soria
Ley de medios, tevé digital, neutralidad de Internet, triple play, son términos que asoman al intentar desentrañar las causas del futuro relevo del director nacional de Telecomunicaciones, Gustavo Gómez. Los diferentes actores ensayan diversas hipótesis, pero parece quedar en evidencia cierta disputa entre Antel y Dinatel. Otra conclusión es que todavía no está claro en el gobierno quién debe definir las políticas de telecomunicación, de qué manera y con qué objetivos.
Cuando hace tres semanas se anunció que Gustavo Gómez, responsable de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) iba a ser removido de su cargo, la inquietud y el debate se expandieron entre las diferentes organizaciones sociales vinculadas a la comunicación. La semana pasada, la Coalición por una Comunicación Democrática (ccd) emitió una declaración en la que expresó su apoyo a Gómez por entender que “fomentó la transparencia, la participación y los criterios técnicos para la administración del espectro radioeléctrico, la regulación de los servicios de comunicación audiovisual y la generación de una política pública de telecomunicaciones, inexistente hasta el momento”. La Coalición (integrada por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (amarc), el Grupo Medios y Sociedad y la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, entre otros) lanzó también una campaña de recolección de firmas para evitar que se concrete la remoción.
Gabriel Kaplún, director de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y presidente del Comité Técnico Consultivo de Dinatel, dijo a Brecha que la destitución de Gómez genera preocupación por el futuro de los dos proyectos que él venía impulsando: el decreto para la digitalización de la televisión, y la ley de servicios de comunicación audiovisual. Sin embrago, desde el Ministerio de Industria se confirmó a Brecha que Gómez se mantendrá en su cargo hasta octubre para la concreción de estos proyectos.
La Asociación de Radios del Interior (rami) y la Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay también manifestaron su apoyo a la gestión de Gómez a pesar de las diferencias que mantuvieron en algunos puntos. Hasta ahora, sólo la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (cuta) y particularmente Cablevisión (grupo Clarín), han sido los que dejaron entrever algún malestar respecto a la política de Gómez. Les preocupa sobre todo el decreto que redactó y que fue aprobado el pasado 1 de julio, el cual libera parte del espectro gracias a la reducción de señales de Cablevisión (según publicó La Diaria, 19-VII-11).
ALINEAMIENTOS VARIADOS. El anuncio del relevo disparó variadas repercusiones en el FA y en el movimiento sindical. Las opiniones no son unánimes y en el caso de la izquierda parecen reflejar por ahora posturas más personales que sectoriales. Guzmán Pedreira, diputado del MPP e integrante de la Comisión de Transporte, Obras y Comunicaciones, evaluó como muy buena la gestión de Gómez, por lo que, según él “cae de sorpresa” la medida del Ministerio de Industria. Pedreira, que además es uno de los firmantes de la declaración de la ccd, reconoció a Brecha que “no existe un ámbito político de discusión del tema, entonces todos tenemos posiciones personales”. Por su parte, el senador socialista y ex ministro de Industria Daniel Martínez también admitió su asombro frente a la remoción de Gómez. Aseguró que está de acuerdo con él “en la esencia, en el concepto” de sus proyectos. Se refiere en especial al objetivo de establecer un marco regulatorio de los medios de comunicación, garantizando la diversidad y la libertad de expresión.
En esta misma línea –aunque quizá con un tono más enfático– declaró semanas atrás Juan Castillo, coordinador del PIT-CNT y dirigente del Partido Comunista. En ese momento Castillo dijo a La Diaria que siente “mucha preocupación” por la destitución de Gómez, a quien definió como “uno de los actores del gobierno referente en el tema medios de comunicación, de los que más han trabajado junto con los sindicatos y la propia central”. No obstante, el PIT-CNT no ha firmado aún la declaración.
Diversas fuentes del ámbito gremial consultadas por Brecha relataron que tras las palabras de Castillo se produjo la entrada a escena del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), que no tiene una postura tan afín a las políticas de Gómez. “En una primera instancia el PIT-CNT iba a firmar la declaración de la Coalición, pero después el presidente de Sutel habló con Juan Castillo y le dijo que prefería que no se metiera”, afirmó uno de los actores que ha participado de las discusiones. Estos movimientos dispararon una negociación en la que se habría acordado “que Sutel no iba a lanzar una declaración en contra de Gómez y el PIT-CNT no iba a firmar la declaración”. Otros actores del proceso creen en cambio que si no hubo un pronunciamiento es porque el secretario ejecutivo de la central no discutió formalmente el tema, pero la posición sería la misma.
Las discrepancias de Sutel con Gómez responderían a diferentes enfoques en cuanto a la regulación de las telecomunicaciones y de los servicios de comunicación audiovisual. Gabriel Molina, presidente de Sutel –y que al igual que Castillo milita en el pcu–, recordó que la Comisión de Telecomunicaciones del Frente Amplio, convocada por el presidente Mujica, viene trabajando en un único proyecto de telecomunicaciones. Molina, que representa al PIT-CNT en esta comisión, opinó que “tiene que haber una sola ley que abarque todo, porque en definitiva todo es una cosa sola: telecomunicaciones y medios”. Esta norma regularía todas las áreas de la comunicación y no sólo a los medios electrónicos, como propondría el anteproyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual promovido por Gómez.
Kaplún explicó a Brecha que cuando se comenzó el debate en el ctc para el diseño de este proyecto, se discutió expresamente su alcance. Sostuvo que Gómez propuso trabajar de modo diferente el área de los medios y el de las telecomunicaciones, y hubo acuerdo en el ctc de seguir esta línea, aunque teniendo en claro que “son dos áreas que hay que trabajar separadas pero muy coordinadas”.
Sutel pareció marcar otro eje de discrepancia con Gómez, referido a la visión del rol que debe tener Antel en el control de las políticas de telecomunicaciones. Para Molina, esa empresa pública tiene que tener un papel fuerte. En cuanto a la regulación de los canales de televisión, el dirigente considera que es necesario “retirar todos los permisos”, aunque pueden seguir “trasmitiendo porque nadie les va a cortar las ondas, pero es el Estado el que ordena la casa. Es el que tiene que defender sus herramientas, como Antel, para brindar servicios de telecomunicaciones”. En relación con la propiedad de la red de fibra óptica, la posición de Sutel es que “se le tiene que permitir a Antel ofrecer todos los servicios en forma monopólica”, dijo Molina. Fuentes cercanas al sector de la comunicación declararon a Brecha que Gómez “en ningún momento estaba planteando quitarle potencia o control estratégico de los recursos a Antel. De hecho él está de acuerdo con que la empresa pública sea la propietaria de la red de fibra óptica, pero también entiende que hay que establecer garantías, porque lo monopólico también debe ser controlado”.
En cuanto a los operadores de radio y televisión, Gómez mostró un perfil más articulador. Su idea era comenzar a diseñar reglas claras y parejas para todos los actores (los actuales y los nuevos). De hecho en el proyecto de decreto para la tevé digital que se está diseñando se están estableciendo contraprestaciones, contratos, plazos en las adjudicaciones, pero sin afectar las inversiones realizadas por los permisarios actuales.
DIFERENCIAS ENTRE LOS “TEL”. Las discrepancias entre la presidenta de Antel, Carolina Cosse, y Gómez aparecen también como otra de las causas que motivaron el relevo, según coinciden los diversos actores consultados. La importancia de esta razón se vio acrecentada por las explicaciones que dio el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, para la remoción de Gómez, aludiendo a “diferencias en el método de trabajo”.
Rubén Hernández, dirigente de APU e integrante del MPP, aseguró que “Cosse quiere el poder absoluto; hay un tema de omnipresencia: ella tiene su propia Dinatel dentro de Antel”.
Es innegable el rol estratégico de la empresa pública y de su importante infraestructura en el futuro de las telecomunicaciones (en especial como prestadora, ejecutora y punta de lanza para la democratización en el acceso a las nuevas tecnologías). Sin embargo, el gobierno a través de la ley de presupuesto nacional potencia las atribuciones de la Dinatel, una oficina que fue quitada de la órbita del Ministerio de Defensa y que el FA siempre manifestó su intención de fortalecer. La norma presupuestal establece en su artículo 147 que “es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, la fijación de la política nacional de telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual”. Seguidamente, se aclara que esta tarea es competencia específica de la Dinatel. En el inciso 1 se establece que a esta repartición le compete “realizar propuestas y asesorar al Poder Ejecutivo en la fijación de la política nacional de telecomunicaciones y sus instrumentos, tales como formulación de proyectos de ley y decretos, en lo relacionado con el marco regulatorio del sector y, en general, en lo concerniente a la administración de recursos nacionales en materia de telecomunicaciones”.
No obstante, en diálogo con Brecha, Carolina Cosse puntualizó que no hay diferencias entre las políticas de telecomunicaciones de Antel y del Ministerio de Industria. “Opino con los hechos –aseguró Cosse– desde que asumí comenté que tenemos una visión común del rumbo de las telecomunicaciones con el señor ministro. Hemos trabajado a un ritmo más que semanal de coordinación y colaboración con el ministerio y es como creo que se debe continuar.” En cuanto al vínculo con Gómez, la presidenta dijo que era “profesionalmente respetuoso”, pero que no le correspondía comentar una decisión del miem. Por otro lado, resaltó la participación de Antel en el proceso de discusión de la ley de medios.
EL INMINENTE TRIPLE-PLAY. La semana pasada Antel renovó un convenio con tcc (perteneciente a Canal 10) y operadores privados del Interior, mediante el cual se ofrece un paquete de “triple play”, que incluye los servicios de tevé, telefonía e Internet (Búsqueda, 18-VIII-11). Fuentes cercanas a la Dinatel expresaron que ese es un ejemplo claro de un posicionamiento “autónomo” de Antel, que se hizo sin coordinar políticas con Gómez.
Sin embargo, Molina tiene otra visión. Argumentó que Antel ofreció hace años un acuerdo comercial a los tres canales privados y el único que lo aceptó fue Canal 10: “El 4 y el 12 no quisieron porque estaba saliendo el acuerdo del Cardales y estaban esperando que les dieran un permiso para ofrecer a través de su infraestructura los datos, y dejarle a Antel la parte menos opulenta de las ganancias”.
Además de este convenio, las empresas renovaron un acuerdo mediante el cual Antel transporta las señales que digitaliza tcc a aquellos operadores que aún no cuentan con los medios para hacerlo por sí solos. Sobre este punto, Cosse explicó que el transporte de señales también se hace a otras operadoras, como Televisión Nacional. “Sería muy ineficiente, desde el punto de vista del país, que los operadores privados no aprovecharan la infraestructura que ya tiene instalada Antel. Tenemos una inversión muy grande hecha y continuamos con una mayor. Lo que hacen los operadores es contratar nuestra red de datos y Antel cobra por este servicio”, explicó.
NEUTRALIDAD. Otro de los aspectos en discusión en cuanto a las políticas de telecomunicación refiere a la regulación de la banda ancha que llega a los hogares. Una de las líneas de un debate que promete abrirse en el futuro gira en torno a la neutralidad o no de la red. En la declaración que realizó la Coalición se establece que Gómez ha impulsado una política de “neutralidad en la regulación de Internet”. Las organizaciones consideran que “es necesario que todos los uruguayos sepamos cuál es la política de Estado para Internet y banda ancha, un derecho humano ya consagrado en muchas legislaciones”. Entienden que Antel tiene un rol central pero “no exclusivo” en este proceso, por lo cual debe “articularse de modo coherente con el conjunto de las políticas de comunicación y debatirse en forma pública y transparente”.
La neutralidad de la red implica la igualdad al acceso de todos los contenidos sin que ningún proveedor de Internet pueda favorecer, estimular o hasta censurar el acceso de algunos de ellos en detrimento de otros, especialmente en función de sus acuerdos comerciales. Cosse dijo a Brecha que este tema “no está en la agenda de Antel”.
La discusión sobre la neutralidad de la red –apenas instalada en Uruguay– ya comenzó en otras partes del mundo. Actualmente, el tema está siendo sometido a consulta pública en la Unión Europea y en base a ella se definirán cuáles serán los lineamientos generales para los países que la integran. Chile es el pionero en este campo. En julio de este año el Congreso legisló la neutralidad de la red al aprobarse la igualdad de todos los bits así como la prohibición al bloqueo de algunos contenidos por los proveedores.
Uruguay está avanzando hacia grandes cambios tecnológicos en la comunicación: instalación de fibra óptica en el hogar, convergencia tecnológica y digital, digitalización de la televisión, entre otros. Los posicionamientos no lucen unánimes en el gobierno, pero tampoco parece advertirse una discusión profunda en el Frente Amplio (ni un consenso) sobre quién debe liderar la conducción de los procesos. El futuro relevo de Gómez no ha hecho más que revelar la escasez de debate en el seno de la izquierda, pero también en la sociedad toda. En el sector intervienen actores e intereses múltiples, por lo cual la existencia de una línea consolidada y sin fisuras parece esencial para el éxito de una política nacional de telecomunicaciones de largo aliento.
Tendido de fibra óptica
La llegada a casa
Mientras Antel avanza con su proyecto de Fibra al Hogar, Movistar y Claro ya cuentan con la autorización para desplegar fibra óptica. Según informó Búsqueda el pasado 18 de agosto, el decreto firmado por el presidente José Mujica el pasado 9 de agosto autoriza a ambas multinacionales a tender ductos y fibra óptica. Este era un reclamo que las empresas hacían hace años, pero hay un punto para nada menor: la norma establece que únicamente cuentan con el permiso para “la prestación de servicios de telecomunicaciones autorizados por las licencias correspondientes”.
El presidente de Sutel, Gabriel Molina, entiende que el objetivo último de estas empresas es competir con Antel por el adsl. Pero por el momento no es viable esa competencia, porque “no tienen permiso para hacerlo, para eso necesitan que la Ursec las autorice a brindar datos”, señaló. El sindicato, por ende, no ve como un peligro para Antel la aprobación de este decreto, y entiende que el Estado no puede prohibirle a las empresas que tiendan fibra óptica. Sutel se muestra firme en la exigencia a la Ursec de que no acceda a otorgar esos permisos, ya que “Antel es la única que les asegura a los uruguayos acceder a todos los servicios de una empresa pública en comunicaciones. Los privados desde el momento que monopolizan y controlan los servicios que brindan, los empiezan a cobrar y después los va a tener solamente el que los pueda pagar”, sentenció Molina.
Por su parte, Antel continúa con su proyecto de llegar a todos los hogares con la llamada “Fiber to the home” (ftth ) o “Fibra al hogar”, un avance que permitirá a los usuarios recibir contenidos audiovisuales más “pesados” a través de Internet. Es el paso previo a la llegada de paquetes multimedia que se transformarían en competencia para las compañías de cable. El proceso es largo y cuenta con varias etapas, según explicó a Brecha la presidenta de Antel, Carolina Cosse. Argumentó que “no es algo automático, no se puede llegar mágicamente con una fibra óptica”. El proyecto comenzó a desarrollarse en los barrios Carrasco y Malvín por ser los que cuentan con mayor concentración de población. Es en estas zonas donde se espera tener a los primeros hogares conectados para octubre, mientras simultáneamente se avanza en el resto de Montevideo y algunas ciudades del Interior.
Para Cosse, el reciente decreto que habilita a las multinacionales a tender fibra óptica no representa un problema porque se trata de proyectos distintos.
Fuente: Semanario Brecha.
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Walter Sena
Grupo Medios y Sociedad [GMS]
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